Nacionales

El déficit de defensores no es una problemática nueva. Desde antes de la pandemia ya se tenía informes de la necesidad de aumentar esta cifra. El último concurso para elegirlos fue en el 2015. Desde entonces, el Consejo de la Judicatura, ente rector del sistema judicial, no ha convocado a un nuevo proceso de méritos y oposición para contratar a más personal.  

Esta falta de profesionales repercute en el incremento de actividades que cada defensor debe realizar. La carga laboral es tan alta que un profesional tiene, en promedio, 350 procesos anuales.

Informes técnicos de Rehabilitación y de la Asamblea han analizado este requerimiento de personal y han mencionado que esto también influye en la crisis carcelaria, en especial en el hacinamiento.  

Por ejemplo, en octubre pasado, la Comisión legislativa de Seguridad mencionó que “la violación de derechos humanos dentro de los centros de privación de libertad pone de manifiesto las dificultades que tienen las personas privadas de la libertad para presentar demandas, acceder a la justicia o a investigaciones imparciales”. 

Esto debido tanto a “los problemas de eficiencia del sistema judicial cuanto, a la falta de acceso a un defensor público, que, como se evidencia en este informe, es una constante dentro de los Centros de Privación de Libertad”. 

La Comisión de Pacificación y Diálogo Penitenciario, nombrada por el Ejecutivo, también se refirió a que para reducir el hacinamiento se deben revisar todas las carpetas de las personas detenidas. “En la actualidad, demoran entre siete y ocho meses por cada expediente”. 

El defensor General del Estado, Ángel Torres, señaló que la Defensoría Pública ha fortalecido sus acciones en la crisis carcelaria.  

Parte de ese trabajo ha sido asesorar y gestionar los procesos de indultos que fueron facultados por el presidente en febrero pasado. A través del decreto 355, el Ejecutivo indultó a los sentenciados por cuatro tipos penales: robo, hurto, estafa y abuso de confianza. El primer requisito para acceder a este beneficio es que los presos hayan cumplido el 40% de la pena, en el caso de los procesados con el Código Penal anterior; y el 60% en el caso del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que rige desde 2014. 

La Defensoría reporta que en 35 días lograron los procesos de libertad de 343 personas privadas de libertad. Y recuerdan que los encargados de decretar las libertades son los jueces.

Aunque admiten que les falta personal, la institución dice que ha reforzado todos los procesos para evitar que los casos se represen. Incluso, en este año completaron la cifra de 735 defensores públicos.  

Además, han realizado capacitaciones para fortalecer a los profesionales y mejorar la calidad. Las mayores necesidades están en las provincias más grandes como Guayas, Pichincha y Manabí. 

El presupuesto es uno de los factores fundamentales. Incluir en nómina a 200 defensores más significaría una inversión de USD 7 millones anuales. 

La institución tiene un presupuesto estatal de USD 37 millones. El Consejo de la Judicatura conoce esta falta de recursos y ha señalado que se está trabajando para fortalecer al sistema de justicia.  

Mientras esto ocurre, organismos de Derechos Humanos, como Kaleidos, han mencionado que es necesario tener más defensores en los centros penitenciarios y garantizarles sus seguridades. Esto último ha sido recogido en los informes oficiales, pues en los amotinamientos y masacres violentas, ocurridas el año pasado, parte de las oficinas de Defensoría Pública han sido afectadas.  

Por ejemplo, en la cárcel regional de Cotopaxi, las revueltas de los internos generaron que los funcionarios no tengan garantías para su ingreso al centro penitenciario. 

Fuente: El Comercio.

Diego Javier Moscoso es el juez que dispuso la liberación del exvicepresidente Jorge Glas, el 9 de abril de 2022. Sin embargo, esta no fue la primera vez que los nombres de ambos se cruzaron en temas penitenciarios y judiciales.

El 24 de noviembre de 2017, todavía como vicepresidente, pero ya detenido, Glas llegó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para la audiencia de juicio del caso Odebrecht. Por ese proceso, el exfuncionario recibió su primera sentencia de seis años.

Pero, más allá del caso y de la sentencia, ese día sucedió un hecho anecdótico. A diferencia de los otros procesados que acudieron con el típico traje naranja de los presos, Glas vistió un terno oscuro y una corbata.

El trato diferencial entre los acusados causó críticas y comentarios. Diego Moscoso, en esa época subsecretario de Rehabilitación Social del extinto Ministerio de Justicia, asumió la defensa de lo ocurrido y, en una entrevista con El Comercio, dijo que no existía ninguna normativa que prohibiera que Glas vista de esa manera en el juzgado. Cuatro años y cuatro meses después, ya como juez de primer nivel de la parroquia de Manglaralto (Santa Elena), Moscoso aceptó el hábeas corpus a favor de Glas y lo liberó.

Diego Moscoso es cuencano. Estudió la secundaria en la Unidad Fray Vicente Solano y se graduó como abogado en la Universidad de Cuenca y fue en esa ciudad donde empezó a ejercer el derecho. En ese oficio conoció a Liliana Guzmán, quien era asambleísta de Azuay por Alianza PAIS durante el período 2013-2017.

En esa época, Rafael Correa era el presidente de la República y Jorge Glas, su vicepresidente. Alianza PAIS, además, tenía una arrolladora mayoría de más de 100 curules en el legislativo.

 En marzo de 2016, Moscoso ingresó a trabajar como Asesor 1 en el despacho de Guzmán y tenía un sueldo de USD 3.173. Estuvo en ese puesto un año y dos meses, hasta que el período legislativo concluyó en mayo de 2017. Según Guzmán, Moscoso no era militante de AP o cercano a ese proyecto político. Sino que lo contrató “por su trabajo técnico” y ese trabajo le sirvió para ganarse la confianza al interior del movimiento ‘verde-flex’.

Durante mayo de 2017, Lenin Moreno se posesionó en la Presidencia de la República y nombró a Rosana Alvarado como su ministra de Justicia. Alvarado, a su vez, designó a Guzmán como viceministra de Atención a Personas Privadas de la Libertad y a Moscoso, primero como asesor 3 y luego como subsecretario de Rehabilitación Social. Moscoso estuvo en el Ministerio de Justicia hasta noviembre de 2017. Su salida se dio justo cuando empezó la ruptura entre el correísmo y Moreno, que se originó en el procesamiento de Glas por corrupción. A la par de sus funciones en la Asamblea y en el Gobierno, Moscoso se preparó y siguió el curso intensivo de formación inicial para la carrera judicial.

En octubre de 2017, el Consejo de la Judicatura -liderado por Gustavo Jalkh- publicó el listado de los aprobados. Moscoso obtuvo 94,15 sobre 100 puntos. El viernes 12 de enero de 2018, finalmente, Moscoso fue nombrado como juez de primer nivel en Manglaralto, Santa Elena. Ese fue uno de los últimos nombramientos de la Judicatura de Jalkh, pues cinco meses después fue destituida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio.

Desde enero de 2018, Moscoso se desempeña como magistrado. Según el registro del Consejo de la Judicatura su sueldo es de USD 4.164.

El 28 de marzo, 11 días antes de que Moscoso fallara a favor de Glas en el hábeas corpus, la Dirección del Consejo de la Judicatura (CJ) en Santa Elena pidió al pleno del CJ la medida cautelar de suspensión en contra del magistrado. “Prevenir que posibles actuaciones realizadas por parte del sumariado puedan interferir en el normal desarrollo de este expediente disciplinario, impidiendo que los servidores judiciales que conforman su despacho remitan la información solicitada y/o comparezcan a rendir sus versiones libres y voluntarias…”, se lee en la solicitud de medida cautelar.

Sin embargo, la solicitud no fue atendida y Moscoso siguió despachando con normalidad, hasta que a su oficina llegó el caso Glas.

En una entrevista con Teleamazonas, Fausto Murillo, presidente encargado del CJ, dijo que el pedido no especificó la falta que cometió Moscoso. Por lo que el Pleno resolvió pedir un informe a las direcciones general y jurídica del Consejo.

Extraoficialmente, explicó Murillo, se conoce que Moscoso no acudió a una audiencia, lo que se considera una falta grave. Por lo que no aplica la medida de suspensión, que está estipulada para las faltas gravísimas.

Ahora, además de este caso que ya está en trámite, el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) anunció que solicitará a la Judicatura el control disciplinario de Moscoso por el caso Glas.

Fuente: Primicias.

Marcelo Jerez, concejal de Latacunga, informó que los trabajos que se ejecutan en el ingreso norte a la ciudad cuentan con varias interrogantes. La más importante fue sobre el uso de una geomembrana en el pavimentado, puesto que, según los estudios realizados, los sitios que reciben agua y lluvia necesitan impermeabilizarse para evitar filtraciones en el relleno.

Aclaró que la obra debía estar en funcionamiento desde principios de este año, pero han solicitado dos meses de prórroga para ultimar detalles y concluir el trabajo en mayo, aún sin fecha establecida. También comunicó que los concejales, durante reuniones, les comentaron que estaban en los plazos correctos.

Fuente: La Gaceta.

Jaime Chaluisa, oriundo de Zumbahua, y quien ya fue concejal, vicealcalde y 6 meses alcalde encargado tras la renuncia de Marcelo Arroyo Ruiz, recibió el respaldo de la dirigencia de dos parroquias y otros sectores como precandidato a la alcaldía de Pujilí. Detalles en

Jaime Chaluisa explica a La Gaceta que “la organización Unocite y el comité ejecutivo de Pachakutik parroquial de El Tingo-La Esperanza, resolvió por consenso el apoyo a la precandidatura a la alcaldía de Pujilí de Jaime Chaluisa”.

Luz Faz, coordinadora de la parroquia El Tingo-La Esperanza del movimiento PK, y Luis Chugchilán, presidente de la organización Unocite, lideraron la asamblea en la cabecera parroquial con la participación de representantes de los recintos, además de delegados a nivel cantonal y provincial.

La organización UNOCIZ de la parroquia Zumbahua con sus comunas indígenas, sectores, autoridades locales realizaron en cambio, en Santa Cruz de Zumbahua, otra asamblea entre sus habitantes, donde asistieron líderes provinciales del movimiento indígena y de su brazo político Pachakutik, que llegaron a respaldar a Chaluisa, además llegaron delegaciones de la cabecera cantonal. Abelardo Cayo, presidente de la organización UNOCIZ Zumbahua, fue quien oficializó la precandidatura a la alcaldía. 

Fuente: La Gaceta