Guadalupe Llori, asambleísta de Pachakutik, se salvó de ser destituida de su curul por supuestos cobros de diezmos a sus colaboradores, conforme a una denuncia del correísmo, este miércoles 23 de noviembre del 2022. Sin embargo, enfrentará otra investigación.
La moción necesitaba de 92 votos para ser aprobada, pero alcanzó 82 provenientes, en su mayoría, del correísmo, el Partido Social Cristiano (PSC), parte de la Izquierda Democrática (ID) y asambleístas de Pachakutik críticos a su gestión.
También hubo 14 votos en contra y 20 abstenciones, en su mayoría del oficialismo y los asambleístas orgánicos de Pachakutik.
La sesión fue suspendida por el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), quien dejó en suspenso una nueva votación, tras un pedido de reconsideración.
En sus descargos, Llori aseguró que nunca dispuso a sus colaboradores que con sus salarios costeen el alquiler de un carro de alta gama para su movilización mientras ocupaba la Presidencia de la Asamblea, como lo denunció la correísta Johanna Ortiz.
Llori aseguró que todo se trata de una persecución política del correísmo, que junto al PSC y sus aliados la removió de la primera dignidad del Parlamento el 31 de mayo pasado, por supuesto incumplimiento de funciones.
Desde el correísmo, Johana Ortiz, quien denunció a Llori, exhibió en el Pleno fotografías sobre el vehículo en el área de parqueo reservada para las autoridades del Parlamento y facturas sobre el alquiler del mismo a nombre de servidores legislativos.
Señaló que entre los afectados estuvo la exadministradora General, Gloria Larenas, quien habría señalado que recibió la instrucción de Llori de que no estaba dispuesta a movilizarse en un carro de menor gama al que usa el Presidente de la República.
El informe del Comité de Ética fue defendido por Luisa González (Unes), Majorie Chávez (PSC) y Dalton Bacigalupo (ID), tres de los cinco integrantes de este organismo que recomendaron al Pleno la destitución de Llori.
El presidente del Comité, José Chimbo (PK), se abstuvo y el oficialista Freddy Rojas no intervino en el debate.
En defensa de Llori salieron el coordinador de la bancada de Pachakutik, Salvador Quishpe, y otros como Ricardo Vanegas, Salvador Quihspe, Marcelino Chumpi y Rafael Lucero. “¿Dónde están las pruebas?”, preguntaron varias veces.
Lucero agregó que no se presentaron audios, videos ni cuentas de depósitos que inculpen a Llori, como ocurrió en el caso de la exvicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez (ID), quien fue destituida el año pasado por cobros indebidos a sus colaboradores. “Es un show político”, dijo.
El hecho de que Bacigalupo aludiera a otra investigación que arrancó el Comité en contra de Llori, por supuesta gestión de cargos públicos, fue catalogado de “prevaricato” por Salvador Quishpe (PK), quien la defendió. “¿Dónde queda la ética de un juez, de un juzgador?”, increpó.
El ahora asambleísta independiente Bruno Segovia reclamó a sus excompañeros del bloque de Pachakutik, a quienes los acusó de “defender lo indefendible” y apeló a la decencia. “No se puede tapar el sol con el dedo”, dijo.
La asambleísta Gisella Molina salió al paso de esos señalamientos y aludió a que Segovia enfrenta un juicio de alimentos. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), reprendió a la legisladora por convertir su intervención en un “sainete”. Ella dijo que en su condición de veterinaria puede instruir a los asambleístas.
El Comité de Ética, mientras tanto, avocó conocimiento de una nueva denuncia, calificada y admitida por el Consejo de Administración Legislativa, presentada por el legislador Bruno Segovia en contra de la asambleísta Guadalupe Llori Abarca por presuntamente haber gestionado cargos públicos y tráfico de influencias.
Según Bruno Segovia, la expresidenta de la Función Legislativa habría incidido en el nombramiento de varias autoridades de la provincia de Orellana. De acuerdo con el numeral 3 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa las y los asambleístas no podrán gestionar nombramientos de cargos públicos.
Una vez que avocó conocimiento, el Comité de Ética, en un plazo de tres días notificará a las partes para que presenten las pruebas de cargo y descargo dentro de los siguientes diez días, contados desde la fecha de recepción de la notificación.
Fuente: El Comercio.
