Julio José Prado, ministro de producción, afirmó que el acuerdo comercial entre Ecuador y México está por cerrarse. El último escaño, la hoja de ruta, está definida.
Municipio de Latacunga, en conjunto con empresas privadas, organiza una carrera atlética denominada “Latacunga Más Segura”. Este evento gratuito se desarrollará el domingo 13 de noviembre desde el Coliseo Mayor de la ciudad.
Link: https://youtu.be/7eMJOTOJROw
La Comisión Nacional Anticorrupción emitió un comunicado este lunes, 7 de noviembre de 2022, sobre el caso de corrupción en Petroecuador.
Exigen determinar a mentalizadores y encubridores de la supuesta trama de corrupción.
En el comunicado se explica que la investigación de la supuesta trama de corrupción encabezada por Nilsen Arias, en Petroecuador, no se puede restringir a determinar, únicamente, a “unos cuantos involucrados”.
“Es indispensable establecer quienes fueron los mentalizadores y encubridores de este entramado de corrupción”.
También requieren que se realice una auditoria a la estatal para conocer la situación actual de la institución.
La Fiscalía de Ecuador abrió una investigación por presuntos actos de corrupción en Petroecuador. En este caso está vinculado Nilsen Arias, el exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador durante el gobierno de Rafael Correa.
El martes 1 de noviembre, la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron allanamientos en varias ciudades de Ecuador. Ingresaron a las oficinas de Petroecuador en Quito. El objetivo de esas intervenciones fue recabar indicios.
Durante esas intervenciones, los agentes detuvieron a siete personas, entre ellas a cinco exfuncionarios públicos, por “un presunto delito de ejercicio de acción pública, relacionado con actos de corrupción para la adjudicación de contratos en Petroecuador”.
Según las pesquisas, Arias se habría asociado con varias personas, incluidos los ahora procesados, “para ejecutar actos de corrupción a cambio de brindar información privilegiada para beneficiar a varias empresas con la adjudicación de contratos”, indicó la Fiscalía.
Esta entidad investigadora asegura que el monto del cohecho o de los sobornos habría alcanzado los USD 22 millones.
Fuente: El Comercio.
La cárcel de El Rodeo reportó la fuga de dos reclusos. Uno de los dos presos que la noche del domingo se fugó desde el interior de la cárcel recién había ingresado en septiembre pasado. Es Julio Wilfredo T. M., quien por el delito de robo fue sentenciado a 30 meses de prisión en esa cárcel ubicada en la zona rural de Portoviejo.
La fuga de dos reos suscitada en la mayor cárcel de Manabí se registra días después de que más de 500 privados de libertad que cumplían sus condenas en la Penitenciaría del Litoral fueron trasladados a este centro reclusorio.
Wilman Aceldo, jefe del distrito de Policía de Portoviejo, confirmó la fuga de los internos de esta cárcel.
El segundo interno que se fugó fue Diego Armando G. T., detenido en esta cárcel desde julio del 2021 por el delito de tráfico de drogas, y por el cual había sido sentenciado a 29 años de prisión.
Al momento la Policía realiza operativos de búsqueda de los internos fugados en zonas aledañas al centro carcelario y otras rutas de la provincia.
Fuente: El Comercio.
El secretario Nacional de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, ratificó este 7 de noviembre de 2022 que existe la disposición del presidente Guillermo Lasso de no comparecer en la Asamblea Nacional. Principalmente, a los Ministros encargados de la seguridad, porque allí reciben hostigamiento.
En una entrevista en Radio Única, Ordóñez explicó que durante la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) desarrollada el 3 de noviembre en Guayas, Lasso ratificó al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, el contenido de una carta enviada el 31 de octubre de 2022.
En el documento Lasso indicaba a Saquicela que transmita a los presidentes de las Comisiones legislativas la decisión. “El Presidente dio la orden a todos los Ministros y Secretarios de Seguridad no asistir a las convocatorias de las Comisiones de la Asamblea. No se ofrecen las garantías para que la información que se suministra sea adecuadamente tratada y defendida, argumentó”.
Cree que el objetivo de los asambleístas es exponer a los funcionarios del Ejecutivo y someterlos a un hostigamiento. El ministro del Interior, Juan Zapata, fue posesionado en el cargo el 26 de septiembre. Lleva poco tiempo y ha sido llamado cerca de 26 veces a comparecer no para tener un diálogo constructivo, insistió.
Cuestionó también que en la Asamblea se intente diseñar “políticas públicas cuyo diseño le corresponden al Presidente de la República o plantean temas que pueden significar un grave daño a la seguridad del Estado”.
Calificó como absurdo que a la secretaria de Derechos Humanos y a su persona la Asamblea les señalen como responsables políticos del femicidio María Belén Bernal.
En una rueda de prensa del 5 de noviembre, el ministro Zapata dijo desde Santo Domingo que estaba llamado a comparecer esta semana. Él no asistirá porque debe mantenerse en los territorios con estado de excepción.
Según el último balance de resultados del estado de excepción, hasta el 5 de noviembre, se registran 19 685 operativos y 1042 detenidos.
El secretario de Seguridad defendió la actuación del Gobierno y la fuerza pública. Contrario a las críticas que acusan al Ejecutivo de ser solo reactivo, el funcionario asegura que la violencia del fue una reacción anticipada del crimen organizado para que el Gobierno desista en intervenir la Penitenciaría del Litoral.
El estado de excepción fue establecido para enfrentar de mejor manera esta arremetida del crimen organizado, no se trató de una reacción del Gobierno, lo está enfrentando proactivamente, sostuvo.
En el país existen 36 centros carcelarios y hasta la fecha el Gobierno solo ha intervenido tres pabellones de uno, la Penitenciaría. Se trata de los pabellones 2 y 5 y el denominado Consular, que es un pabellón de tránsito.
Producto de los operativos, hay varios celulares incautados que servirán para obtener pistas y continuar la investigación y localizar a quienes ordenan los actos delincuenciales, mencionó Ordoñez al justificar que el Gobierno tiene un plan de seguridad y no actúa de forma improvisada.
Fuente: El Comercio.
Los alrededores del Municipio de Guayaquil, situado en el centro porteño, permanecen cercados con vallas metálicas para evitar "cualquier tipo de incidente", informó la institución este lunes 7 de noviembre.
La calle 10 de Agosto, entre Pichincha y Malecón, asimismo, sigue cerrada al tránsito vehicular. De acuerdo con el Cabildo, los agentes metropolitanos revisan los bolsos de los trabajadores municipales y ciudadanos que aterrizan a la zona para realizar algún trámite.
En el perímetro de seguridad también participan funcionarios de las direcciones de Justicia y Vigilancia y Vía Pública.La sede de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, Terminal de Transferencia de Víveres (TTV), entre otras, también están custodiadas.
El cerco obedece a la ola de violencia que padece Guayaquil desde la semana anterior. Además, por temas de seguridad, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), restringió el paso vehicular en el perímetro del Palacio Municipal, por Malecón desde la calle Colón y por 10 de Agosto desde Pedro Carbo.
Fuente: El Comercio.
Dos personas resultaron heridas la madrugada de este lunes, 7 de noviembre de 2022, tras atacar una Unidad de Policía Comunitaria en Guayaquil, informaron organismos de socorro.
Aproximadamente a las 03:30 un vehículo con dos integrantes intentó atacar la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de Bellavista, ubicada en la avenida Velasco Ibarra y Barcelona.
Está incursión fue repelida por el personal policial que se encontraba de guardia en esa unidad.
Los atacantes resultaron heridos y fueron trasladados a casas asistenciales. En ese lugar permanecen bajo custodia policial.
La delegación policial atacada queda cerca del estadio Monumental, dónde el domingo 6 de noviembre se jugó el partido de ida de la final de la LigraPro. El partido terminó con la victoria de Aucas sobre Barcelona por la mínima diferencia.
El ataque se produjo a pesar de que Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo están bajo el estado de excepción. La medida incluye el toque de queda desde las 21:00 hasta las 05:00 del día siguiente en las tres provincias.
La medida regirá por 45 días. Para ejecutar las disposiciones que tiene el decreto presidencial, las Fuerzas Armadas destinaron a 1 400 militares a qué se unan a la Policía en las tareas de patrullaje y control. La Policía Nacional tiene a 8 000 efectivos.
El estado de excepción se declaró tras una serie de ataques que dejaron cinco policías asesinados y siete heridos en Guayaquil y Durán, fruto de ataques a bala y con explosivos en las dos ciudades, Esmeraldas y Santo Domingo.
Los ataques tenían como objetivo dependencias policiales, estaciones de servicio y comercios.
Las clases se mantienen suspendidas en los planteles fiscales de Guayaquil, Durán y Samborondón, dijo el domingo 6 de noviembre el Ministerio de Educación. Sin embargo, los planteles educativos particulares decidirán si se acogen o no a esta disposición.
Varias universidades e institutos de educación superior decidieron suspender clases o retomar la educación virtual.
Fuente: El Comercio.
