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La Policía Nacional informó este lunes 27 de marzo de 2023 que recuperó 15 camionetas del grupo de vehículos robados de una concesionaria en Quito.

Los automotores se encontraban en el sector de la Mitad del Mundo, en el ingreso a las canteras de San Antonio, en el norte del DMQ. 

En total fueron 23 vehículos sustraídos el pasado sábado 25 de marzo de bodegas localizadas en Calderón. En principio, se difundió que eran 24.

Sin embargo, este lunes 27 de marzo, el general Víctor Herrera, comandante del Distrito Metropolitano de Quito, corroboró a EL COMERCIO la cifra definitiva.

Del mismo modo, el Comandante señaló que el fin de semana se recuperaron seis automotores y este lunes, 15. Con lo que restan dos vehículos por ubicar.

Herrera indicó que es el primer hecho de ese tipo en Quito. Recordó que un caso similar ocurrió hace unos años en Manta.

A su vez, el Comandante del DMQ mencionó  que no podía adelantar datos sobre detenciones para no entorpecer el proceso investigativo que se encuentra en marcha.

Lo propio indicó sobre los detalles del delito. Preliminarmente, dijo, se sabe que ingresaron personas con armas de fuego. Aún no se puede corroborar de qué tipo.

Sobre el número de antisociales se presume que sería uno por cada vehículo. Sin embargo, las indagaciones continúan.

Este lunes 27 de marzo, la Fiscalía también confirmó que la investigación previa se encuentra en desarrollo.

La concesionaria Casabaca, a través de un comunicado, difundió que la noche del sábado se registró un “ataque delincuencial” en sus bodegas.

En 2022 se registraron 8 593 denuncias de autos robados, es decir, un promedio de 716 al mes.

En lo que va de 2023 ya se han reportado 1 714 autos robados en Ecuador. Una media mensual de 571, cantidad menor a la del 2022.

Teresa Nuques, jueza de la Corte Constitucional, presentó este lunes 27 de marzo del 2023 un proyecto de dictamen sobre el pedido de juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Abogados, organizaciones y gremios productivos enviaron escritos al organismo por esta causa.

El contenido del proyecto de dictamen aún se desconoce, pero la Jueza ya notificó de la conclusión de su trabajo al Pleno de la Corte y a las partes en horas de la mañana de este lunes. Con ello el presidente del organismo, Alí Lozada, deberá convocar al Pleno para una resolución.

Los plazos para el trámite de esta causa empezaron a correr desde que el viernes 24 de marzo del 2023, la Asamblea remitió a la Corte la solicitud de enjuiciamiento político y se realizó el sorteo de Nuques como jueza ponente. Del dictamen de admisibilidad dependerá si este proceso se archiva o si continúa su trámite en el Parlamento.

El procedimiento, que está previsto en el artículo 148 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es el siguiente:

Después de recibir la solicitud de la Asamblea, la Corte designó a la Jueza ponente el viernes 24 de marzo. Esto se dio en un sorteo público.

La jueza ponente, Teresa Núquez, tras el sorteo, tenía tres días para presentar el proyecto de dictamen. El plazo vencía este lunes 27, y la magistrada envió el documento en horas de la mañana.

El presidente de la Corte, Alí Lozada, deberá convocar al Pleno dentro de las 24 horas siguientes, tras recibir el proyecto.

Los nueve jueces del organismo tendrán que emitir su dictamen definitivo 48 horas después de entregado el proyecto. Eso quiere decir que hasta este jueves 30 habrá una decisión.

Para aprobar la resolución se requiere de los votos favorables de al menos seis de los nueve jueces (dos tercios del Pleno).

Si es favorable regresará a la Asamblea para la sustanciación del juicio político. Caso contrario se archivará.

Si los jueces no reúnen los votos para aprobar el proyecto, el Reglamento contempla el sorteo de un nuevo juez ponente entre quienes voten en contra y presente un nuevo texto para el Pleno.

"La jueza Nuques, como es habitual en nuestro funcionamiento colegiado, presentará una ponencia para que lo conozcamos los demás miembros de la Corte, pero finalmente será la Corte, los nueve jueces y juezas, quienes decidiremos sobre este caso", explicó en su momento el presidente del organismo, Alí Lozada.

Si pasa el filtro de la Corte, una posible censura y destitución del presidente Lasso dependerá de al menos 92 votos (mayoría calificada) en el Pleno de la Asamblea Nacional. En ese escenario, asumirá el cargo el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero.

Desde el sábado pasado hasta hoy, a la Corte Constitucional han ingresado varios "amicus curiae" o escritos de abogados en libre ejercicio, organizaciones y gremios empresariales a favor y en contra del juicio político contra Lasso. Además de los oficios remitidos por la Asamblea y el Jefe de Estado.

Entre ellos consta uno de la Confederación Intercultural Amaru, que denuncia que grupos políticos de la Asamblea que "pretenden tomarse el poder por asalto" detrás de esta causa. Y la Federación Nacional de Cámaras de Industrias que dice que los proponentes pretenden endilgar al Presidente presuntos delitos de concusión y peculado que no cometió.

En cambio, Unidad Popular pidió a la Corte que se dé paso al enjuiciamiento político de Lasso, a quien responsabilizan de los problemas que atraviesa el país. Mientras, un abogado y asesor legislativo pidió a la Corte que la audiencia sea pública para la votación del dictamen.

Un deslave de enormes proporciones ocurrido la noche del domingo en Alausí, provincia de Chimborazo, ha dejado al menos 16 personas fallecidas, 16 heridos y siete desaparecidos. Las autoridades gubernamentales se movilizaron rápidamente al lugar de la tragedia, para atender a las víctimas y evaluar los daños causados por el alud.

El ministro de Transporte, Darío Herrera, quien se encontraba entre los primeros en llegar a Alausí, reconoció que se trataba de una "terrible tragedia", y que lo prioritario era atender a las personas y evacuarlas de las viviendas afectadas por el deslave. La falta de energía eléctrica ha complicado el rescate de las personas atrapadas.

Las primeras imágenes que han trascendido en las primeras horas del lunes muestran la magnitud de la tragedia, que según informes de la Secretaría de Riesgos, podría haber sido evitada. Desde febrero de 2023, se había advertido del peligro que representaban los derrumbes para las carreteras de la zona, y se había declarado una alerta amarilla en una zona de 247 hectáreas en Alausí, debido a la alta susceptibilidad a movimientos en masa.

Las autoridades han movilizado ayuda desde distintos cantones y entidades para la atención de las víctimas y la evaluación de las pérdidas, mientras que continúan las labores de rescate en la zona afectada por el deslave.

La Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) y la de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) respaldan a la Unión Nacional de Educadores (UNE), que pedirá el juicio político contra la ministra de Educación, María Brown. Los gremios confirmaron este jueves 23 de marzo de 2023 que se sumarán a la movilización del sábado 25.

Isabel Vargas, presidenta de la UNE, reiteró la convocatoria a la movilización programada para el sábado 25 de marzo, en Quito, durante una rueda de prensa.

La convocatoria, denominada como la 'toma de Quito', espera la presencia de las delegaciones provinciales de la UNE. Se concentrarán a las 10:00 en los exteriores de la Caja del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Luego, se dirigirán a la Asamblea Nacional donde Vargas entregará el pedido con las causales para que los legisladores tramiten el juicio político en contra de la ministra Brown. El 22 de marzo Vargas ingresó una solicitud para que los legisladores le reciban el sábado.

“La FESE se suma a la movilización convocada por la UNE, contra el Reglamento inconsulto, por el juicio político de Guillermo Lasso y de Brown”, declaró Dayana Basantes, presidenta de la Federación.

Para Alex Jiménez, secretario de la FEUE, falta fortalecer la educación pública y un presupuesto “digno” para una preparación de calidad. “Por eso apoyamos la marcha y hago una invitación a los estudiantes, a que salgamos a defender nuestro derecho”, manifestó. Se estima que alumnos de distintas provincias se den cita en la capital para participar en la marcha.

La UNE, la FESE y la FEUE consideran que hay motivos por los que Brown debe ser enjuiciada políticamente.

La movilización se adopta “frente a la incapacidad de este Gobierno, de no atender al sistema educativo, y una clara muestra es la emisión de un Reglamento que significa regresión de derechos”, sostuvo la dirigente.

La UNE dice que en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) no constan algunos temas necesarios y se violan los derechos de los docentes en otros. La normativa se publicó en el Registro Oficial el 22 de febrero de 2023.

El Ministerio de Educación, en un comunicado anterior, informó que desde febrero desarrolla el proceso Educa Empleo. En él se ofertaron 442 partidas en diferentes especialidades, conforme a la necesidad del sistema de educación.

Con el fin de continuar con el cierre de la brecha docente, se incorporarán cerca de 5 000 docentes durante el 2023 y 2024. Existe un cronograma para este proceso. La inscripción en la Costa se inició el 17 de marzo y en abril será la incorporación de docentes. En la Sierra la inscripción será desde el 20 de julio y la incorporación será en agosto de este año.

Pero la UNE señaló que existen más de 74 000 docentes aptos y elegibles, a quienes se los busca dejar fuera de la evaluación práctica (clase demostrativa) mediante requisitos por fuera de la Ley.

Basantes se refirió a la violencia sexual en las aulas. La dirigente dijo que 2022 se cerró con 22 casos de violencia y otros 60 que no fueron denunciados.

Para la Presidenta de la UNE, “las respuestas de las autoridades siguen siendo negligentes y escasas”. Aseguró que no hay protocolos sobre violencia sexual o salud mental en el Reglamento.

Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, dijo que se espera la participación de padres de familia en la movilización porque entre las exigencias está el que se garantice la seguridad de estudiantes y docentes.

El representante contó que, hace tres semanas, gente relacionada a la delincuencia ingresó en el Colegio Benito Juárez, en el sur de Quito, y amenazaron con metralletas. La situación preocupa porque buscaban a alguna persona dentro del establecimiento, “el problema no está solo en las calles”, sostuvo.