La orden judicial de congelar las cuentas bancarias del Estado ecuatoriano en Luxemburgo podría complicar los pagos de intereses que debe hacer Ecuador a los inversionistas que compraron bonos ecuatorianos en el mercado internacional.
Con la solicitud de congelamiento, también conocida como “attachment” o embargo, la petrolera anglo-francesa Perenco está presionando a Ecuador para que pague los USD 391 millones tras un laudo arbitral internacional a su favor y que no ha cumplido desde julio de 2021.
Según el Ministerio de Finanzas, hasta las 16:00 del 1 de agosto de 2022, las autoridades judiciales de la nación europea no habían notificado el congelamiento de las cuentas.
El gobierno, además, ratificó que pagará esta deuda vencida, pero no especificó cuando.
En 2020, Ecuador reestructuró su deuda en bonos, con la emisión de USD 17.707 millones en nuevos títulos, con condiciones más favorables y que vencen en 2030, 2035 y 2040.
Estos papeles están registrados en la Bolsa de Luxemburgo. Aunque está previsto que el pago del capital de ese tramo de deuda se cumpla en 2030, Ecuador paga los intereses desde 2021, a través de la banca de ese país europeo.
Una parte de los intereses debía cubrirse hasta el 31 de julio de 2022. Varios tenedores de bonos confirmaron que recibieron el pago, según Reuters.
Según Finanzas, entre enero y julio de 2022, Ecuador pagó USD 307 millones de los USD 310 millones que presupuestó para todo 2022, por concepto de intereses de bonos internacionales.
En lo que queda de 2022 se debe pagar todavía alrededor de USD 3 millones de intereses. Una parte de ese dinero se debe desembolsar en agosto y otra en diciembre.
Un congelamiento de cuentas en los bancos de Luxemburgo podría retrasar el pago de los intereses de bonos de Ecuador, explica Santiago Mosquera, jefe de investigaciones de la firma Analytica.
Sin embargo, el Estado tiene un período de gracia de 30 días, contados a partir del día que vence el cupón de interés, añade Mosquera.
Si los intereses no se pagan en plazo previsto con el mes de gracia, Ecuador entraría en default o moratoria de deuda y su calificación de riesgo se degradaría.
“No creo que Ecuador se arriesgue a enfrentar ese escenario, debería pagar cuanto antes”, dice.
En 2012, sucedió algo similar con una deuda de Argentina, explica Álvaro Galindo, decano de la Facultad de Derecho de la UDLA.
El fondo de inversión NML Capital pidió la retención de una fragata argentina que estaba en un puerto de Ghana, en África, para presionar al estado argentino que pague la deuda que cayó en default en 2001.
En julio de 2021, el Gobierno Central dijo que buscaba un convenio de pago con la petrolera anglo-francesa.
Pero, según Reuters, Perenco no ha recibido un solo pago del Estado.
Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, explica que el gobierno tenía recursos para pagar, al menos, una parte de esa deuda.
En el Presupuesto del Estado de 2022, el Ministerio de Finanzas asignó USD 281,9 millones para laudos y sentencias nacionales e internacionales. Hasta julio de 2022 se habían gastado USD 50 millones.
El nerviosismo de los mercados se reflejó en el indicador de riesgo país, que subió de 1.336 puntos el 29 de julio a 1.454 puntos el 1 de agosto; es decir, un salto de 118 puntos.
Alejandro Arreaza, economista para la región andina del banco inglés Barclays, dice que es difícil entender por qué Ecuador no ha pagado la deuda con Perenco, si en 2021 ya anunció que honraría ese compromiso.
Con el aumento del indicador de riesgo país, Ecuador tendría que pagar un interés más alto si busca financiamiento a través de bonos, de alrededor de 16%.
Tras el anuncio de la orden de congelamiento, los precios de los bonos del Ecuador que se negocian en el mercado secundario cayeron de precio.
El precio de los bonos que vencen en 2030 cayó 2,1 puntos porcentuales el 1 de agosto de 2022 frente a la jornada anterior.
Mientras tanto, el precio de los que vence en 2035 cayó 2,8 puntos. Y los bonos con vencimiento en 2040 cayeron 2,1 puntos.
Cuando los bonos caen de precio significa que la deuda es percibida como más riesgosa, pues los inversionistas temen que el Estado no pague.
Fuente: Primicias.
