El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 22 este martes 10 de junio de 2025, el cual amplía el plazo para la liquidación de la empresa pública TAME hasta el 31 de diciembre de 2025. La decisión responde a una solicitud del presidente del directorio de la aerolínea en liquidación, presentada el pasado 6 de junio.

Este fue el primer Decreto Ejecutivo que firmó el presidente Noboa este 10 de junio; el segundo firmado extiende por 30 días el estado de excepción en siete provincias y Quito.

TAME sigue su proceso de liquidación

La aerolínea TAME, que cesó sus operaciones en mayo de 2020, continúa en proceso de liquidación bajo supervisión estatal. A pesar de haber transcurrido más de cuatro años desde su cierre, aún quedan activos, pasivos y procesos jurídicos pendientes por resolver. El nuevo plazo fijado por Daniel Noboa permitirá completar estas acciones conforme a la normativa vigente.

El Decreto Ejecutivo suscrito por Noboa establece que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) facilitará la transferencia formal de todos los bienes, deudas y derechos litigiosos de TAME. Este proceso deberá realizarse mediante escritura pública y en observancia del Decreto Ejecutivo N.º 778, emitido en junio de 2023.

Una vez finalizada la transferencia, el Liquidador deberá cerrar todos los registros públicos relacionados con la empresa.

Esto incluye el Registro Único de Contribuyentes (RUC), el Registro Único de Proveedores (RUP), el número patronal, cuentas bancarias estatales y cualquier otro registro institucional.

El liquidador seguirá representando a TAME hasta culminar con todos los cierres administrativos.

Fuente: El Comercio

El Pleno de la Asamblea aprobó la tarde de este martes 10 de junio de 2025 el proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia.

La Comisión de Seguridad presentó los últimos cambios al proyecto, tras el segundo debate que se realizó el pasado 3 de junio.

Los puntos polémicos de la Ley de Inteligencia y la explicación de ADN en el Pleno de la Asamblea

El segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia se desarrolló el pasado 3 de junio en el Pleno de la Asamblea.

Este martes, la Comisión de Seguridad debía presentar los últimos ajustes realizados tras el segundo debate y someter a votación.

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, instaló la sesión del Pleno de la Asamblea y, tras la intervención del Secretario General, dio la palabra a Inés Alarcón (ADN), presidenta de la Comisión de Seguridad.

Cuestionamientos

Ante los cuestionamientos del Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento del correísmo Revolución Ciudadana (RC), Alarcón negó que exista vulneración de derechos constitucionales como la confidencialidad y la reserva.

La Presidenta de la Comisión de Seguridad manifestó que la ley respeta la Constitución y permite anticipar eventos en contra del Estado con un sistema de inteligencia moderno.

Alarcón aseguró que no se elimina el control sobre las acciones de inteligencia, se mantiene el control parlamentario especializado y se adapta a estándares internacionales.

Sobre gastos especiales, la asambleísta de ADN indicó que la Contraloría es la única autoridad competente para el control de los recursos públicos y aclaró que la responsabilidad penal y administrativa no desaparecen con esta ley.

Respecto a la información que proporcionen las operadoras telefónicas, Alarcón sostuvo que no existirá una intervención excesiva en las telecomunicaciones y no puede ser discrecional.

Exige una solicitud previa debidamente justificada, inserta disposiciones constitucionales que son de obligatorio cumplimiento.

Además, exige intervención y autorización judicial, previa la afectación de la correspondencia de las comunicaciones.

Alarcón señaló que la ley permite mapear y rastrear al crimen organizado y así darle una herramienta adicional al Estado

Limitaciones

Inés Alarcón expresó que la ley no obliga a periodistas o profesionales a revelar sus fuentes e insistió en que la Ley protege los derechos establecidos en la Constitución.

La ley establece los límites del Sistema Nacional de Inteligencia, que no puede interferir en documentos de información privada, mucho menos si provienen de actividades lícitas.

Alarcón se refirió a las actividades que realizan periodistas, abogados o médicos.

La asambleísta del oficialismo sostuvo que la ley se crea para la generación de inteligencia y contrainteligencia, no para perseguir a nadie.

Finalmente, Alarcón destacó otra limintación: que la información será utilizada exclusivamente para inteligencia y contrainteligencia.

Esta información será excluida de su uso como prueba de procesos judiciales, administrativos o disciplinarios.

Votación del proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia en la Asamblea

De 150 asambleístas presentes, 77 votaron a favor, 66 en contra y siete se abstuvieron.

Fuente: El Comercio

La Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron un allanamiento la mañana de este martes, 10 de junio de 2025, en Quito, como parte de una investigación por supuesto delito de concusión. El procedimiento se realizó con el objetivo de recabar indicios dentro de una denuncia presentada contra una jueza de primer nivel.

De acuerdo con el parte oficial, la magistrada habría exigido beneficios económicos y muebles de alto valor a cambio de emitir decisiones favorables en un juicio tramitado en su juzgado.

La causa fue registrada bajo la etiqueta de caso Mueble Fino por los investigadores, debido al tipo de objetos que supuestamente solicitó.

¿Quién es Nubia Vera y qué relación tiene con Verónica Abad?

La jueza señalada, Nubia Vera, aceptó en diciembre de 2023 a trámite una acción de protección que presentó la entonces vicepresidenta Verónica Abad. Ese recurso legal surgió en medio de una disputa de competencias entre la Presidencia y la Vicepresidencia.

En esa ocasión, Vera calificó el recurso de Abad y dispuso medidas cautelares a su favor, en un contexto político de alta tensión entre ambas autoridades del Ejecutivo. No obstante, el proceso no prosperó tras ser apelado.

¿Qué es la concusión?

El artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador tipifica la concusión como un delito. Se configura cuando un servidor público, abusando de su cargo, exige pagos, contribuciones o dádivas que no le correspondan. La pena va de tres a cinco años de privación de libertad.

En este caso, la Fiscalía investiga si la jueza Vera habría incurrido en esta conducta al presuntamente pedir dinero y bienes para emitir un fallo judicial favorable. La investigación se encuentra en fase previa y no se han formulado cargos hasta el momento.

Fuente: El Comercio 

El Gobierno de Ecuador —a través de la vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo— destacó la tendencia a la baja del riesgo país. Resaltó que este descenso refleja la mejora en la imagen del país en el extranjero.

En la última semana, el indicador pasó de 1 081 puntos a 942. Jaramillo señaló que esta reducción evidencia una mayor confianza de los mercados internacionales, lo que facilita el acceso a financiamiento externo con tasas más bajas y mejora el perfil de Ecuador como destino de inversión.

 Una disminución del riesgo país es importante porque refleja una mayor confianza de los inversionistas internacionales en la estabilidad económica y política del Ecuador. Además, indica que el Gobierno y las empresas ecuatorianas pueden acceder a financiamiento externo a tasas de interés más bajas. Es decir, el costo del endeudamiento será menor.

Esto es clave para un país como Ecuador, que depende en gran medida del crédito externo para financiar su presupuesto y proyectos de inversión pública. Además, mejora la percepción general en los mercados financieros, facilitando la atracción de inversión extranjera directa, una de las principales debilidades actuales.

Por otro lado, un menor riesgo país puede generar efectos positivos en la economía interna. Al reducirse el costo del financiamiento, tanto el sector público como el privado pueden invertir más en infraestructura, servicios y producción, lo que impulsará el crecimiento económico y la generación de empleo adecuado.

Sin embargo, el riesgo país de Ecuador aún es alto en comparación con sus vecinos. Según Bloomberg, Colombia tiene aproximadamente 369 puntos, frente a unos 330 en abril. En el caso de Perú, el índice bordea los 180 puntos, según el mismo análisis de Bloomberg. Estas naciones acceden a préstamos en mejores condiciones.

Esto significa que la tarea del Gobierno ecuatoriano es implementar políticas que aseguren la estabilidad económica, tributaria y jurídica. Si se logra, la tendencia a la baja del riesgo país se mantendrá.

Este objetivo es imperativo, ya que Ecuador necesita buscar financiamiento en el mercado de bonos debido al vencimiento de obligaciones externas y a un déficit fiscal persistente. Aunque el país logró cubrir parte de sus necesidades para 2025, a partir de 2026 enfrentará pagos más abultados de deuda externa. Eso hace indispensable acceder a nuevas fuentes de crédito.

Se prevé que Ecuador regrese al mercado de bonos internacionales y se espera que lo haga con el respaldo de organismos multilaterales. De esa forma podrá reducir los costos de emisión y asegurar condiciones más favorables. Además, el retorno al mercado de bonos es clave para demostrar estabilidad financiera y credibilidad ante los inversionistas.

Emitir deuda con tasas sostenibles permitiría al país cubrir sus necesidades sin depender exclusivamente de préstamos multilaterales o ajustes fiscales severos.

Si Ecuador logra mantener una trayectoria fiscal ordenada y reduce su riesgo país, podrá acceder al mercado con menores tasas de interés. Además, evitar crisis de liquidez y sostener la inversión pública y social que impulsa el crecimiento económico.

 Fuente: El Comercio

Durante cinco días, del 4 al 8 de junio, el Centro Cultural Itchimbía se convirtió en el epicentro de la literatura con la realización de la Feria Internacional del Libro de Quito (FILQ 2025), organizada por la Secretaría de Cultura del Municipio y la Red Metropolitana de Bibliotecas. La ciudad vivió una experiencia única que dejó muy buenas cifras de participación. 

Una fiesta literaria que convocó a miles en Quito 

Según datos de la Secretaria de Cultura del Municipio, el evento logró convocar a 54.743 personas que asistieron a más de 300 actividades, entre charlas, talleres, recitales y presentaciones de libros. Un día de la feria llegó a reunir a más de 10.000 visitantes. 71 instituciones educativas formaron parte de esta gran fiesta literaria. 

Apoyo al sector editorial 

La feria también fue una plataforma para la industria editorial: 105 stands de editoriales y librerías generaron ventas estimadas en más de 300.000 dólares. Además, se entregaron 200 carnets de la Red Metropolitana de Bibliotecas y se donaron más de 500 libros a los espacios municipales de lectura, siguiendo con la misma fuente. 

Diversidad, inclusión y cultura más allá de los libros 

El carácter inclusivo de la FILQ 2025 fue evidente. Participaron 35 invitados internacionales y 65 autores nacionales, incluidos escritores afroecuatorianos, de pueblos originarios, personas autistas y con representación equitativa de género: 47 autoras y 53 autores. Costa Rica, país invitado, tuvo un ciclo de cine propio, informa la Secretaria de Cultura.  

Actividades pensadas para todas las generaciones 

Niños y jóvenes también tuvieron su espacio con 25 actividades para adolescentes, 40 propuestas infantiles y 20 acciones de mediación lectora. La feria sumó expresiones como teatro, música y gastronomía, e incluso una campaña de adopción permitió que 12 perros encuentren un hogar.  

Durante la FILQ 2025 destacaron autoras internacionales como Antolina Ortiz Moore (hispano-canadiense), finalista de los premios Nadal y Rómulo Gallegos; Dolores Reyes (argentina), con sus novelas sobre violencia de género; Karine Bernal Lobo (colombiana), autora bestseller surgida en Wattpad; Nobara Hayakawa (colombo-japonesa), creadora de literatura infantil; y Adrián Haidukowski (argentino), guionista y finalista de reconocidos certámenes literarios.  

También brillaron cinco voces ecuatorianas: Yuliana Ortiz, Maritza Cino, Jorge Luis Cáceres, Santiago Rosero y Agustín Guambo, con trayectorias que abarcan desde la poesía hasta el periodismo narrativo.  

 Fuente: El Comercio

El Consejo de Educación Superior (CES) tomó una decisión sobre la Universidad Agraria del Ecuador, ubicada en Guayaquil, este lunes 9 de junio de 2025.

Hace dos semanas, estudiantes de esta Universidad se manifestaron pidiendo la intervención de la institución de educación superior.

La decisión del CES sobre la Universidad Agraria de Ecuador

Tras las protestas estudiantiles contra la gestión de la Rectora, el Consejo de Educación Superior (CES) tomó una decisión sobre la Universidad Agraria del Ecuador.

 Entre el 27 y 28 de mayo, los estudiantes y profesores protestaron con manifestaciones en la calle y con carteles en contra de la rectora, Tatiana Borodulina, por supuestas irregularidades en su administración.

“Borodulina, tu gestión es ilegal y abusiva“, “No más atropellos ni persecución laboral”, “No al retorno de funcionarios que dañaron la institucionalidad”, fueron algunas de las frases en los carteles de protesta.

La decisión del CES

El CES decidió aprobar la intervención integral de la Universidad Agraria del Ecuador, en la sesión extraordinaria de este lunes.

El organismo se basó en lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y en el Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas.

“Dicha intervención responde a la configuración de causales contempladas en la normativa vigente”, señaló el CES.

Objetivos de la intervención a la Universidad Agraria del Ecuador

Los objetivos de la intervención, dijo el organismo, son: restablecer el normal funcionamiento institucional, mejorar los procesos académicos y administrativos.

Otros objetivos son: garantizar la continuidad de sus actividades, y fortalecer la gobernabilidad universitaria, conforme a los principios democráticos y de cogobierno.

Para llevar adelante este proceso, se ha designado una Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional (CIFI).

La Comisión será integrada por profesionales de reconocida trayectoria y probada experiencia en el ámbito de la educación superior.

“El CES invita a toda la comunidad universitaria a sumarse con compromiso y responsabilidad a este proceso de intervención, cuyo propósito es salvaguardar sus derechos y la calidad educativa”, agregó.

Fuente: El Comercio