Cerca de las 12:30 de este martes 21 de junio del 2022, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) denunció que miembros de la Policía Nacional ingresaron sin autorización al campus de la sede matriz Quito, norte de la capital. Esto se dio en el contexto de las protestas que se realizan en las inmediaciones de esa institución de educación superior.

La Universidad Católica señaló que además se registran actos vandálicos contra las instalaciones por parte de manifestantes. En un comunicado, dice que destruyeron la puerta de ingreso al campus, ubicada en la avenida 12 de Octubre.

El artículo 355 de la Constitución garantiza la autonomía universitaria y la inviolabilidad de los recintos universitarios, dice el comunicado de la universidad. Además, la PUCE anunció que hará una evaluación de los daños ocasionados y tomará las acciones correspondientes.

“Hacemos un llamado a la paz y al diálogo con la finalidad de que cesen estos actos de violencia”, se lee en el comunicado de la Universidad Católica.

Este mismo mensaje consta en otro comunicado conjunto. Además de la PUCE, este fue firmado por los rectores de la UTE, UNAE, U. de Bolívar, U. de Cuenca, Unach, UTB, Flacso, U. de Santa Elena, U. de las Artes y Politécnica Nacional.

En el comunicado consta que las autoridades de esas universidades hacen un “enérgico llamado al diálogo, en el marco del respeto a los principios democráticos que regulan el sistema y la vida política del país. Lo exigimos como ciudadanos y responsables de instituciones de educación superior”.

Además, las universidades señalan que es imprescindible que las funciones ejecutiva y legislativa planteen salidas constitucionales, pacíficas y democráticas a la crisis que vive el país, en diálogo con los pueblos y nacionalidades indígenas y con las organizaciones sociales.

En el comunicado conjunto, las instituciones se solidarizan con las universidades de Cuenca, Politécnica Nacional y Salesiana. Aseguran que sufrieron atropellos y vulneración de su autonomía. Además, señalan que se solidarizan con los estudiantes que ejercen su legítimo derecho a la protesta pacífica y con las instituciones que prestan ayuda humanitaria en medio del paro.

Fuente: El Comercio.

Para la Policía Nacional la muerte de un manifestante en el sector del redondel de Collas fue un accidente.

El comandante general de la Policía, Fausto Salinas, explicó que el joven murió producto de las lesiones causadas al caer a una quebrada, durante la madrugada del pasado lunes. Junto al joven, dos personas más también cayeron.

En un comunicado, la Policía aclaró que sus actuaciones se enmarcan en el irrestricto respeto a los Derechos Humanos y que este tipo de casos son aislados, algo que fue ratificado por Wilson Pavón, comandante del Distrito Metropolitano de Quito.

Pavón enfatizó que “no tiene que ver con las actividades que la Policía Nacional se encontraba realizando en ese sector, en lo que a mantenimiento del orden se refiere”.

Reiteró que el fallecido es un hombre de 22 años que murió producto de las lesiones causadas por la caída. Según sus padres, no era un actor político ni pertenecía a ningún movimiento, solo estaba ahí para apoyar a la movilización indígena.

Fuente: Pichincha Comunicaciones.

La pérdida de producción petrolera nacional superó los 150 000 barriles de petróleo en el octavo día de manifestaciones, convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y otras organizaciones sociales.

Entre el 13 y 20 de junio se han cerrado 609 pozos petroleros, por lo que las pérdidas para el Estado llegan a USD 17 000 000, señaló el ministro de Energía, Xavier Vera, este martes 21 de junio, en una entrevista con esta Diario.

Hasta el lunes 20 de junio, había 237 pozos cerrados debido a las manifestaciones y la pérdida era de USD 7 6000 000. Es decir, entre el domingo 19 y el lunes 20 se perdieron USD 10 000 000.

Ayer (20 de junio) el gerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño, explicó que los pozos han sido apagados de manera segura por los propios trabajadores, frente a las amenazas de manifestantes que habían pretendido hacerlo por su propia cuenta, lo cual pudiera generar daños irreparables.

Las pérdidas para el Ecuador se seguirán incrementando. Hasta el domingo había 62 pozos cerrados, el lunes estaban cerrados 237 pozos y este martes llegaron a 609.  Durante la mañana de este martes se conoció que manifestantes se tomaron dos pozos petroleros más en Pacayacu, en Lago Agrio.

Fuente: El Comercio.

La Defensoría del Pueblo se sumó a los pedidos de diálogo que han emitido varias entidades. El defensor encargado César Córdova exhortó tanto al Gobierno como los líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) a “aceptar y definir de manera inmediata y urgente las propuestas para mediar y dialogar que han surgido desde varios sectores sociales”.

En un comunicado, la entidad señaló que la falta de concreción para ir a un diálogo y mediación produjo una tensión social “cada vez más aguda, que imposibilita el ejercicio de los derechos fundamentales”.

Además, reportó el fallecimiento de una persona y decenas de heridos y detenidos así como la polarización de las estructuras sociales y un incremento del racismo y aporofobia (rechazo al pobre). También se mencionó que hay desabastecimiento en las poblaciones a lo largo del país que amenaza con precarizar aún más las condiciones sociales de bienestar.

“Las características del conflicto social que vive el país avizoran que la única vía para encontrar una solución pacífica es el diálogo y el consenso. Ignorar esa realidad profundizará la responsabilidad de las eventuales violaciones de derechos que se prevé sucederán”, se añade.

Fuente: El Universo

La carta de Lasso dirigida a Salazar tiene fecha del 20 de junio, pero recién se hizo pública la tarde de este 21 de junio.

En esta, el mandatario le indica que el Gobierno “ha acogido gran parte” de la agenda presentada por la organización social, que tiene diez puntos, con medidas compensatorias que se anunciaron el 17 de junio pasado. “Pero estamos conscientes de que el proceso de solución de los problemas de un país es dinámico y por tanto estamos dispuestos a identificar en conjunto las mejores formas y vías para estas soluciones”.

La semana pasada, Esquel y otros grupos que son parte de la plataforma Diálogos Nacionales, Pacto Social por el Ecuador señalaron que era necesario crear “una comisión mediadora con la participación de las organizaciones de la sociedad civil que han venido impulsando el diálogo, organismos internacionales, los Gobiernos autónomos descentralizados, gremios y colegios profesionales, organizaciones de derechos humanos, iglesias y academia”.

“La condición esencial para el diálogo es la voluntad política de las partes sin condicionamiento alguno que no sea otro para actuar en democracia y la resolución eficaz de los conflictos, precautelar la vida de las personas y la convivencia pacífica. Es el momento para un diálogo auténtico, es decir, conducido por personas e instituciones con indiscutible credibilidad y experiencia, voceros y voceras calificados, que guíen un plan de trabajo consensuado, con reglas de juego claras, recursos comprometidos, mecanismos de seguimiento y monitoreo. Vamos a un diálogo serio, edificante y en el que nos sintamos ganadores todos los ecuatorianos y ecuatorianas”, indicó el colectivo.

En un conversatorio con medios, este 21 de junio, una Comisión Convocante integrada por más de 300 organizaciones de la sociedad civil invitó formalmente a las partes a un diálogo con la asistencia técnica de la Unión Europea en Ecuador y el sistema de Naciones Unidas.

Salazar indicó que dicha mesa trabajará en función de tres lineamientos: generar un espacio que permita canales para la solución de conflictos que se suscitan en el país, establecer un marco conceptual que permita encontrar posiciones, conduzca a un acuerdo de largo plazo y recoja intereses nacionales, e invitar tanto al Ejecutivo y como a la Conaie a las reuniones.

Ana Patricia Muñoz directora del Grupo Faro, informó que ya hay una metodología para que se inicie el diálogo: se realizarán conversaciones bilaterales con las dos partes y se establecerán las reglas de juego; se incluirán temas en los que estén de acuerdo ambas partes y, posteriormente, se crearán mesas de trabajo que incluyan procesos que permitan la consulta con las bases.

Al momento, estos grupos están a la expectativa de una respuesta de la Conaie.

Días atrás, también a través de una carta, Lasso le expuso a Iza todas las acciones que lleva adelante el Gobierno para atender sus diez pedidos, entre los cuales están la reducción de los precios de los combustibles, condonación y moratoria de deudas de los campesinos, el respeto a los derechos colectivos, el control de precios de los productos de primera necesidad, la moratoria en la explotación minera y otros.

Iza ha dicho que en las próximas horas le responderá a Lasso.

A la par de la iniciativa de este colectivo social, hay otras generadas desde otras instancias. Una de ellas es la Asamblea Nacional que la noche del pasado 20 de junio aprobó una resolución que, entre otros puntos, convoca a un diálogo entre las partes con intervención de organismos sociales, internacionales, Iglesia, universidades y gremios productivos.

La cita está convocada para la tarde de este 21 de junio, a las 16:30, de forma virtual.

Fuente: El Universo.

Luis Lara, ministro de Defensa, emitió este 21 de junio del 2022 un pronunciamiento desde la sede de la institución en la Recoleta. Advirtió que no permitirá que se rompa el orden constitucional porque detrás de la actividad violenta en las protestas está la mano del narcotráfico.

Lara declaró que la democracia de Ecuador “está en serio riesgo ante la acción concertada de personas exaltadas, que impiden la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos”.

“Ciudadanos, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y de las leyes de la República. Quiero ser enfático en señalar que las acciones de protesta social son legítimas, siempre y cuando no atenten contra las garantías y derechos de la mayoría de ciudadanos a vivir en paz”, expresó el Ministro de Defensa en una conferencia de prensa.

Sin mencionar a los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el Ministro dijo que hay “manipulación de la protesta social” por parte de quienes han rechazado el diálogo para imponer sus peticiones. En varios pronunciamientos, el líder indígena Leonidas Iza ha ratificado que su demanda es la concreción de los 10 pedidos.

Cuando los derechos son vulnerados, como el de libre circulación, y hay grupos que atacan a otros ciudadanos, según Lara, es cuando el Estado debe tomar acciones para recobrar la normalidad y restablecer la paz. El funcionario no puntualizó qué tipo de acciones se prevé.

Desde la dirigencia de la Conaie, la noche del 20 de junio, Iza responsabilizó al presidente Guillermo Lasso por “resolver las demandas del movimiento indígena a partir de la aplicación de la fuerza militar. El espíritu belicista no lo va resolver”.

Con la presencia de personal de la Unidad del Mantenimiento del Orden en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, “tomado el parque El Arbolito y tomadas las Universidades”, Iza cree que el Gobierno optó por “una actitud que no es nada democrática”.

La decisión de los manifestantes es “mantenernos en la lucha”, pero “jamás enfrentaremos pueblo contra pueblo”, afirmó el líder indígena al invitar a sus bases que se encuentran en Quito a que esa lucha “no sea mancillada por el vandalismo o la delincuencia”.

El Ministro, en cambio, señaló que, sobre la base de los hechos de octubre del 2019, “ya no procede la excusa de que son otros los violentos, si en cada protesta social se infiltran personas que destruyen los bienes públicos y privados”.

Añadió que “es evidente que actúan con consentimiento de quienes organizan las movilizaciones. Voy a ser frontal. Esta actividad violenta y criminal no ayudan a reivindicaciones sociales, al contrario, las perjudican”.

Para Lara, detrás de los actos violentos está “la mano del narcotráfico y la delincuencia organizada”. Por ello, convocó a los ciudadanos a una unidad nacional, la defensa activa de la paz y la democracia.

Fuente: El Comercio.