Prefiere no decirle a su esposa que está enfermo, aunque le resulta difícil ocultarlo cuando envía sus fotografías. Ha perdido peso, la palidez cubre su rostro y se muestra desgarbado en una silla, en la estrecha celda que comparte con otros 10 internos.
También se lo ve nervioso, pese a que se esfuerza por mostrar una tenue sonrisa. Hace unos días intentaron entrar a la fuerza a su pabellón, rompiendo las paredes, durante el último altercado dentro de la Penitenciaría del Litoral.
“Siempre me dice que está bien (cuenta Andrea, esposa del reo). Yo creo que no quiere preocuparme”. Es viernes y afuera de la cárcel más grande del Ecuador, unas cuantas mujeres ruegan por información sobre sus familiares.
Las visitas se suspendieron hace meses. Tampoco receptan medicinas ni otros enseres que eran permitidos, antes de que las riñas entre bandas se tomaran ese centro de rehabilitación social.
“Adentro no hay nada -dice Andrea-; la comida es pésima, por eso se enferman. Y cuando se enferman, no hay medicina y por todo hay que pagar”.
A ella le pedían USD 15 diarios para que su esposo tuviera un poco de ‘seguridad’ y pudiera usar ‘la cabina’ (un teléfono celular). La tarifa subía si necesitaba algún medicamento básico o ir al dispensario. Pero los cobros se detuvieron hace un par de semanas, justo después de una fuga en ese pabellón.
El acceso a los servicios médicos que se ubican dentro de las prisiones ya era complicado para las personas privadas de la libertad, incluso antes de que la violencia se tomara el sistema carcelario.
En Guayaquil han fijado tarifas para salir de la celda al centro de salud. Los familiares llevan medicinas una vez por semana, con los datos de cada reo, aunque muchas veces no las reciben. Esta es una de las debilidades ligadas al hacinamiento. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) registraba hasta octubre pasado 33 337 internos. Los 36 centros de detención de Ecuador tienen capacidad para 30 100.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó, entre enero y agosto de 2022, casi 74 000 atenciones en las cárceles del Ecuador. Entre las 10 principales causas de consulta están las caries y el resfriado común. Otros diagnósticos frecuentes son faringitis, infecciones de las vías urinarias, gastritis y gastroenteritis.
Las enfermedades crónicas no aparecen en este listado, pese a que son prevalentes en el Ecuador. Además, hay pedidos recurrentes de familiares por tratamientos para hipertensión y diabetes.
El MSP solo facilitó datos relacionados con la atención de casos de VIH; 97 hasta agosto pasado.
Y las atenciones por casos de tuberculosis fueron 167. El hijo de Edith padece esta enfermedad. La bacteria atacó sus pulmones pocos meses después de su ingreso a la Penitenciaría, donde cumple una condena de 10 años. Perdió tanto peso que cuando pudo verlo casi no lo reconocía. “He insistido para que pueda entrar la medicación que le compro, pero ni eso me permiten. Adentro no les dan tratamiento”, se lamenta.
Alberto (nombre protegido) pidió auxilio a su familia. Su estómago no lograba contener la poca apetitosa comida que reciben en la Penitenciaría y solo cuando se desmayó fue trasladado al policlínico del lugar.
Su cuadro era grave. Fue operado de urgencia en un hospital público por una peritonitis y pasaron semanas para que sus hijos conocieran el diagnóstico.
Alberto es diabético, por lo que su recuperación fue aún más lenta. Además, el día de su detención fue tan golpeado que perdió la movilidad de un brazo.
Cuando supieron de su cirugía, reunieron dinero para comprar sus medicamentos, pero ingresarlos no fue fácil. Debían pagar a un guía para meter los fármacos.
Acudieron entonces al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que los ayudó y en agosto, el Tribunal Constitucional dispuso su valoración médica y que reciba el tratamiento pertinente.
Fuente: El Comercio.
