Los procesos por sobornos relacionados con el caso Isspol avanzan en Estados Unidos. Ya se dictó una orden preliminar de incautación por $ 1,39 millones contra John Luzuriaga Aguinaga, el exdirector de Riesgos del Instituto de Seguridad Social de la Policía, procesado en Miami.
La jueza Kathleen Williams firmó la orden el viernes pasado atendiendo el pedido de los fiscales, quienes acusaron a Luzuriaga de haber recibido $ 1,39 millones en sobornos por parte del intermediario financiero del Grupo IBCorp, Jorge Chérrez Miño. Este también es procesado en este caso, pero está prófugo y tiene una orden de la Interpol porque es buscado por las autoridades ecuatorianas.
Según los fiscales, las coimas al exdirector de Riesgos del Isspol, que ya se ha declarado culpable, se pagaron de tres maneras: $ 419.000 a través de cheques, $ 663.000 pagados a sus parientes y $ 313.000 a través de una cuenta de la que Luzuriaga tenía una tarjeta de débito para comprar o realizar retiros en efectivo a través de cajeros automáticos.
La orden de Williams autorizó a los fiscales a hacer todo lo necesario para identificar y disponer de las propiedades incautadas.
Los fiscales estadounidenses aseguran que Chérrez y sus empresas del Grupo IBCorp pagaron más de $ 2,6 millones en sobornos a Luzuriaga y otras personas para asegurarse las inversiones del Isspol, desde el año 2014. Detallaron los dos esquemas: el canje de bonos por $ 327 millones y los acuerdos de recompra de bonos.
Luzuriaga se entregó a las autoridades el 26 de febrero de 2021, “tan pronto fue contactado por el Gobierno” de Estados Unidos, aseguró su abogada Ana Davide en los escritos presentados para objetar el acuerdo para la sentencia.
Williams ha fijado la audiencia de sentencia para las 3 de la tarde del 21 de diciembre próximo.
La abogada Davide presentó varios argumentos para disminuir el rango de tiempo que se debería aplicar en la sentencia para Luzuriaga.
Según ella, su cliente no pudo haber actuado solo, pues el comité de inversiones del Isspol estaba conformado por cuatro miembros.
Otra línea argumental para pedir que su cliente no sea condenado a varios años de cárcel fue comparar el caso de Luzuriaga con el de Luis Álvarez Villamar, exgerente de Operaciones de Decevale, el depósito de compensación de las bolsas de valores ecuatorianas que supuestamente custodiaba los bonos del Isspol. Álvarez también es juzgado en Miami por haber recibido sobornos de Chérrez.
“Álvarez Villamar fue mucho más culpable que Luzuriaga Aguinaga. Sin los contratos de Decevale firmados por Álvarez y Chérrez, Isspol nunca hubiera podido realizar ninguna inversión de bonos con Chérrez”, señaló.
Davide también citó las condenas en los casos de diez procesados en Estados Unidos y Ecuador por los sobornos en Petroecuador.
Además, Davide subrayó las virtudes de Luzuriaga, quien ayuda a su familia en Ecuador y que tiene seis hijos. Ahora está casado en segundas nupcias, añadió la abogada, con Russby Rodríguez, ingeniera financiera y cosmetóloga, que lo ha acercado a la Iglesia y le ha permitido que encuentre a Dios nuevamente.
Cuando Luzuriaga fue detenido, este Diario publicó que Russby Rodríguez aparecía en su página de LinkedIn como ejecutiva de IBCorp desde 2010.
Mientras, el caso contra Luis Álvarez aún no llega a sentencia, aunque este se reconoció culpable el 2 de julio de 2021, luego de haber sido arrestado en Miami. La defensa ha presentado algunas objeciones al memorando de los fiscales.
De momento, el exgerente de Decevale goza de libertad bajo palabra y la jueza le permitió viajar a Orlando con su familia por cuatro días en marzo pasado. Además, aceptó que el pasaporte de Álvarez sea devuelto a su abogado, Paul Petruzzi.
Álvarez reconoció haber recibido $ 3,1 millones de Chérrez en cuentas bancarias en Estados Unidos, y a cambio habría permitido que otra empresa de Chérrez apareciera como subcustodio de Decevale. Es decir, que sus empresas recibían las inversiones del Isspol y sus empresas las garantizaban.
Por otro lado, la jueza aún no decide si acepta o no el pedido de Decevale de ser considerado víctima en el caso, solicitud a la que se oponen los fiscales.
Carlos Nunez-Vivas, de Waserstein & Nunez, presentó una respuesta —con anexos que suman casi 500 páginas— a la objeción de los fiscales.
Señaló que “no ha habido ninguna conclusión de la Superintendencia (de Compañías, Valores y Seguros de Ecuador) de que Decevale fue el autor del fraude del acusado Álvarez Villamar. De hecho, como Eduardo Carmigniani explica en su declaración suplementaria, la Superintendencia ni siquiera tiene la autoridad para llegar a esa conclusión”.
Con esta afirmación refuta lo que han asegurado los fiscales, en el sentido de que las autoridades ecuatorianas han sancionado a Decevale por el tema de las inversiones del Isspol.
Nunez-Vivas también indicó que Álvarez ni siquiera era un empleado de alto rango en Decevale, por lo que la compañía como tal fue una víctima. Según él, Álvarez fue uno de los principales autores del esquema junto con Jorge Chérrez, entre 2014 y 2019, y que por ello recibió $ 3 millones y un departamento.
En efecto, según documentos del proceso, Álvarez vivió por algunos meses en uno de los penthouses del edificio Brickell Ten, un proyecto inmobiliario desarrollado por Chérrez y Richard Waserstein.
En los documentos del caso contra Álvarez no consta la fecha de audiencia para sentencia. Ambos procesos tienen decenas de documentos confidenciales, es decir, que no son públicos.
Mientras tanto, en Ecuador, la audiencia preparatoria de juicio contra Jorge Chérrez y otras nueve personas más se suspendió la semana pasada y la nueva fecha fijada es enero de 2023. Este es el caso por supuesto peculado en las inversiones del Isspol, en el que están acusados dos generales en servicio pasivo: Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño Silva.
Fuente: El Comercio.
