Días después de haber votado a favor del informe del Caso Encuentro, cual recomienda pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, una fracción del bloque de Izquierda Democrática cambió de postura.
Un Tribunal de Pichincha inició la instrucción fiscal contra Édison Fernando I. V., principal sospechoso del femicidio de su pareja, Ruth Katherin S., de 27 años. El tribunal ordenó la medida cautelar de prisión preventiva para el hombre, la cual fue solicitada y motivada por la Fiscalía General del Estado.
El procesado habría golpeado a la víctima hasta quitarle la vida. Esa fue la teoría expuesta por la fiscal Nadia Proaño, durante la audiencia de calificación de flagrancia, desarrollada entre la noche del lunes 6 de marzo y la madrugada del martes 7 de marzo de 2023.
Los hechos, según el parte policial que llegó a conocimiento de Fiscalía, se registraron el lunes 6 de marzo de 2023, en el sector de La Argelia, en el sur de Quito.
El informe de la autopsia médico-legal determinó que la mujer falleció por una hemorragia cerebral, derivada de un trauma craneoencefálico por golpe con objeto contundente.
La fiscal Nadia Proaño dijo que, según la versión rendida por los padres de la mujer, ella era víctima de reiteradas agresiones por parte de su pareja sentimental. Pero no se atrevió a denunciarlo por miedo.
La versión del primo de Édison Fernando I. V. también fue presentada como uno de los elementos de convicción en la audiencia de calificación de flagrancia. Él narró que la madrugada de este 6 de marzo escuchó que la pareja discutía y que los gritos inquietaron a los perros del barrio, que comenzaron a ladrar.
Tras el presunto femicidio, el procesado pidió ayuda a su primo. Luego de confirmar que la víctima no tenía signos vitales, ambos la trasladaron hasta el hospital en un vehículo particular.
La Fiscal, motivada en las circunstancias del hecho y en los elementos recabados para formular cargos, solicitó a la Jueza de la Unidad de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar la prisión preventiva del procesado. El pedido fue aceptado por cumplirse los requisitos del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La instrucción fiscal en esta causa durará 30 días.
El delito de femicidio está tipificado en el artículo 141 del COIP y se sanciona con pena privativa de libertad de 22 a 26 años.
La ciudadana Victoria Patiño, una de las participantes que continúa compitiendo en un reality de cocina, rompió el silencio el martes 7 de marzo de 2023 y se pronunció sobre las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se vincula a ella y a su familia en el caso Sinohydro.
La cartera de estado reveló que la familia de Conto Patiño junto a otros de los colaboradores de la empresa Recorsa recibieron USD 44 millones. Mientras que el resto de involucrados entre ellos el expresidente Lenín Moreno y su familia, junto a otros diplomáticos habrían recibido los otros USD 32 millones en coimas.
En el caso de Victoria, serían USD 200 000 aunque la participante del reality gastronómico aseguró que no se han presentado pruebas suficientes para vincularla en este caso.
“El que nada debe, nada teme. Por eso durante todo este proceso he estado acá dispuesta a afrontar cualquier cosa relacionada a esta investigación”, aseguró Patiño.
De igual manera, señaló: “ahora lo que más quiero es poder ver justicia. No solo en mi caso, sino en el caso de todos los ecuatorianos que se han sentido en esta posición porque no es nada fácil. A toda esta gente les mando un abrazo gigante”.
Según lo publicado por Fiscalía: Conto P. recibió USD 1 500 000, María Alexandra P. (hija) USD 20 millones, Xavier José M. (esposo de María auxiliadora) USD 3 500 000, Manuel Ignacio P. (hijo) USD 600 000, Francisco José Ch. USD 190 000, Juan Carlos P. (hijo) USD 700 000, USD 250 000 de Todernant LLC. (USA) y USD 12 000 de Todernant S.A. (EC).
Patricia de las Mercedes P. (hija) USD 100 000, Francisco Esteban E. USD 100 000, Juan Manuel D. ( esposo de la nieta, accionista) USD 900 000, Mónica Alexandra O. USD 400 000, Mauricio Xavier P. (esposo de sobrina) USD 190 000.
De igual forma Juan Cristobal S. (empleado de confianza Comercial Recorsa) USD 6 millones, Antonio Germánico S. (empleado de confianza Comercial Recorsa) USD 250 000, Mercedes del Pilar C. (secretaria de confianza Comercial Recorsa) USD 500 000, Pablo Honorio Z. (empleado de confianza Comercial Recorsa) USD 150 000, Ximena del Rocío D. (abogado Comercial Recorsa) USD 400 000.
Carlos Oswaldo A. (abogado Comercial Recorsa) USD 1 450 000 y USD 1 800 000 de Carfal Corporation, José Eduardo C. (abogado Comercial Recorsa) USD 2 600 000 (USD 1 millones de Recorsa y USD 1 600 000 de Anjes Finance), Mercedes del Pilar C. (secretaria de confianza Comercial Recorsa) USD 500 000 y Pablo Aníbal A. (empleado Novatex) USD 250 000.
Según la fiscal Salazar, los sobornos ocurrieron luego de identificar una empresa para hacerlo. Se eligió a una de las empresas de Conto Patiño: Comercial Recorsa.
Aquella sería la fachada empresarial, dijo la investigadora, y por eso se perfiló la razón social de la empresa, de manera que su actividad vaya alineada a la construcción de la obra pública. Por lo que sus accionistas ampliaron la oferta comercial de la misma.
Al tiempo, Patiño acudió a un banco en Panamá y abrió una cuenta en 2010. En ese trámite, Patiño Informó que los fondos que iba a recibir en esa cuenta provendrían del 4% del proyecto de construcción de la hidroeléctrica.
Una vez abierta la cuenta, Recorsa habría recibido unos USD 76 millones de Sinohydro. Mientras que otros USD 400 000 llegaron en la cuenta de Recorsa, empresa espejo en Panamá.
Fuente: El Comercio.
Con un retraso de dos horas se inició este miércoles 8 de marzo de 2023 la reunión de las mujeres de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en el Ágora de la Casa de las Culturas en Quito.
Algunas delegaciones demoraron en llegar porque viajaron desde todo el territorio nacional. Los dirigentes decidieron retrasar su agenda hasta que asistan todas las convocadas.
El primer punto fue la bienvenida a los representantes de todas las regiones. Con un ritual simbólico encendieron el fuego como muestra de rechazo a los enfrentamientos entre el pueblo y la policía de Perú, por la crisis que se vive en ese país.
También recordaron a Eduardo Mendúa, dirigente amazónico, que fue asesinado a tiros el 26 de febrero. “No escuchan nuestros pedidos. Nos matan”, reclamó una dirigente durante el ritual de inicio.
El segundo punto en la agenda del 8 de marzo, es una marcha hacia la Corte Constitucional. El reclamo es contra el Decreto 604 emitido por el presidente Guillermo Lasso el pasado 22 de noviembre de 2022.
Según Zenaida Yatzacama, vicepresidente de la Conaie, debe declararse la inconstitucionalidad del mismo. “Nos tratan como que fuéramos cosas”, reclama. Leonidas Iza, titular de la organización, suscribió esa opinión. “Usan a nuestros policías y militares como guardias privados”, enfatizó.
Su protesta es contra las actividades mineras y de extracción en el país. Para él, se trata de un decreto que significa un retroceso en sus derechos.La marcha hacia la Corte estaba prevista para las 09:30. Sin embargo, Yatzacama calculó que la salida se realizará alrededor de las 11:30.
En la tarde participarán en la marcha por el Día de la Mujer. Iza ratificó el compromiso de allanarse a lo planificado por los grupos feministas. Por ello que no intentarán llegar al Centro Histórico.
En Quito la marcha saldrá desde las 16:00 de la Plaza Indoamérica, en la Universidad Central del Ecuador (UCE). El recorrido avanzará por la avenida 10 de Agosto con pausas en el Seguro Social y en el Banco Central.
El objetivo no es llegar al Centro Histórico, sino retornar por la avenida Gran Colombia hasta la Asamblea Nacional para una nueva pausa. Finalmente, concluye en el parque El Arbolito donde habrá un espacio de encuentro, diálogo con micrófono abierto y festival musical.
Fuente: El Comercio.
Este miércoles 8 de marzo, el presidente Guillermo Lasso posesionó a Juan Pablo Ortiz como secretario Jurídico de la Presidencia de la República.
Además, titularizó a Eduardo Izaguirre como ministro de Agricultura y Ganadería, quien venía desempeñándose como encargado de esta cartera de Estado.
Ambas designaciones fueron oficializados mediante los decretos ejecutivos N°. 688 y 689, respectivamente, suscritos durante una ceremonia llevada a cabo en el Palacio de Carondelet.
Estos cambios, refuerzan el equipo de trabajo del Gobierno para buscar “la verdad, la legalidad y tener la mayor rigurosidad para poder tomar decisiones que beneficien al interés común de 18 millones de ecuatorianos”, enfatizó el Primer Mandatario.
Durante su intervención, se refirió al Ministerio de Agricultura y Ganadería como una de las instituciones más grandes y de mayor impacto en la sociedad. Por ello, señaló que se continuará con la hoja de ruta establecida para la institución con el fin de seguir impulsando los proyectos que ya estaban en marcha.
Concluyó su discurso enfatizando que cualquier disposición del Presidente de la República “estará enmarcada dentro de la ley, la ética y dentro de los principios que están direccionando el accionar de las instituciones, que es servir al interés común”.
Fuente: El Comercio.
