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Alivio. Ese es el sentimiento que hubo en las filas militares cuando el presidente Guillermo Lasso nombró a Luis Lara como nuevo ministro de Defensa. Así lo señalan altos oficiales del Ejército. Los uniformados, quienes pidieron la reserva de su nombre, cuentan que en los últimos meses en las FF.AA. hubo hechos que afectaron a su imagen como institución.  

Uno de ellos tuvo que ver con los vínculos de militares con el cabo segundo Miguel Nazareno, alias ‘Don Naza’, el hombre que lideró una red ilegal de dinero y estuvo en el Ministerio de Defensa días antes de su asesinato. “Esto manchó mucho la imagen de FF.AA. ante la opinión pública. Nosotros ya sentíamos que necesitábamos un nuevo ministro y cambios en la cúpula”, señala un alto oficial.  

Eso cambios ya se han concretado en las últimas semanas. En sus primeras intervenciones como ministro, Lara señaló que uno de sus objetivos era transparentar las investigaciones sobre la denominada Big Money, que dirigía Nazareno.  

A los 11 días de su posesión reveló que 139 militares en servicio activo realizaron inversiones ilegales con aquella plataforma. Ahora esos uniformados son analizados para procesos administrativos y sanciones disciplinarias.  

De hecho, en el Ministerio de Defensa, ubicado en el centro de Quito, la imagen de Luis Lara no es desconocida. Hasta mayo del 2021, él era el máximo jefe militar de las tres ramas. En el Gobierno de Lenín Moreno fue nombrado jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. Luego decidió pasar al retiro.

Lara llegó a ese cargo luego de liderar las operaciones militares durante la protesta social de octubre del 2019. Según la Defensoría del Pueblo, se cometieron 240 presuntas vulneraciones a los derechos humanos; un 13% de esas faltas serían de miembros de las Fuerzas Armadas. Lara, en ese entonces, calificó al informe como “subjetivo, errado y sesgado”.  

Terminó su carrera militar justo al inicio del mandato de Lasso. El Jefe de Estado lo cesó de funciones y le entregó una condecoración al mérito a la excelencia profesional. 

Lara vistió el uniforme militar por 38 años. En esos años se destacó por ser un militar estratégico. Así lo recuerda Wagner Bravo, exjefe de Estado Mayor. Dice que el nuevo ministro luchó fervientemente en la guerra del Alto Cenepa. Su nominativo de ese entonces era kilo 17. 

“Él fue parte de la gesta heroica que defendió Base Sur del enemigo. Los combates más fuertes que enfrentó fueron desde el 31 de enero hasta el 3 de febrero”, recuerda Bravo.  

Para él, la elección de Lara como nuevo ministro es un acierto por dos motivos. El primero es porque Lara conoce de la problemática actual, ya que salió de las FF.AA. hace apenas un año.  

Y la segunda razón es que Lara fue comandante de la Frontera Norte. Conoce a detalle cómo se debe reforzar el control en los límites con Colombia, en donde se incrementó el paso de estupefacientes desde el 2020.

El nuevo Ministro también se ha referido a este tema y ha señalado que parte de su estrategia para blindar las fronteras es el fortalecimiento de las operaciones con equipos y tecnología.

Por eso, anunció trasparentar los hechos relacionados con el atentado del radar militar del cerro de Montecristi, por el que hay 16 oficiales y nueve aerotécnicos investigados por la Fiscalía y por asuntos internos de las FF.AA.

Lara ya solicitó información del avance de estos procesos. Por otro lado, Lara no solo tiene la misión de liderar las operaciones militares en frontera.  

Él también está coordinando las acciones de seguridad interna con el ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien también fue comandante de la Policía.  

Para el general Paco Moncayo, otra misión de Lara es fortalecer el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe). Este es el máximo organismo en materia de seguridad y no ha tenido un accionar notorio. Por eso, Moncayo dice que Lara debería proponer al presidente Lasso tener una secretaría permanente para que se coordinen las acciones a través del Cosepe.  

“Todos estamos muy preocupados porque el crimen organizado, el narcotráfico no le combaten al Estado, le coartan. A los narcos les interesa tener policías, militares, legisladores, alcaldes en sus filas”, dice Moncayo. Por eso, añade, debe tener un control interno a través de medidas de contrainteligencia para proteger al personal.

Luis Lara nació el 27 de diciembre de 1957, en el cantón Macará, provincia de Loja.  Se graduó de subteniente de Infantería en 1983. Es licenciado en administración y ciencias militares y tiene varios diplomados de política, seguridad, democracia y en inteligencia en el estado contemporáneo. Sus capacitaciones las desarrolló en Chile y Brasil. 

Fuente: El Comercio.

La falta de medicamentos en los hospitales públicos, junto con la necesidad de recibir un tratamiento médico que a veces no llega, son las principales razones para que los pacientes del sistema público de salud acudan a la justicia.

Carolina Cantuña está desesperada y cansada de ver cómo su salud se deteriora a diario a causa de la inmunodeficiencia primaria que padece desde niña. Por eso decidió demandar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Comenta que desde “hace dos años el IESS no me entrega la medicina que necesito”.

Se refiere a las tres ampollas de inmunoglobulina humana normal de 10 gramos, que cuestan USD 1.600 cada una, y que necesita cada mes para evitar que la enfermedad avance. Para ella “es imposible gastar tanto dinero, aunque de eso dependa mi vida”, dice. Coincidencialmente, Cantuña es médica y presidenta de la Fundación de Pacientes con Inmunodeficiencias Primarias de Ecuador (PIDE).

Agrega que “las personas con inmunodeficiencia necesitan las medicinas porque son una población muy vulnerable”.

La inmunodeficiencia primaria provoca infecciones constantes en casi todos los órganos. “Una persona que sufre una infección, generalmente, puede superarla sin mayores problemas. En el caso de una persona con inmunodeficiencia, una simple infección puede llevarla al hospital”, dice Cantuña.

Ella es una de los casi 100 pacientes con inmunodeficiencia primaria que no reciben su tratamiento. Esto a pesar a pesar de que el Acuerdo Ministerial 158A, de 2018, especifica que, si los medicamentos prescritos no constan en el Cuadro Básico de Medicamentos y es una emergencia, la compra debe ser inmediata.

Ante el incumplimiento, estos 100 pacientes se unieron para crear la Fundación PIDE.

En abril de 2022 demandaron al IESS y al Ministerio de Salud, a través de una acción de protección, para que la justicia ordene la entrega de las medicinas. A este proceso se lo conoce como judicialización de medicamentos.

El viernes 13 de mayo de 2022, una jueza de Cuenca les dio la razón y ordenó que el Ministerio de Salud y el IESS compren inmediatamente la inmunoglobulina para entregarla a los 100 pacientes. “Esperamos que las dos instituciones cumplan la sentencia y nos entreguen la medicina”, dice Cantuña.

Las demandas no son nuevas, pues Trajano Lugo es otro paciente del IESS que tuvo que llegar a instancias judiciales para reclamar sus medicinas. En 2014 fue diagnosticado con esclerosis múltiple. “Esta enfermedad provoca la pérdida de la protección natural de los nervios, es decir, la mielina”, explica.

Las consecuencias de esta enfermedad incluyen la inmovilidad de las extremidades, la dificultad para respirar, el constante desgaste físico y la inflamación del cuerpo.

Lugo explica que el control de la enfermedad solo tiene una vía: la administración de un suero del medicamento ocrelizumab, cuyo valor es de USD 16.000. “Este suero hay que administrarlo cada seis meses. Durante dos años no pude acceder a él y tuve que hipotecar mi departamento para comprarlo”, comenta Lugo.

El paciente debió comprometer su patrimonio a pesar de que en 2018 y en 2019 ganó dos juicios en los que la justicia ordenó que el IESS y el Ministerio de Salud debían entregarle la medicina a él y a otros 11 pacientes.

“En los dos casos interpusimos una acción de protección. El juicio de 2018 lo hicimos junto a 11 personas de la Asociación de Pacientes con Esclerosis Múltiple y el de 2019 a título personal”, señala.

Sin embargo, ninguna de las dos instituciones ha cumplido las sentencias. “Tampoco me entregan las medicinas que ayudan a controlar los efectos secundarios de la enfermedad. Esos medicamentos cuestan unos USD 500 mensuales”, dice Lugo.

Lugo espera que, en junio de 2022, el IESS cuente con ocrelizumab, pues no sabe si tendrá el dinero suficiente para comprarlo por su cuenta.

La falta de medicamentos no es único problema para los pacientes de los hospitales del Ministerio de Salud y del IESS. También deben soportar la entrega de medicinas de mala calidad.

Trajano Lugo cuenta que hace un año sufrió problemas de salud, luego de tomar medicinas alteradas que le entregó el IESS. “La medicina debe ser eficiente, oportuna y de buena calidad. Si no cumple estas tres premisas, no sirve de nada”, insiste.

Cantuña teme que ocurra algo similar con los medicamentos que deben recibir tras ganar el juicio contra el IESS y el Ministerio de Salud. “Esperamos que nos entreguen la inmunoglobulina humana normal porque es la que necesitamos. Ninguna otra”, comenta.

Si la Fundación de Pacientes con Inmunodeficiencias Primarias del Ecuador recibe otro tipo de medicamento, Cantuña adelanta que acudirán nuevamente a la justicia.

La exministra de Salud, Verónica Espinosa, decía durante su administración que muchos medicamentos no garantizan su calidad, seguridad y eficacia y, a la vez, tienen altos costos, por lo que impactan al financiamiento del sistema nacional de salud.

Durante más de 15 días, diario PRIMICIAS intentó obtener explicaciones del Ministerio de Salud y del IESS sobre las razones por las que no han cumplido los fallos judiciales, pero no recibió ninguna respuesta.

Una respuesta que tampoco ha recibido Mauricio Zúñiga, un joven de 33 años que en 2019 recibió un trasplante de riñón, tras pasar más de tres años con diálisis. “Durante los primeros meses recibí la medicación, pero luego me entregaron medicinas de mala calidad y, por último, dejé de recibirlas”, narra.

Desde entonces, su cuenta de Twitter se convirtió en el espacio para denunciar la falta de medicamentos que puede provocarle un rechazo del riñón trasplantado.

Zúñiga dice que no ha tenido otra opción que gastar entre USD 500 y USD 700 mensuales para la compra de los inmunosupresores que ayudan a que el riñón siga funcionando. También ha recibido donaciones de medicamentos de familiares de pacientes que fallecieron a la espera de sus tratamientos.

Sobre una posible demanda al IESS, Zúñiga sostiene que “es una pérdida de tiempo y de dinero. Si no han cumplido durante dos años, qué me garantiza que lo hagan por una orden judicial”, se pregunta.

Fuente: Primicias.

La droga estaba almacenada en una capilla católica del sur de Guayaquil. Eran más de 3 000 dosis de alcaloides que se distribuían en el barrio Cuba. Los paquetes de estupefacientes se camuflaban en medio de símbolos religiosos como crucifijos, imágenes de santos, velas y túnicas de sacerdotes. 

En el inmueble no se encontró a nadie, pero la Policía ya inició las investigaciones para determinar responsabilidades. Una hipótesis que manejan los agentes es que las mafias se apoderaron de este sitio para convertirlo en uno de sus centros de venta.

En el último año, los agentes han descubierto que las bandas han extendido sus operaciones en el norte, sur, centro y periferias de Guayaquil.  De hecho, los uniformados señalan que desde el 2021 se han ubicado más de 78 inmuebles que fueron ocupados por las bandas como centros de distribución, acopio y venta de droga.

Uno de los operativos más grandes este año sucedió a finales de abril pasado. Los 14 miembros de una banda delictiva, originaria de Manabí, fueron detenidos en el norte de Guayaquil. Los gendarmes que se encargaron de las detenciones indicaron que durante seis meses les siguieron la pista. En ese tiempo descubrieron que se movían por 18 casas y departamentos de la urbe guayasense.

Pero la Policía dice que no solo son usados para vender droga. Las mafias también han desarrollado una red a escala nacional de casas para ocultar a sus miembros más buscados. Esos bienes generalmente están ubicados en zonas alejadas de las urbes o barrios residenciales.

En Guayas, por ejemplo, la Policía ha detenido a cabecillas de bandas en conjuntos residenciales de la vía a la Costa, Daule, Durán y Samborondón.  Uno de los casos que más llamó la atención de la Policía sucedió en octubre pasado. En la vía a Daule fue detenido un hombre conocido como Gatillo, miembro importante de una organización criminal que opera en el norte de Guayaquil. 

El sospechoso estaba en una casa dentro de un complejo residencial. Los agentes encontraron en el inmueble armas como fusiles, pistolas, municiones y explosivos.

Incluso, se halló un dron que se presume era utilizado para acercarse a la Penitenciaría de Guayaquil.

Hace tres semanas, en otro sitio cercano al Guasmo, la Policía descubrió que también existía un conjunto de casas que eran utilizadas por miembros de mafias. Los sospechosos, para evitar ser rastreados, colocaron cámaras de seguridad en calles cercanas a los inmuebles. Así monitoreaban la llegada de los patrulleros y de sus enemigos.

En Guayaquil, las mafias pagan a niños, mujeres y adultos mayores para que les sirvan como informantes, también conocidos como campaneros. Las investigaciones señalan que por cada colaboración pueden cancelar entre USD 200 y USD 500. 

En cambio, para alquilar inmuebles y volverlos sus centros de operaciones, las bandas fácilmente desembolsan hasta USD 3 000. Todo depende de las seguridades que se ofrecen en los bienes.  

La Policía ha distribuido equipos de unidades tácticas para desmantelar estos refugios de los sospechosos. La idea es organizar barridos en los sectores más conflictivos de la ciudad y ubicar los inmuebles que son operados por desconocidos.  Hace dos semanas se realizó un megaoperativo en el Guasmo.

Agentes élite con escudos, cascos y chalecos antibalas se adentraron a una zona cercana al estero salado para desmantelar estructuras ilegales. Los uniformados llegaron con maquinaria pesada y un helicóptero.

En el 2021 se realizaron otras dos de estas megas intervenciones. En los suburbios se han desmontado 20 casas involucradas en hechos delictivos.

En Guayaquil, Durán y Samborondón se acercan a superar las 500 muertes violentas en este 2022. La Policía y Fuerzas Armadas continúan con los controles.  

Los agentes han realizado este año más de 2 323 operaciones en contra del microtráfico. En cambio, se ejecutaron más de 249 operativos contra el narcotráfico.  

En lo que va del año también se han incautado de más de 51 toneladas de droga en todo el país. La mayoría del alcaloide ha sido incautado en Guayas y en los puertos marítimos.  

2806 personas han sido detenidas por vender estupefacientes en calles del país. Otros 123 detenidos fueron por tráfico de drogas internacionalmente.

9000 policías y militares fueron trasladados a Guayas, Manabí y Esmeraldas para enfrentar la ola de violencia que viven estas provincias costaneras. Rige un estado de excepción.

Fuente: El Comercio.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aseguró este lunes que se han reducido “notablemente” el número de muertes violentas en el país, que tiene a tres de sus 24 provincias en estado de excepción para controlar los altos niveles de inseguridad.

En una ceremonia en la que tomó juramento a la cúpula de las fuerzas del orden del país, Lasso aseguró que el trabajo realizado desde la declaratoria de emergencia “empieza a dar frutos con la contención de las muertes violentas en Ecuador”.

Y aseguró que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, le informa cada mañana sobre los resultados de los operativos en el marco del estado de excepción.

“En el último día puedo contarles que hemos reducido notablemente el número de muertes violentas”, dijo sin proporcionar cifras.

El gobernante anotó que esa reducción plantea un “compromiso mayor para eliminar esa violencia en el país”.

E insistió en su intención de reforzar la labor de la Policía con equipamiento y capacitación, entre otros, porque “la seguridad es un clamor ciudadano” pues hay “ansiedad, angustia, temor”.

Y recalcó que está listo para proveer de “al menos 1.200 millones de dólares en los próximos tres años para el fortalecimiento de la Policía Nacional con tecnología, equipamiento, vehículos, municiones y también con, por lo menos, 30.000 policías más”, que se sumarían a los 53.000 existentes.

El nuevo mando policial asume el día en que se ha abierto una investigación por el hurto de 150 armas de fuego de una instalación policial en la ciudad costera de Guayaquil, capital de Guayas.

“Ante las 150 armas hurtadas en la zona 8, tres servidores de la Policía de Ecuador se encuentran sometidos a la administración de justicia. En lo administrativo se determinará la cadena total de responsabilidades”, escribió Carrillo en su cuenta de Twitter.

Fausto Salinas, que juró este lunes el cargo como comandante general de la Policía, dijo a la prensa que las 150 armas eran pistolas Smith & Wesson de calibre 9 milímetros, que habían sido entregadas a la Policía en 1991, y se encontraban en el Cuartel Modelo, en el comando de la zona 8, en la provincia del Guayas.

La Policía se percató el domingo de la “ausencia” del armamento “inhabilitado y en proceso de entrega para su destrucción”, durante una revisión del mismo, precisó Salinas.

Y añadió que al conocerse “el faltante” se habilitaron todas las unidades investigativas y técnico científicas, y se contactó con la Fiscalía para iniciar una investigación a fin de dar con los responsables del hecho, que calificó de “poco profesional”.

De su lado, la Fiscalía señaló en Twitter que, a través de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada, “abrió -de oficio- una investigación por la desaparición de 150 pistolas Smith & Wesson del rastrillo del Cuartel Modelo de Guayaquil”.

Fuente: Metro.