Locales

El Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador informó que el brote de gripe en aves no representa un problema de salud y de contagio en seres humanos.

Por lo tal, la Cartera de Estado aseguró este lunes 28 de noviembre de 2022 que la producción y suministro de productos avícolas de calidad están garantizados para la población y consumo humano.

En ese sentido ratificaron que la influenza aviar tampoco representa un riesgo para la salud de quienes consumen proteína animal: carne de pollo y huevos.

Asimismo, aseguró que la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), entidad adscrita al Ministerio de Ganadería (MAG); el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (Inspi) coordinan acciones para reforzar las medidas de bioseguridad en la granja que se detectó el brote de influenza aviar, en Cotopaxi.

El Ministerio también dijo que un equipo técnico realizó una toma de muestras en las aves de la granja y se enviaron al Inspi para su genotipificación y así determinar el tipo y subtipo de variante de influenza aviar detectada.

Tras el descubrimiento del brote, técnicos de Agrocalidad y del MAG, junto al sector avicultor, activaron el cerco epidemiológico, así como los protocolos establecidos en el Plan Nacional de Contingencia de Influenza Aviar.

El MSP mantiene la vigilancia y activos los protocolos de covid-19, influenza y otros virus respiratorios para los trabajadores de la zona avícola de Cotopaxi.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería pide mantener la calma y realizar sus actividades regulares, extremando las medidas de bioseguridad e higiene respiratoria.

Fuente: El Comercio.

Cuatro militares fueron sancionados por el ingreso de Miguel Ángel Nazareno, conocido como 'Don Naza', a las instalaciones del Ministerio de Defensa. Este hecho se conoció este lunes 28 de noviembre del 2022. 

El 7 de abril del 2022, Don Naza, quien era propietario de una presunta captadora ilegal de dinero, vulneró las medidas de seguridad del complejo ministerial. Según los videos de las cámaras de seguridad habría ingresado por la parte posterior de esas instalaciones.  

En ese entonces, el Ejército ecuatoriano anunció la apertura de una investigación interna para determinar responsabilidades en ese hecho.

Tras realizar un proceso disciplinario se sancionó a cuatro uniformados. El Comercio tuvo acceso a un informe donde consta las acciones ejecutadas por el Ejército. 

En primer lugar, se sancionó a un coronel. Se le impuso tres días de arresto y pidió la baja de la institución castrense. El segundo es un suboficial que también fue arrestado y presentó la disponibilidad de su cargo en mayo pasado. Actualmente está en trámite su salida del Ejército.

Los otros dos son sargentos. Uno de ellos pidió la baja de la institución y el otro estuvo arrestado por ocho días en julio de este año y él aún sigue en servicio activo. 

Arresto simple: Es la prohibición de ausentarse o salir de su unidad militar por el tiempo determinado como sanción, pero tendrá que seguir cumpliendo sus funciones.  

Arresto de rigor: Se trata de la imposibilidad de abandonar una habitación asignada para cumplir el arresto dentro de la unidad militar. Además, durante el tiempo determinado como sanción no podrá cumplir ninguna función.   

Don Naza fue hallado sin vida en Quito, en la vía a Pasochoa, el 14 de abril del 2022. Por ese caso la Fiscalía procesó a cinco sospechosos por el presunto delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte. 

El pasado 25 de noviembre se instaló en el Complejo Judicial Sur de Quito, la audiencia preparatoria de juicio contra los cinco sospechosos. 

Según Fiscalía, en esa audiencia se expusieron más de 40 evidencias contra los implicados y la entidad investigadora pidió que se llame a juicio a las cinco personas.

Mañana (29 de noviembre del 2022), a las 16:00, está previsto que el juez de este caso dé a conocer su resolución.

Fuente: El Comercio.

En Manta los médicos del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) salvaron la vida de una bebé que nació con los intestinos fuera de su cavidad abdominal.

La bebé nació con una malformación conocida como gastrosquisis, informaron los médicos, el lunes 28 de noviembre del 2022.

La menor que fue salvada, nació el 19 de octubre y luego de confirmar el estado de la pequeña el IESS ha hecho público su caso para destacar la labor de los médicos.

Los casos de gastrosquisis en el Ecuador se presentan uno en cada 10 000 recién nacidos y se los detectan con ecografías prenatales en los controles periódicos que mantienen las embarazadas.

“Es el primer caso de gastrosquisis que tenemos en nuestro hospital, esta patología se la atiende en hospitales de tercer nivel, pero por la emergencia tuvimos que resolver con nuestro personal pese a que el IESS Manta es de segundo nivel”, dijo Ibelice Zambrano, coordinadora del Área de Neonatología.

Un equipo multidisciplinario comandado por el cirujano pediatra, Javier Ortiz, e integrado por neonatólogos y anestesiólogos, ejecutó con éxito la intervención quirúrgica logrando introducir a la cavidad abdominal los intestinos de la paciente, quien ahora, a sus 38 días de nacida, goza de buena salud

“La paciente nació en ginecología, al siguiente día luego de coordinar con los equipos de neonatología y anestesiología, se decidió intervenir a la recién nacida; la cirugía duró 40 minutos”, manifestó Javier Ortiz, cirujano pediatra.

Dana L., madre de la bebé, agradeció al personal médico y a las autoridades del hospital por haber salvado la vida de su hija.

Fuente: El Comercio.

Varias organizaciones de Derechos Humanos se hicieron eco en redes sociales para destacar que la Corte Constitucional (CC) suspendió la vigencia del artículo 19 de la Ley Orgánica que Regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación, hasta que la acción de inconstitucionalidad sea resuelta.

“Decisión importante de la CC en defensa de derechos de mujeres y niñas sobrevivientes de violación, especialmente para aquellas que viven en zonas rurales como Galápagos. Desde hoy, acceso a la interrupción voluntaria del embarazo sin requisitos”, destacó en un tuit el colectivo Magma Galápagos.

La organización feminista Surkuna enfatizó en su Twitter que “las sobrevivientes de violación podrán acceder a la interrupción voluntaria del embarazo sin requisitos que obstaculicen este derecho”. Expuso que exigir una denuncia, una declaración juramentada o un examen médico juramentado para acceder a un aborto por violación, pone la carga de la detección de la violencia sexual en las víctimas, las expone a riesgos e irrespeta sus tiempos.

El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) y la Clínica Jurídica Feminista también resaltaron en sus redes que “ya no existen (por ahora) requisitos para acceder al aborto en casos de violación”.

Las reacciones se deben a que el artículo 19, de la ley vigente desde el 29 de abril de 2022, establecía los requisitos para acceder a un aborto en casos de violación. Pero el colectivo Magma y otras accionantes presentaron una acción de inconstitucionalidad por el fondo en contra del artículo y solicitaron suspender de forma provisional la norma impugnada.

El 11 de noviembre el Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte, conformado por los jueces Karla Andrade, Alejandra Cárdenas y Richard Ortiz, resolvió admitir a trámite la acción de inconstitucionalidad del caso 76-22- IN.  También concedió la medida cautelar que suspende la vigencia del artículo 19. Y dispuso la acumulación de la causa a otras demandas con identidad de objeto y acción. La admisión de hizo pública el 28 de noviembre.

El artículo 19 determina que se permitirá la práctica del aborto consentido en caso de violación, únicamente si se cumple uno de los siguientes requisitos:

a) Que la víctima o cualquier persona que conociere del hecho hubiere presentado la correspondiente denuncia para la investigación y sanción del delito de violación y otros delitos conexos, salvo el caso de mujeres con discapacidad mental;

b) Que se hubiere suscrito por parte de la víctima, una declaración juramentada. En el caso de menores de edad, la declaración podrá suscribirla su representante legal o quien ejerza un rol de cuidado, salvo que fuere identificado como agresor por parte de la solicitante; o,

c) Que se practique examen de salud por parte del médico tratante o el médico legista, según sea el caso, en el cual, bajo juramento, se certifique que la solicitante presenta serios indicios de haber sido víctima de violación.

También establece que en todos los casos se requerirá la suscripción del consentimiento informado por parte de la víctima o de su representante legal. Además, que previo a la ejecución del procedimiento deberán practicarse los exámenes y profilaxis referidos en la Ley. Se deberá preservar posibles pruebas, evidencias o indicios sobre la existencia de violación para la correspondiente investigación y sanción del delito.

Las accionantes argumentaron a la CC que las mujeres no pueden cumplir con los requisitos establecidos debido a que existen, en el caso de las denuncias: Escasez de fiscalías especializadas en violencia de género y de funcionarios para receptar las denuncias; falta de condiciones de privacidad y estigmatización en las fiscalías; dificultad de acceder a los lugares para presentar denuncias, en caso de víctimas que viven en zonas rurales o remotas, como es el caso de Galápagos.

Con respecto al requisito de presentar una declaración juramentada, identificaron los siguientes riesgos: Escasez de notarías en el país y su ubicación concentrada en cabeceras cantonales, quedando inaccesibles para mujeres rurales y de zonas remotas; el costo en el que las víctimas deberían incurrir en las notarías; la revictimización en el proceso, por falta de funcionarios y lugares especializados.

El requisito de presentar un examen de salud, identificaron los riesgos de: Escasez de médicos legistas en el país y su concentración en cabeceras cantonales; el acceso al aborto podría ser restringido por la falta de marcas u otro tipo de evidencia física; estereotipos en cuanto a las víctimas de violencia sexual (falta de huellas defensivas, desgarros, etc.).

El Tribunal observó que entre las titulares del derecho en riesgo se encuentran niñas y adolescentes, quienes pertenecen a un grupo poblacional calificado por la Constitución como de atención prioritaria. “Todo lo cual permite apreciar que existe gravedad ante una posible vulneración de sus derechos en una ley que al estar vigente se está aplicando”, determinaron los Magistrados para suspender el artículo 19.

Fuente: El Comercio.