La Contraloría auditó el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 ‘Toda una vida’ y encontró que no hubo seguimiento de indicadores y metas gubernamentales. Apenas se cumplió el 42% de lo planificado. El 35% de las metas que se planteó el Gobierno del expresidente Lenín Moreno son imposibles de cuantificar, por lo tanto, su gestión en esas áreas no puede ser evaluada. Esto equivale a 199 acciones que formaron parte del Plan Nacional de Desarrollo denominado ‘Toda una vida’.

El plan tenía tres ejes: derechos, economía y sociedad; además de nueve objetivos y 149 metas específicas. De ellas, solo 88 tenían valores y proyecciones anuales, mientras que las otras 61 entraron en la categoría de “metas enunciativas”, que no se pueden medir.

Según un informe de auditoría de Contraloría, hubo también 130 (23%) indicadores que quedaron pendientes, porque se evalúan en periodos de tiempo que sobrepasan el plazo de entrega de los informes anuales, que deben presentarse cada mayo.

Para su evaluación, la Contraloría comparó las metas y cumplimientos entre 2017 y 2019 y determinó que solo se cumplió con el 42% de objetivos. Ya que las cifras del último año nunca fueron entregadas y los informes no existen.

La auditoría demuestra que, durante el gobierno de Moreno, la Secretaría de Planificación no realizó ningún seguimiento periódico del cumplimiento de las metas y objetivos del plan. Ni siquiera existió una metodología para hacerlo.

Así como tampoco emitieron alertas a las entidades que no estaban cumpliendo con sus indicadores. Por ejemplo, durante esos tres años de gestión hubo 25 metas del plan que permanecieron incumplidas, sin que ninguna autoridad tome medidas correctivas.

Tampoco hubo un control o verificación de los datos entregados por las entidades responsables del cumplimiento de las metas, no hubo informes técnicos ni información estadística.

Además, la Contraloría revisó las cifras presentadas en la "introducción al informe de gestión" presentado por el mismo expresidente. El informe de 110 hojas tiene inconsistencias y fue entregado el 28 de mayo.

Moreno dejó el poder el 24 de mayo sin rendir cuentas ante la Asamblea Nacional.

Las cifras reportadas por el expresidente no coinciden con los indicadores de su propio plan 'Toda una vida', por ejemplo:

• El número de bonos de protección familiar.
• La inversión en salud pública.
• Las dosis de vacunas contra el Covid-19.
• Inversiones en carreteras.
• Las cifras de presupuesto de seguridad, número de policías y de incautación de drogas.

Incluso con su plan estrella 'Casa para todos', la diferencia de inversión y viviendas entregadas es radical. Según Moreno, entregó aproximadamente 125.000 casas con una inversión cercana a USD 3.000 millones. Pero el plan cuenta una realidad diferente: se construyeron 2.406 viviendas y se entregaron recursos por USD 17 millones para la construcción de otras 1.970 en terrenos propios. La diferencia es de 120.624 casas.

No solo eso, el informe entregado con retraso por el exmandatario tiene cifras que no tienen respaldos y de las cuales "se desconoce la fuente oficial".

En total, de los 34 temas que describió Moreno en su rendición de cuentas, solo 14 coinciden con las cifras oficiales del Plan Nacional de Desarrollo, 16 no concuerdan y cinco no constan en ningún documento de la Secretaría de Planificación.

Fuente: Primicias.

A seis meses del pitazo inicial del Mundial de Qatar 2022, la FIFA publicó la lista de los árbitros que impartirán justicia en los 64 encuentros de la cita global.

En la lista de réferis no figura ni un solo ecuatoriano, ni en el apartado de árbitros centrales, ni en los asistentes y mucho menos en los del VAR.

En cuanto a los árbitros centrales, figura Raphael Claus de Brasil, Kevin Ortega de Perú, César Ramos de México, Fernando Rapallini de Argentina, Wilton Sampaio de Brasil, Facundo Tello de Argentina y Jesús Valenzuela de Venezuela como los representantes latinoamericanos.

Uno de los jueces más importantes de España también se encuentra en la lista, se trata de Antonio Mateu, que figura como, muy pocos, en un grupo de árbitros favoritos de España.

La Selección de Ecuador deberá enfrentar en la primera fase del Mundial de Qatar al anfitrión, Países Bajos y Senegal. Los hinchas están expectantes de lo que pueda hacer la Tricolor en la cita mundialista que se jugará entre noviembre y diciembre de 2022.

Éste será el cuarto Mundial en el que participe la Selección de Ecuador, anteriormente lo hizo en Corea y Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014.

Fuente: El Telégrafo.

El título de Licenciatura de Sociología y Ciencias Políticas está relacionado con la materia de economía, con lo que Rosa Guerrero Murgueytio fue habilitada a continuar como candidata a presidir la Superintendencia de Bancos.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió el 19 de mayo admitir la candidatura de Rosa Guerrero a ocupar este cargo, como lo propuso el presidente de la República, Guillermo Lasso, en su terna.

Guerrero encabeza la terna enviada por la función Ejecutiva y es actualmente la superintendenta de Bancos encargada, luego de que Ruth Arregui fue censurada y destituida por un juicio político sustanciado en la Asamblea Nacional.

Dicha terna también está compuesta por Raúl González Carrión y Doris Padilla Suquilanda.

El pasado 29 de abril, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana reconoció que había dudas alrededor de la nómina planteada por el mandatario, en relación con las postulaciones de Guerrero y Padilla, por lo que decidió consultar a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senescyt), antes de resolver su continuidad en el proceso de designación.

Dudas sobre cumplimiento de requisitos de Rosa Guerrero y Doris Padilla, candidatas a ocupar la Superintendencia de Bancos

En el caso de Guerrero se consultó si su título de licenciada en Sociología y Ciencias Políticas correspondía a ramas afines a los de economía o finanzas, como lo determina el Código Monetario y Financiero en su artículo 68 en el que se establece que entre los requisitos para ser superintendente se debe tener un título profesional de tercer nivel en economía, finanzas, administración, derecho o áreas relacionadas.

La Senescyt había respondido a esa solicitud concluyendo que sí son ramas afines, por lo que para el CPCCS la candidata sí cumple con el requisito legal, pues “corresponde a un área relacionada a la materia de economía, conforme el pronunciamiento de la Secretaría de Educación Superior, Ciencias, Tecnología e Innovación”. Con ello, se la admitió a continuar en la selección.

Ello se aprobó en la plenaria de este jueves, con los votos afirmativos de los consejeros de mayoría Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo; mientras que Sofía Almeida se abstuvo y David Rosero votó en contra, alegando que se está incumpliendo la ley, puesto que se requiere de títulos de tercer nivel en economía, finanzas y materias relacionadas.

Ulloa defendió la decisión y pidió no promover comentarios erróneos que afecten la transparencia de los procesos. “Se consultó a la Senescyt si el título de tercer nivel de Guerrero en Sociología y Ciencias Políticas era un área relacionada... Si la postulante número uno tiene un título de cuarto nivel en finanzas, es porque la Senescyt ha considerado que ser licenciada en Sociología es una materia relacionada, por lo que no insultemos a la inteligencia”, pidió Ulloa a Rosero y Almeida, que cuestionaron la decisión.

En tanto, sobre la postulante Padilla, el Consejo resolvió inadmitirla porque no cumple con el requisito de acreditar diez años de experiencia en el ejercicio de las áreas relacionadas para ocupar el cargo de superintendenta.

De acuerdo con el informe de admisibilidad, se observó que Padilla registra su título de tercer nivel en ingeniera en Contabilidad y Auditoría el 10 de febrero de 2013, por lo que su experiencia profesional es de 9 años y 3 meses.

Una vez que el Consejo aprobó el informe de admisibilidad de cumplimiento de requisitos, la selección de la nueva autoridad pasa a la etapa de impugnación ciudadana, en la cual, la ciudadanía o la sociedad civil puede objetar a los dos candidatos por incumplimiento de requisitos, falta de probidad o idoneidad.

La resolución aprobada este 19 de mayo en la plenaria del Consejo, señala que los postulantes Rosa Guerrero Murgueytio y Raúl González Carrión pasan a la etapa de impugnación ciudadana y se publicará en las próximas horas para que por los próximos cinco días la ciudadanía pueda objetarlos.

En el caso de ser impugnados, el Consejo deberá motivar si califican dichas objeciones; y, de aceptarse, se realizarán audiencias públicas para que las partes presenten sus pruebas de cargo y descargo.

Si Guerrero y González superan esta etapa, deberán presentar al pleno una propuesta de plan de trabajo para la Superintendencia de Bancos. Bajo ese fundamento, el pleno resolverá en el término de un día, a quién se escoge para ocupar esa función.

Si uno de los dos aspirantes es impugnado y descalificado, el Consejo deberá solicitar al presidente Guillermo Lasso que complete nuevamente la terna para reiniciar el proceso.

Fuente: El Comercio.

La tabla de pensiones es un derecho de protección económica destinado a las personas de la tercera edad que carecen de medios y recursos para su subsistencia o de aquellas que, por su condición física o mental, no pueden subsistir por sus propios medios, indicó la cartera. 

El enfoque de este instrumento se basa en la responsabilidad compartida por el cuidado y protección de la persona adulta mayor. Los hijos e incluso nietos son quienes, en primera instancia, deben dar cobertura a la pensión alimentaria mensual.  

El derecho se amplía al cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad si el juez considera aplicar una medida de protección, explicó el MIES. 

Mediante la tabla, juezas y jueces de la familia, niñez y adolescencia establecerán el monto de la pensión de alimentos mínima que puede solicitar la o el demandante.  

El cálculo de la pensión se realiza con base en el salario básico unificado 2022, establecido por el Ministerio de Trabajo, la inflación anual acumulada y acorde a los indicadores económicos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  

Por ejemplo, si el alimentante gana USD 830 tendría que pagar a la persona adulta mayor USD 242,86 (29,26% del ingreso) por concepto de pensión alimenticia. 

Adicionalmente, esta persona deberá pagar USD 52,61 (12,85% del SBU vigente) si la persona adulta mayor tiene discapacidad de grado muy grave; USD 43,10 (10,14% del SBU vigente) si la discapacidad es grave; y USD 35,32 (8,83% del SBU vigente) si es moderada.  

La tabla entró en vigencia a partir del Acuerdo Ministerial 021 emitido por el MIES el pasado 11 de abril de este año. 

El instrumento está compuesto por seis niveles, que determina el porcentaje que deberán pagar los alimentantes de acuerdo con sus ingresos y el número de personas adultas mayores.   

Fuente: El Comercio.

Las ecuatorianas Ariana Vilela y Karelys Simisterra alcanzaron el cupo para representar al país en el Mundial absoluto de voleibol playa que se realizará en Roma, Italia, del 9 al 19 de junio del 2022.

Es la primera vez que una dupla femenina ecuatoriana se clasifica de manera directa a un Mundial. Así lo confirmó el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE). 

Las tricolores lograron ubicarse entre las cinco primeras en la final del Circuito Sudamericano realizado en Brasil, con lo que acumularon los puntos suficientes para ubicarse en el cuarto lugar de la clasificación regional y clasificarse así al Mundial.

“Ecuador, por primera vez en la historia, clasifica de forma directa al mundial categoría absoluta en la rama femenina”, informó la Federación Ecuatoriana de Voleibol.

Vilela y Simisterra se destacaron en el Circuito Sudamericano en el Praia Clube, en Uberlândia, Brasil, donde el equipo local ganó en las ramas femenina y maculina. 

En la rama femenina el torneo finalizó de la siguiente manera: Brasil, Argentina, Chile y Paraguay; Ecuador entra por su posición en el escalafón de la Confederación Sudamericana de Voleibol, ya que Brasil liberará un cupo confirmó el COE en su página oficial.

“El país del continente que entre por el ranking mundial con un máximo de cuatro equipos no tiene derecho a utilizar el cupo en su continente”, explicó Leonardo Ojeda, entrenador de la selección nacional.

“En este caso Brasil tiene a sus cuatro equipos clasificados por el tour mundial y no va a utilizar el cupo por la Confederación Sudamericana. Los equipos que siguen en el ranking obtienen el cupo, en este caso Ecuador en femenino y Colombia en masculino”, añadió el técnico.

Fuente: El Comercio.

A bordo de una pick-up, un contingente policial bordea la desolada orilla del río Zarumilla, en la frontera entre Perú y Ecuador, en una estéril lucha contra los grupos mafiosos de la zona, porque los avances que logran de día se evaporan por la noche.

El grupo lo componen siete efectivos armados y se dirigen hacia algunas de las zonas más conflictivas para patrullar por los porosos pases clandestinos.

Allí, las bandas que cobran a los venezolanos que quieren atravesar la frontera construyen pasos improvisados en los alrededores del puente internacional. En su entorno, confluyen el tráfico de personas y el contrabando de gas, combustibles, armas, estupefacientes, entre otros.

La actividad policial es constante y, buen ejemplo, es la localidad fronteriza de Aguas Verdes, donde una operación binacional desarrollada a finales de abril ,con cerca de 600 efectivos y ayuda de maquinaria pesada, logró neutralizar una veintena de estos pasos artesanales, erigidos sobre el canal con maderas, cañas, neumáticos, sacos de arena, piedras o cemento.

Hoy, varios de estos puentes clandestinos lucen destruidos, pero hay otros que ya están a medio reconstruir, pues los criminales volvieron a la carga.

A la media hora de la caminata y apenas a unos pasos del río, los agentes ven a lo lejos un grupo de al menos siete adultos y cuatro niños venezolanos descansando bajo las ramas de un árbol.

La Policía sospecha que cruzaron desde las rudimentarias viviendas del lado ecuatoriano, ubicadas a escasos metros de la orilla, con la ayuda de los coyotes.

Al comienzo, los migrantes lo niegan. Pero su versión queda rápidamente refutada cuando dos encapuchados, ataviados con pasamontañas, se dejan entrever tras los barrotes de una casa del lado ecuatoriano. “Seguramente van armados”, comenta uno de los agentes, mientras el contingente da marcha atrás ante la imposibilidad de intervenirlos por estar en territorio extranjero.

Tras una breve negociación, el grupo de venezolanos acaba reconociendo que, efectivamente, pagó unos cien dólares a los coyotes, diez por persona, para poder cruzar y pisar tierra peruana.

Tensos, se limitan a seguir las instrucciones de la Policía, les entregan sus documentos y suben al patrullero que los llevará hasta la comisaría, ahí les harán firmar una constancia donde se notificará que están violando la ley migratoria peruana por haber entrado de manera irregular al país. Tras superar estos trámites burocráticos podrán seguir su camino.

El operativo continúa en otro punto fronterizo caliente, que hace solo unos días se manchó de sangre por un problema con los ‘cupos’, como se conoce al monto que las bandas obligan a pagar a los venezolanos. Al llegar, los agentes atrapan a cuatro hombres que cargan de un lado al otro baldes de combustible que rellenan en Ecuador, donde el precio es más barato.

La presencia en esta zona de las mafias dedicadas al contrabando y al tráfico irregular de personas no es ninguna novedad, pero durante la pandemia de la covid-19, que mantuvo cerrada la frontera desde marzo de 2020 hasta febrero de este año, los coyotes se fortalecieron y sus actividades se agudizaron.

“El crimen organizado ganó mucho terreno en el tema de pases clandestinos durante la pandemia. Definitivamente, se organizaron bien y ahí está el resultado (…). Si eran dos (pases ilegales), nacieron veinte”, explica el gerente regional de Desarrollo Social del Gobierno de Tumbes, Luis Alfonso Cerna.

Según cuenta el funcionario, los recientes operativos dieron cuenta de los altos niveles de organización de estas mafias “de nacionalidades mixtas”, que tienen “armas, logística y vehículos más sofisticados que la propia Policía”.

“Son fuertes y tienen sus negocios desde (la ciudad colombiana de) Cúcuta (en el límite con Venezuela). Cuando la frontera estaba cerrada, les cobraban duro (a los migrantes), los robaban sus documentos, su ropa, también había casos de violencia sexual basada en género”, coincide el jefe de la oficina de Tumbes de la Agencia de la Organización de naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, Rodrigo Valderrama.

La reapertura de la frontera de Perú con Ecuador alivió un poco esa tensión, pero el problema sigue en brasas y su fin no parece tener un horizonte cercano.

Los efectivos policiales volverán el día siguiente a tratar de controlar los pases ilegales que ya conocen y a buscar los nuevos puentes que los criminales continúan levantando en los bordes del río Zarumilla. Sin embargo, sus orillas seguirán atestiguando a diario esa incesante pugna entre la ley, la codicia y la necesidad.

Fuente: El Comercio.