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Es difícil creer que en ese terreno sucio y desolado exista una escuela. La fachada se ha convertido en urinario al paso, también es el botadero de la cuadra y una de las paredes externas sirvió de pizarra para algún descorazonado: “Discúlpame. ¿Quieres regresar conmigo?”.

Por aquí esperan que regresen los trabajos, paralizados desde 2016. Esa fue la última vez que vieron el movimiento de los obreros en la que sería la Unidad Educativa Las Acacias, en el sur de Guayaquil. Los bloques, incluso con ventanales y puertas, se hunden en la maleza. Los corredores adoquinados se han perdido y el sol ha empezado a decolorar las paredes que ya habían sido pintadas.

Estábamos ilusionados y esperábamos que este año se abra”, dice Katty Barriero, mientras pasa por el plantel abandonado de regreso a casa con su pequeña; cada día caminan 12 cuadras hacia la escuela pública más próxima. “Con tanta delincuencia, mientras más cerca tengamos a nuestros hijos estudiando sería mucho mejor”.

Las Acacias quedó en el olvido por un litigio que frenó su funcionamiento. Es parte de las 16 unidades educativas tipo milenio y réplica que por años quedaron a medias. Ahora estas megaestructuras, contratadas en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, están en análisis para su reactivación. Para hacerlo, la ministra María Brown ha dicho que debieron resolver juicios y asumir deudas pasadas. Incluso hay procesos de recontratación en espera por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que aparece como entidad coejecutora.

En el país están operativos 11 colegios réplica y 107 unidades educativas del milenio. La primera de este tipo fue inaugurada en Cotopaxi, en septiembre de 2008, y la meta era levantar 200. En ese periodo de gobierno se llegó a un acuerdo con una contratista extranjera que ahora debe afrontar una glosa de USD 24,7 millones.

La Contraloría confirmó recientemente la sanción tras un examen especial de 2019. Según el informe, la empresa no canceló multas por los 387 días de atraso en la entrega de 57 escuelas prefabricadas que fueron contratadas entre septiembre de 2016 y agosto de 2017. La demora ocurrió porque no corrigió las observaciones sobre modificaciones en los planos, diseños e incumplimientos en especificaciones técnicas; la responsabilidad civil es de USD 19,3 millones.

Tampoco presentó las pólizas de seguros para equipos y maquinarias, y el personal no tenía cobertura en caso de riesgos; la multa por estas faltas es de USD 5,4 millones y no ha sido cancelada. La Contraloría, incluso, analiza si tres exministros de Educación tienen una responsabilidad administrativa en la ejecución del contrato.

Mientras el problema se resuelve, el actual Gobierno planifica construir siete nuevos planteles con un presupuesto de USD 50,6 millones. Y tras un balance de las obras paralizadas por años dará prioridad a seis, ubicadas en Guayas, Los Ríos, Pichincha y Bolívar, valoradas en USD 10,4 millones.

La Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo recibió una inyección de USD 1,8 millones para su culminación. La primera piedra fue colocada en 2008, junto al Parque Samanes de Guayaquil, pero el atraso en el pago de planillas dilató su construcción.

En noviembre pasado el Consorcio Samanes reactivó los trabajos. 80 obreros se pusieron al día en la instalación de las tuberías y han empezado a enlucir las paredes de los 10 pabellones donde funcionarán aulas, bibliotecas y laboratorios para unos 1 800 estudiantes.

El plazo de entrega está planificado entre julio y agosto”, cuenta Xavier Aroca, superintendente de obra. El avance llega al 68%.

En Las Acacias todavía no se ve avances, aunque se prometió que estará lista a fin de año. “Deberían limpiar todo y crear más cursos o una cancha para los chicos del sector”, menciona Kimberly Morales antes de acelerar el paso frente a la tétrica y maloliente fachada.

Fuente: El Comercio.

En la esquina del crimen aún se ven las huellas de sangre y los impactos de bala en la parte inferior de la pared de una vivienda. Tres hombres fueron atacados a balazos alrededor de las 23:30 de este martes, en el bloque 2 de la cooperativa El Fortín, en el noroeste de Guayaquil.

Preliminarmente se conoció que tres hombres a bordo de un automóvil de color gris llegaron al sitio repentinamente, uno de ellos se bajó y disparó contra estos vecinos.

Las víctimas fueron llevadas al hospital de Monte Sinaí. Al poco tiempo, José Toaza Vásquez, de 51 años, murió.

Mientras, Luis Estrada Tenorio, de 30 años, y Héctor Tapia Rosado, de 48, quedaron en observación, pero luego fueron llevados a otras casas asistenciales, indicó la Policía Nacional.

El teniente Alfredo Chamorro, jefe del circuito El Fortín, señaló que el ahora occiso tenía antecedentes por robo.

Indicó que en el circuito El Fortín, que comprende desde la avenida Casuarina hasta la Modesto Luque, no se registraban muertes violentas desde hace un mes y medio, aproximadamente.

“La mayoría de hechos violentos se están dando en el sector de la Nueva Prosperina, que comprende la entrada de la 8″, sostuvo el funcionario policial.

Hasta el momento no hay detenidos por este hecho. La Policía levanta información de las cámaras de videovigilancia.

La noche del martes también se registró el crimen de un hombre en el sector del parque industrial Inmaconsa, en la vía a Daule.

La Zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón, registra más de 520 muertes a la fecha. El año pasado en el mismo lapso hubo 200 asesinatos.

Fuente: El Universo.

La noche del lunes 16 de mayo un grupo de jóvenes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Uleam) fueron asaltados por seis individuos que se movilizaban en una camioneta. 

El hecho ocurrió en la Ciudadela Los Eléctricos, en Manta. Los estudiantes estaban reunidos en el parque cuando de pronto los hombres cubiertos con mascarillas y gorras los robaron.

Los educandos vivieron momentos de terror pues los antisociales portaban pistolas y hasta una ametralladora, según relató una joven. Los asaltantes se llevaron celulares, laptops y mochilas, señaló el medio digital Código Manta.

Algunos alumnos fueron agredidos de forma violenta por tratar de defenderse. En la refriega los jóvenes lograron atrapar a dos de los asaltantes, pero uno escapó. Al primero, una de las víctimas logró quitarle el arma con la que los amedrantaba.

El hombre, identificado como Yandry D., recibió una paliza por parte del grupo universitarios, indicó El Diario de Manabí.  

El asaltante fue abandonado por sus acompañantes y fue ahí cuando lo agarraron para lincharlo y finalmente entregarlo a la Policía.

El rector de la Uleam, Marcos Zambrano, dijo a los medios de comunicación que debido al aumento de la inseguridad se solicitará a la Policía que agentes vestidos de civil hagan rondas en los exteriores del centro de estudios.

Fuente: El Comercio.

La alcaldesa Cynthia Viteri dijo el martes 17 de mayo del 2022 que la ola de violencia que vive la ciudad de Guayaquil es insostenible y pidió resultados al Gobierno Central.

Guayaquil fue incluida el 2021 entre las 10 ciudades más violentas del mundo debido al índice de muertes violentas. El cantón, junto a sus vecinos Durán y Samborondón, tienen un promedio de 3,5 asesinatos por día.

El tema de seguridad de Guayaquil ha sido la piedra de choque entre el Municipio y el Gobierno Central. “Esperamos resultados y no los tenemos”, dijo Viteri durante una rendición de cuentas por sus tres años de gestión.

El Cabildo señala que destina recursos de los contribuyentes para pagar combustibles y alquilar camionetas para que la Policía Nacional patrulle.

“Vemos por el sistema de vigilancia que los vehículos no salen, que están quietos”, aseguró. La Alcaldesa recordó que el Gobierno Central es el encargado de la seguridad en el país.

“La Policía seguirá con nuestro apoyo, pero necesitamos resultados”, puntualizó.

El Gobierno Central declaró el estado de excepción en Guayas, Manabí y Esmeraldas en un afán por enfrentar la delincuencia. Además, decretó el toque de queda en las parroquias Pascuales y Ximena, de Guayaquil.

Viteri sostiene que el Gobierno carece de un plan para enfrentar la inseguridad y que le “falta decisión” para combatirla.

La Alcaldesa denunció que varios contratistas del Municipio son extorsionados por bandas delincuenciales. “A los contratistas les cobran ‘vacunas’ para dejarlos hacer obras en sectores populares”, puntualizó.

Fuente: El Comercio.