La primera denuncia provino de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri. Varios contratistas privados que han ganado concursos para hacer obras con el Municipio son extorsionados por las bandas criminales.

“Les deben pagar a los delincuentes del área para que los dejen trabajar, de lo contrario los asaltan o los matan”, aseguró Viteri, quien incluso dijo que “ya hemos tenido obreros asesinados”.

Las extorsiones o “vacunas” son mensuales y pueden alcanzar hasta los USD 10.000, según la alcaldesa.  

En el primer trimestre de este año, las denuncias de extorsión en la Fiscalía ya alcanzaron el 40% de los casos registrados en 2021. En total se han realizado 1.018 denuncias hasta marzo de 2022. 

Desde 2019, suman 7.501 denuncias por el delito de extorsión que ha conocido la Fiscalía.  Pichincha es la provincia con más casos (1.891), seguido de Guayas (1.792) y Azuay (574).

Carlos Loaiza, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Ecuador, cree que se debe a que “la mayor cantidad de oficinas y trámites del sector público se concentra en Quito y en Azuay, por estar en la Sierra centro”. Pero la mayor preocupación de los empresarios es que ya tienen “reportes de amenazas y de extorsión por parte de la delincuencia”, dice Loaiza.

Aunque no los tienen contabilizados, los reportes de negocios bajo amenaza llegan de cantones pequeños de la Costa con influencia en los puertos, como Naranjal, Quevedo, Babahoyo, Milagro o incluso Santo Domingo.

"Algunos negocios han reportado extorsiones con valores mensuales de entre USD 1.500 y USD 2.000". La inseguridad ha comenzado a impactar en el desarrollo de los negocios. “Ha restringido la capacidad de horarios de atención, porque no hay personas que estén consumiendo, sobre todo en los lugares donde está existe el estado de excepción”, explica Loaiza.

Los delincuentes no apuntan a un tipo de negocio específico. Los más afectados al momento son los que están cerca de los puertos o de las zonas donde operan distintas bandas delictivas, y que también son rutas del tráfico de drogas.

"La Policía y el Ministerio del Interior están al tanto de estos temas y sería fundamental tener respuestas concretas, sobre todo para proteger a quienes están siendo amenazados", sugiere Carlos Loaiza.

Las cámaras han mantenido reuniones con las autoridades encargadas de la seguridad nacional y han solicitado una cita con el ministro del Interior, Patricio Carrillo, para analizar el problema.

La inseguridad impacta en la confianza, en el desarrollo, la inversión y en el consumo de los negocios, asegura Loaiza.

Las extorsiones a negocios también son una consecuencia de la proliferación de bandas menores, llamadas 'microbandas', que no tienen el poder económico de las grandes o medianas organizaciones, por lo que cometen otros delitos como el robo y las extorsiones.

Fuente: Primicias.