En marzo de 2022, el equipo de la científica Gunda Georg anunció un hallazgo que podría revolucionar la farmacología de los anticonceptivos.

Revolucionario porque permitiría químicamente compartir a los hombres la responsabilidad de la fertilidad, algo que las nuevas generaciones admiten que quieren hacer.  

Georg logró desarrollar el compuesto químico YCT529, por ahora un nombre poco ‘sexy’, pero que inhibe la producción de espermatozoides. Es decir, limita las proteínas involucradas en la generación de estas células masculinas, encargadas de fecundar el óvulo. 

Por el momento, se logró una respuesta en ratones de laboratorio, y los primeros ensayos son prometedores a tal punto que la Sociedad Americana de Fármacos (American Chemical Society) iniciará pruebas clínicas en humanos a finales de año.  

La Sociedad, autoridad mundial en el desarrollo de fármacos, estima que si las pruebas en humanos son exitosas en cuatro o cinco meses, la píldora masculina estaría en el mercado. 

Los anteriores anticonceptivos atacaban directamente a la testosterona, hormona masculina asociada con la virilidad. Además, provocaban varias reacciones como acné, trastornos de ánimo y el más importante, cambios en la libido.  Este último efecto secundario fue la razón para que en 2016 un comité independiente de científicos rechazara un anticonceptivo que combinaba la píldora femenina con la testosterona. El argumento fue que “los riesgos sobrepasaban sus potenciales beneficios”.  

Otros dos intentos de píldoras masculinas ocurrieron en 2018 y 2019 y en ambos casos eran fármacos hormonales. 

La novedad del fármaco creado por la investigadora Gunda Georg es que no es hormonal, y no inhibe las hormonas masculinas, principalmente la testosterona.  

Dentro de las opciones de control para los varones están los condones y la vasectomía, que aunque reversible, es una cirugía costosa y no siempre garantiza que no se produzca un embarazo. 

Fuente: Primicias. 

Desde el 2 de febrero de 2022, cuando la ministra de Educación, María Brown, anunció que 162 instituciones educativas no estaban listas para retornar a clases presenciales, pocos han sido los avances para su remodelación. De esos 162 planteles, 145 siguen en la lista para ser intervenidas, es decir el 89,5%, confirmó el subsecretario de Administración Escolar, Juan Gabriel Casañas.

En diálogo con PRIMICIAS, Casañas manifestó que 62 de las 145 instituciones educativas no aptas para recibir a los estudiantes están en Esmeraldas. La segunda gran parte está en Los Ríos (35) y 29 solo en Guayaquil.

Esto genera preocupación en los padres de familia, a una semana y media, exactamente el 6 de mayo, del retorno a clases presenciales en el ciclo Costa y Galápagos, según lo fijó el mismo ministerio. 

El 21 de febrero, el Ministerio de Educación anunció que los más de 4,3 millones de estudiantes de primaria y secundaria del país volverán a clases presenciales. De estos, aproximadamente 59.000 estudian en los 145 planteles a reparar. 

PRIMICIAS buscó el listado a través de la página web del Ministerio, información que según la ministra Brown sería pública. No obstante, dicha lista no está publicada y la entidad no la facilitó. 

"Ya estamos haciendo mantenimiento, van mejorando sus condiciones y van saliendo del listado. Pero otras pueden ingresar por invierno o emergencia", explicó. 

Los principales daños que presentan estas 145 instituciones educativas están en cubiertas, techos, sistemas hidrosanitarios, afectaciones eléctricas, en infraestructura e incluso algunas fueron vandalizadas. En este último grupo se encuentra la Unidad Educativa Fausto Misael Olalla Gaybor. 

"Se robaron los techos, las puertas, las ventanas y el equipamiento mobiliario (pupitres), lo único que nos han quedado son los cimientos, las columnas de las paredes", indicó. De allí que requiere una intervención mayor. En este plantel de Babahoyo estudian 800 alumnos. 

Sobre la seguridad, el subsecretario dijo que es un trabajo de varios actores y que el mayor resguardo lo hace la comunidad educativa. Algunas tienen servicio de seguridad cubierto por el Ministerio de Educación, pero este no es el caso. Los robos fueron progresivos y al momento se levanta información para que pueda estar a punto. Sin embargo, no hay fecha plazo para su rehabilitación.

La realidad en cada unidad educativa es diferente. Hay unas que requieren un mantenimiento mayor o integral, "no de una o dos semanas, sino de tres, cuatro o hasta seis meses, dependiendo de la gravedad", dijo el subsecretario.

El Ministerio diseñó un plan de contingencia mientras la intervención avanza. Además, la entidad descarta completamente tener estudiantes en modalidad virtual. 

Casañas resaltó el programa "Apadrine una escuela", que recibe el apoyo de la empresa privada en temas de alimentación y útiles escolares, infraestructura y equipamiento. Más de 100 escuelas han sido intervenidas bajo esta modalidad. 

Además del convenio con el Municipio de Guayaquil, mediante el cual se reparan 30 planteles, el Ministerio mantiene convenios de cooperación con los GAD de Mejía, Santa Elena, Puerto López y otros de la Amazonia. Producto de esta cooperación, la institución ha recibido USD 20 millones, que se suman a los USD 140 millones que dispone el ministerio para mantenimiento de infraestructura durante 2022. 

También trabajan en la contratación de siete nuevas unidades educativas: dos en Los Ríos, dos en Bolívar y tres en Cayambe. En Ecuador hay 12.383 planteles, 9.426 pertenecen a la región Costa y 7.569 son fiscales.

Fuente: Primicias.

La Jueza de Manglaralto fue suspendida por el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ). La magistrada Érika Moriel obtuvo una sanción de 90 días. Este hecho se conoció este lunes 25 de abril del 2022.  

Según la entidad, esa medida preventiva de suspensión se dio por una presunta infracción gravísima. El presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, fue quien presentó una denuncia contra esa magistrada.  

Esa queja se presentó porque ella aceptó un recurso de habeas corpus a favor de ciudadano holandés y ordenó su inmediata libertad.  

El detenido tenía difusión roja de Interpol (Policía Internacional), pues es requerido en los Países Bajos, por el delito de tráfico de drogas.  

De hecho, Saquicela solicitó, el jueves 21 de abril de 2022, una investigación a la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura por la concesión de ese recurso constitucional a favor del holandés.   

La Corte Nacional aseguró que esa jueza carece de competencia, “puesto que el ciudadano es requerido por los Países Bajos en un trámite de extradición por tráfico de drogas y estaba privado de su libertad a órdenes del presidente Iván Saquicela”.   Por ese motivo la Jueza de Manglaralto fue suspendida.

Al día siguiente, la Judicatura anunció que la Dirección de Transparencia de esa entidad abrió una investigación contra esa magistrada de Manglaralto (Santa Elena). 

La Dirección de Transparencia de la Judicatura “verifica si existieron o no posibles irregularidades en el ingreso y conocimiento de los recursos de habeas corpus”, indicó la entidad el 22 de abril del 2022. 

El CJ también abrió una indagación contra el magistrado Diego Moscoso, quien otorgó el habeas corpus a Jorge Glas. Con ese recurso constitucional, el exvicepresidente salió de la Cárcel de Cotopaxi.   

Fuente: El Comercio.

Víctor Salinas, comisario Municipal de Latacunga, manifestó que desde la dirección de Servicios Públicos de la municipalidad le entregaron un informe detallado sobre la existencia de comerciantes formales laborando informalmente, razón por la cual tomará algunas medidas pertinentes desde mayo. 

Comentó que los operativos de control serán más estrictos y, si tienen que retener producto, lo harán. “Algunos comerciantes piensan que el espacio público les pertenece y no es así, el espacio público es para los peatones, para que transiten de manera libre, porque al bajarse de la acera pueden ser víctimas de un accidente de tránsito”, aseveró. 

Salinas dijo que, según el informe de la Dirección de Servicios Públicos, se establece que los comerciantes catastrados  que estén realizando comercio informal, serán desvinculados y su pusto quedará vacante para una persona que desee realizar la actividad comercial de manera regulada. 

“No podemos permitir que los mismos comerciantes del Mercado Mayorista, Centro Comercial Popular y Mercado Cerrado realicen ese tipo de ventas de manera desleal causando afectación a sus propios compañeros. Como autoridades debemos velar para que se cumpla con las ordenanzas establecidas”. 

El comercio informal lo controlan desde la avenida 5 de junio, Marco Aurelio Subía, en la avenida Amazonas y centro de la ciudad de Latacunga, donde existen aglomeración debido a esta actvidad. 

La oferta comercial informal en los exteriores del Mercado de Latacunga ofrece un sin número de productos de toda clase, desde frutas y legumbres, accesorios, celulares y audífonos, interiores, medias, zapatos, ropa, gorra, entre otros productos.

Fuente: La Gaceta.

Una mujer fue aprehendida en la provincia de Santa Elena, en la Costa del Ecuador, por intentar vender a su hija por un monto de USD 400 en redes sociales. La menor tiene dos años y cuatro meses de edad.

La Policía Nacional informó la noche del domingo 24 de abril de 2022 que la madre fue detenida “por delito de trata de personas, en el grado de tentativa”.

De acuerdo con información preliminar, la mujer “habría ofertado en redes sociales la venta de su hija menor de edad“.

Agentes de la Policía llevaron a la madre detenida y brindaron asistencia a la niña, quien fue rescatada luego de identificar las intenciones de la mujer.

La trata de personas es un delito en el Ecuador. El artículo 91 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala que: “La captación, transportación, traslado, entrega, acogida o recepción para sí o para un tercero, de una o más personas, ya sea dentro del país o desde o hacia otros países con fines de explotación, constituye delito de trata de personas”.

Constituye explotación, toda actividad de la que resulte un provecho material o económico, una ventaja inmaterial o cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero, mediante el sometimiento de una persona o la imposición de condiciones de vida o de trabajo, obtenidos de:

• La extracción o comercialización ilegal de órganos, tejidos, fluidos o material genético de personas vivas, incluido el turismo para la donación o trasplante de órganos.
• La explotación sexual de personas incluida la prostitución forzada, el turismo sexual y la pornografía infantil.
• La explotación laboral, incluido el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y el trabajo infantil.
• Promesa de matrimonio o unión de hecho servil, incluida la unión de hecho precoz, arreglada, como indemnización o transacción, temporal o para fines de procreación.
• La adopción ilegal de niñas, niños y adolescentes.
• La mendicidad.
• Reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el cometimiento de actos penados por la ley.
• Cualquier otra modalidad de explotación.

Según el COIP, el delito de trata de personas, se sanciona con entre los 13 hasta 26 años de privación de libertad.

Fuente: El Comercio.

Desde 2019, seis líderes de las organizaciones criminales Los Lobos, Los Tiguerones y Chone Killers han recibido importantes rebajas de sus penas o han sido sobreseídos y liberados con artilugios judiciales. 

Esto pese a que en la lista de delitos que cometieron se cuentan el asesinato, la asociación ilícita y hasta la delincuencia organizada. Se trata de: 

Wilmer Chavarría Barré, alias ‘Pipo’, quien fue procesado por robo (seis procesos) y asesinato, por lo que recibió una sentencia de 25 años de prisión. El 31 de octubre de 2018, recibió el beneficio de la prelibertad, firmado por un juez de Guayaquil, por haber cumplido el 52,8% de su condena.

Ángel Aguilar, alias ‘Lobo Menor’, identificado como uno de los principales cabecillas de Los Lobos. Fue Sentenciado en 2014 a 20 años de cárcel por el asesinato de Juan Antonio Serrano Salgado, en Cuenca, y permaneció en cárcel de Cotopaxi hasta el 25 de enero de 2022, cuando fue liberado por disposición de un juez de Latacunga, que le concedió la prelibertad y dispuso su presentación periódica en Quito, a donde ha acudido en ocho ocasiones.

William Alcívar Bautista, alias ‘Negro Willie’, cabecilla de Los Tiguerones. Sentenciado por asesinato en 2017, dos años después fue sobreseído por una jueza de Esmeraldas.

Antonio Camacho, alias ‘Ben 10’, líder de Los Chone Killers, quien fue sentenciado en siete procesos judiciales desde el 2011, por tentativa de asesinato, tenencia ilegal de armas, asociación ilícita, dos asesinatos, asociación ilícita y delincuencia organizada, en 2017. No obstante, el 21 de mayo de 2021, ‘Ben 10’ fue liberado de la cárcel regional de Guayas. Salió con una boleta de excarcelación suscrita por un juez de la Sala de lo Penal del Guayas, quien le revocó la sentencia de 25 años de reclusión por asesinato.

Terry Camacho, alias ‘Trompudo Israel’, cabecilla de Los Chone Killers, tenía sentencias en siete juicios resueltos entre 2009 y 2017, por tentativa de asesinato, tenencia ilegal de armas, cuatro asesinatos y asociación ilícita. Estuvo recluido en las cárceles regionales de Turi, Cotopaxi y Guayas; en la Penitenciaría del Litoral lideraba las actividades ilícitas en el pabellón 2, donde mandan los Chone Killers. En la cárcel de Turi, fue liberado mediante boleta de excarcelación, luego de la revocatoria de una sentencia condenatoria, por un recurso favorable de revisión, concedido por un juez de la Sala de lo Penal, de la Corte Nacional de justicia. A pesar de cumplir otra sentencia de 16 años por asesinato, no fue un obstáculo para su libertad.

Álex Alcívar Bautista, alias ‘Ronco’, cabecilla de Los Tiguerones, fue detenido por robo y delincuencia organizada. En octubre de 2021, un juez de Santo Domingo le concedió el beneficio de régimen semiabierto (prelibertad), por lo cual fue liberado. Hasta la presente fecha se ha presentado a cumplir la medida sustitutiva de acudir a la cárcel de Santo Domingo tres veces, pero no ha acudido en otras tres ocasiones, argumentando que estaba enfermo y presentando certificados médicos.

La semana anterior, Junior Roldán, líder de Los Choneros, quien enfrenta una sentencia de 25 años por asesinato, presentó sucesivamente tres habeas corpus, buscando ser liberado por razones de salud. Hasta que un juez de Guayas le concedió el pedido de arresto domiciliario, por sus supuestos problemas de salud y lo envió a su casa en El Triunfo y sin un grillete electrónico para vigilar sus movimientos. 

Tras conocer la decisión del juez, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) anunció 23 de abril que apelará. No obstante, en otros casos de internos con enfermedades mucho más graves, los funcionarios del Ministerio de Salud se han opuesto a que reciban tratamiento por fuera de las prisiones. Muestra de ello es el caso de los hermanos Carlos y Geovanny Doha, de 42 y 40 años, que padecen hipertensión, diabetes crónica y otras enfermedades. 

En diciembre de 2021, la jueza de garantías penitenciarias, Carmen Mendoza, les concedió el habeas corpus correctivo para ser atendidos fuera de la Penitenciaría de Litoral, donde están detenidos sin sentencia desde julio pasado. Pese a todas las evidencias y certificados de varios médicos, las autoridades de Salud se han opuesto a su salida, alegando que sí cuentan con la atención apropiada en prisión.

El abuso de recursos legales frente delitos especialmente graves, como crímenes y narcotráfico, se ampara en todo un andamiaje de garantías que comenzó a levantarse desde 2008, en el gobierno de Rafael Correa, con la Constitución, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y otras normas. 

Lo que incluye un último pronunciamiento de la Corte Constitucional, en 2021, según coinciden varios juristas consultados por PRIMICIAS. Precisamente por eso, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, explicó a PRIMICIAS que una salida para frenar el uso excesivo de recursos judiciales pasa por un pronunciamiento de la Corte Constitucional. 

“Es importante que la jurisprudencia constitucional, que es atribución de la Corte Constitucional, delimite recursos como el habeas corpus y la acción de protección”, dice. 

Para el magistrado, ambas son instituciones jurídico-constitucionales distintas y en ambas hay problemas. “Es fundamental que la Corte pueda delimitar sus alcances. Seamos más concretos. Qué se puede hacer, hasta dónde llega, qué no se puede hacer con el habeas corpus, cuál es el juez competente”.

Desde 2021 hasta abril se han presentado 1.312 recursos de habeas corpus de presos sentenciados o procesados. Los jueces concedieron habeas corpus a 534 internos, según confirmó el director del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), Pablo Ramírez.

Hasta inicios de abril de 2022, cuando un juez penitenciario liberó al exvicepresidente Jorge Glas, otorgándole un habeas corpus, ninguna entidad estatal había articulado acciones concretas, coordinadas desde el Ejecutivo, para frenar el abuso de este recurso. 

El oficial explica que cuando ocurrió el caso de Glas identificaron un patrón: los directores de los centros carcelarios no informaban ni alertaban al SNAI sobre las acciones presentadas por peligrosos detenidos que acudían a audiencias.

Xavier Andrade, jurista y académico de la Universidad San Francisco (USFQ), resalta que sobre todo en estos casos, donde se presentan medidas alternativas, los jueces deben tener claro que estas no reforman, no revocan ni sustituyen la pena de cárcel, son temporales, no definitivas.

La pena de prisión, agrega Andrade, “es una restricción de derechos que siempre causa efectos obvios en la salud de los presos, ya que esa es su naturaleza, por eso el solo argumento de daño en la salud física o mental no es suficiente. Las sentencias de la Corte Constitucional son muy abiertas a la interpretación, su uso no debe violar el sentido común, la tolerancia y racionalidad”. Sin embargo, estas consideraciones jurídicas son pasadas por alto continuamente por algunos jueces, especialmente los de garantías penitenciarias.

Fuente: Primicias.