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La Jueza de Manglaralto fue suspendida por el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ). La magistrada Érika Moriel obtuvo una sanción de 90 días. Este hecho se conoció este lunes 25 de abril del 2022.  

Según la entidad, esa medida preventiva de suspensión se dio por una presunta infracción gravísima. El presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, fue quien presentó una denuncia contra esa magistrada.  

Esa queja se presentó porque ella aceptó un recurso de habeas corpus a favor de ciudadano holandés y ordenó su inmediata libertad.  

El detenido tenía difusión roja de Interpol (Policía Internacional), pues es requerido en los Países Bajos, por el delito de tráfico de drogas.  

De hecho, Saquicela solicitó, el jueves 21 de abril de 2022, una investigación a la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura por la concesión de ese recurso constitucional a favor del holandés.   

La Corte Nacional aseguró que esa jueza carece de competencia, “puesto que el ciudadano es requerido por los Países Bajos en un trámite de extradición por tráfico de drogas y estaba privado de su libertad a órdenes del presidente Iván Saquicela”.   Por ese motivo la Jueza de Manglaralto fue suspendida.

Al día siguiente, la Judicatura anunció que la Dirección de Transparencia de esa entidad abrió una investigación contra esa magistrada de Manglaralto (Santa Elena). 

La Dirección de Transparencia de la Judicatura “verifica si existieron o no posibles irregularidades en el ingreso y conocimiento de los recursos de habeas corpus”, indicó la entidad el 22 de abril del 2022. 

El CJ también abrió una indagación contra el magistrado Diego Moscoso, quien otorgó el habeas corpus a Jorge Glas. Con ese recurso constitucional, el exvicepresidente salió de la Cárcel de Cotopaxi.   

Fuente: El Comercio.

Una mujer fue aprehendida en la provincia de Santa Elena, en la Costa del Ecuador, por intentar vender a su hija por un monto de USD 400 en redes sociales. La menor tiene dos años y cuatro meses de edad.

La Policía Nacional informó la noche del domingo 24 de abril de 2022 que la madre fue detenida “por delito de trata de personas, en el grado de tentativa”.

De acuerdo con información preliminar, la mujer “habría ofertado en redes sociales la venta de su hija menor de edad“.

Agentes de la Policía llevaron a la madre detenida y brindaron asistencia a la niña, quien fue rescatada luego de identificar las intenciones de la mujer.

La trata de personas es un delito en el Ecuador. El artículo 91 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala que: “La captación, transportación, traslado, entrega, acogida o recepción para sí o para un tercero, de una o más personas, ya sea dentro del país o desde o hacia otros países con fines de explotación, constituye delito de trata de personas”.

Constituye explotación, toda actividad de la que resulte un provecho material o económico, una ventaja inmaterial o cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero, mediante el sometimiento de una persona o la imposición de condiciones de vida o de trabajo, obtenidos de:

• La extracción o comercialización ilegal de órganos, tejidos, fluidos o material genético de personas vivas, incluido el turismo para la donación o trasplante de órganos.
• La explotación sexual de personas incluida la prostitución forzada, el turismo sexual y la pornografía infantil.
• La explotación laboral, incluido el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y el trabajo infantil.
• Promesa de matrimonio o unión de hecho servil, incluida la unión de hecho precoz, arreglada, como indemnización o transacción, temporal o para fines de procreación.
• La adopción ilegal de niñas, niños y adolescentes.
• La mendicidad.
• Reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el cometimiento de actos penados por la ley.
• Cualquier otra modalidad de explotación.

Según el COIP, el delito de trata de personas, se sanciona con entre los 13 hasta 26 años de privación de libertad.

Fuente: El Comercio.

Desde el 2 de febrero de 2022, cuando la ministra de Educación, María Brown, anunció que 162 instituciones educativas no estaban listas para retornar a clases presenciales, pocos han sido los avances para su remodelación. De esos 162 planteles, 145 siguen en la lista para ser intervenidas, es decir el 89,5%, confirmó el subsecretario de Administración Escolar, Juan Gabriel Casañas.

En diálogo con PRIMICIAS, Casañas manifestó que 62 de las 145 instituciones educativas no aptas para recibir a los estudiantes están en Esmeraldas. La segunda gran parte está en Los Ríos (35) y 29 solo en Guayaquil.

Esto genera preocupación en los padres de familia, a una semana y media, exactamente el 6 de mayo, del retorno a clases presenciales en el ciclo Costa y Galápagos, según lo fijó el mismo ministerio. 

El 21 de febrero, el Ministerio de Educación anunció que los más de 4,3 millones de estudiantes de primaria y secundaria del país volverán a clases presenciales. De estos, aproximadamente 59.000 estudian en los 145 planteles a reparar. 

PRIMICIAS buscó el listado a través de la página web del Ministerio, información que según la ministra Brown sería pública. No obstante, dicha lista no está publicada y la entidad no la facilitó. 

"Ya estamos haciendo mantenimiento, van mejorando sus condiciones y van saliendo del listado. Pero otras pueden ingresar por invierno o emergencia", explicó. 

Los principales daños que presentan estas 145 instituciones educativas están en cubiertas, techos, sistemas hidrosanitarios, afectaciones eléctricas, en infraestructura e incluso algunas fueron vandalizadas. En este último grupo se encuentra la Unidad Educativa Fausto Misael Olalla Gaybor. 

"Se robaron los techos, las puertas, las ventanas y el equipamiento mobiliario (pupitres), lo único que nos han quedado son los cimientos, las columnas de las paredes", indicó. De allí que requiere una intervención mayor. En este plantel de Babahoyo estudian 800 alumnos. 

Sobre la seguridad, el subsecretario dijo que es un trabajo de varios actores y que el mayor resguardo lo hace la comunidad educativa. Algunas tienen servicio de seguridad cubierto por el Ministerio de Educación, pero este no es el caso. Los robos fueron progresivos y al momento se levanta información para que pueda estar a punto. Sin embargo, no hay fecha plazo para su rehabilitación.

La realidad en cada unidad educativa es diferente. Hay unas que requieren un mantenimiento mayor o integral, "no de una o dos semanas, sino de tres, cuatro o hasta seis meses, dependiendo de la gravedad", dijo el subsecretario.

El Ministerio diseñó un plan de contingencia mientras la intervención avanza. Además, la entidad descarta completamente tener estudiantes en modalidad virtual. 

Casañas resaltó el programa "Apadrine una escuela", que recibe el apoyo de la empresa privada en temas de alimentación y útiles escolares, infraestructura y equipamiento. Más de 100 escuelas han sido intervenidas bajo esta modalidad. 

Además del convenio con el Municipio de Guayaquil, mediante el cual se reparan 30 planteles, el Ministerio mantiene convenios de cooperación con los GAD de Mejía, Santa Elena, Puerto López y otros de la Amazonia. Producto de esta cooperación, la institución ha recibido USD 20 millones, que se suman a los USD 140 millones que dispone el ministerio para mantenimiento de infraestructura durante 2022. 

También trabajan en la contratación de siete nuevas unidades educativas: dos en Los Ríos, dos en Bolívar y tres en Cayambe. En Ecuador hay 12.383 planteles, 9.426 pertenecen a la región Costa y 7.569 son fiscales.

Fuente: Primicias.

Víctor Salinas, comisario Municipal de Latacunga, manifestó que desde la dirección de Servicios Públicos de la municipalidad le entregaron un informe detallado sobre la existencia de comerciantes formales laborando informalmente, razón por la cual tomará algunas medidas pertinentes desde mayo. 

Comentó que los operativos de control serán más estrictos y, si tienen que retener producto, lo harán. “Algunos comerciantes piensan que el espacio público les pertenece y no es así, el espacio público es para los peatones, para que transiten de manera libre, porque al bajarse de la acera pueden ser víctimas de un accidente de tránsito”, aseveró. 

Salinas dijo que, según el informe de la Dirección de Servicios Públicos, se establece que los comerciantes catastrados  que estén realizando comercio informal, serán desvinculados y su pusto quedará vacante para una persona que desee realizar la actividad comercial de manera regulada. 

“No podemos permitir que los mismos comerciantes del Mercado Mayorista, Centro Comercial Popular y Mercado Cerrado realicen ese tipo de ventas de manera desleal causando afectación a sus propios compañeros. Como autoridades debemos velar para que se cumpla con las ordenanzas establecidas”. 

El comercio informal lo controlan desde la avenida 5 de junio, Marco Aurelio Subía, en la avenida Amazonas y centro de la ciudad de Latacunga, donde existen aglomeración debido a esta actvidad. 

La oferta comercial informal en los exteriores del Mercado de Latacunga ofrece un sin número de productos de toda clase, desde frutas y legumbres, accesorios, celulares y audífonos, interiores, medias, zapatos, ropa, gorra, entre otros productos.

Fuente: La Gaceta.