El proceso de revocatoria del mandato se ha convertido en un nuevo desafío para el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, luego de que el TCE aprobara la entrega de formularios para la recolección de firmas. La iniciativa, liderada por Néstor Marroquín, argumenta que Muñoz habría incumplido sus funciones al hacer campaña política a favor de Luisa González en 2023.

Según el Código de la Democracia, los promotores de la revocatoria deben recolectar el 10% del padrón electoral de Quito, es decir, 205.000 firmas. De aprobarse, el CNE convocaría a elecciones para que la ciudadanía decida si el alcalde sigue en funciones.

Cuatro exalcaldes de Quito compartieron su análisis sobre la posible revocatoria de Muñoz:

📌 Roque Sevilla (1998-2000):
Cree que este proceso genera inestabilidad, aunque también podría servir como llamada de atención para mejorar la gestión municipal. Destaca la baja ejecución presupuestaria y la falta de obra pública en zonas rurales.

📌 Paco Moncayo (2000-2009):
Resalta que el principal problema es que los alcaldes se deben a sus partidos políticos en lugar de gobernar para la ciudad. Considera que la revocatoria es una llamada de atención para que Muñoz trabaje para los quiteños y no para su movimiento político.

📌 Jorge Yunda (2019-2021):
Critica que procesos como este distren a los alcaldes de problemas urgentes como la inseguridad y el desempleo. Defiende que las elecciones son el único mecanismo legítimo para cambiar de autoridades, salvo casos graves con sentencia penal.

📌 Augusto Barrera (2009-2014):
Señala que la revocatoria no es un mecanismo para evaluar la gestión, sino una herramienta para sancionar el incumplimiento del plan de gobierno. Advierte que este proceso podría paralizar la ciudad por al menos un año, debilitando el liderazgo municipal.

En las próximas semanas, el CNE deberá definir el calendario para la recolección de firmas, mientras que Muñoz enfrenta una creciente presión política.