MINISTERIO DE DEFENSA AUMENTA GASTO EN 2024, DETALLES OCULTOS
- By MarceloToapanta
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En 2024, el Ministerio de Defensa de Ecuador registró un aumento significativo en su presupuesto, alcanzando los USD 1.621,8 millones, lo que representa un incremento del 13,34% en comparación con el año anterior. Este aumento se produjo en un contexto de medidas excepcionales, pues toda la información sobre las compras y contrataciones fue clasificada como reservada
El gasto en defensa incluye diversas categorías como la adquisición de equipo, construcción de infraestructura, capacitación y operaciones. Sin embargo, los detalles específicos sobre estos gastos no están disponibles para el público debido a la clasificación de la información como reservada por un período de diez años, según la Resolución 038 firmada por el Ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, el 26 de marzo de 2024.
Esta medida de reserva se adoptó tras una serie de eventos violentos a principios de 2024, que llevaron al presidente Daniel Noboa a declarar un conflicto armado interno. Desde entonces, las Fuerzas Armadas han tenido un rol más activo en la seguridad interna del país, lo que ha justificado, según el gobierno, la necesidad de mayor discreción en los gastos militares.
Actualmente, el proceso de contratación pública para las necesidades militares se realiza bajo un régimen especial, que permite omitir la publicación de los procesos en el sistema oficial de compras públicas del país. Este cambio ha llevado a una falta de transparencia en cuanto a cómo se gastan los fondos públicos en el sector defensa, provocando preocupaciones sobre la gestión y eficiencia de los recursos.
Entre los pocos datos disponibles, se destaca una compra problemática de chalecos y cascos balísticos a High-End Defense Solutions, una empresa que luego fue declarada incumplida. Este y otros incidentes resaltan los riesgos de la falta de transparencia en las compras militares.
El incremento del gasto en defensa refleja no solo una priorización de la seguridad nacional sino también plantea interrogantes sobre la fiscalización y la rendición de cuentas en un sector tan crítico. Con el debate sobre la eficacia y ética de esta opacidad, se esperan más discusiones sobre cómo equilibrar seguridad, transparencia y responsabilidad gubernamental.