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El Pleno de la Asamblea aprobó la tarde de este martes 10 de junio de 2025 el proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia.

La Comisión de Seguridad presentó los últimos cambios al proyecto, tras el segundo debate que se realizó el pasado 3 de junio.

Los puntos polémicos de la Ley de Inteligencia y la explicación de ADN en el Pleno de la Asamblea

El segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia se desarrolló el pasado 3 de junio en el Pleno de la Asamblea.

Este martes, la Comisión de Seguridad debía presentar los últimos ajustes realizados tras el segundo debate y someter a votación.

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, instaló la sesión del Pleno de la Asamblea y, tras la intervención del Secretario General, dio la palabra a Inés Alarcón (ADN), presidenta de la Comisión de Seguridad.

Cuestionamientos

Ante los cuestionamientos del Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento del correísmo Revolución Ciudadana (RC), Alarcón negó que exista vulneración de derechos constitucionales como la confidencialidad y la reserva.

La Presidenta de la Comisión de Seguridad manifestó que la ley respeta la Constitución y permite anticipar eventos en contra del Estado con un sistema de inteligencia moderno.

Alarcón aseguró que no se elimina el control sobre las acciones de inteligencia, se mantiene el control parlamentario especializado y se adapta a estándares internacionales.

Sobre gastos especiales, la asambleísta de ADN indicó que la Contraloría es la única autoridad competente para el control de los recursos públicos y aclaró que la responsabilidad penal y administrativa no desaparecen con esta ley.

Respecto a la información que proporcionen las operadoras telefónicas, Alarcón sostuvo que no existirá una intervención excesiva en las telecomunicaciones y no puede ser discrecional.

Exige una solicitud previa debidamente justificada, inserta disposiciones constitucionales que son de obligatorio cumplimiento.

Además, exige intervención y autorización judicial, previa la afectación de la correspondencia de las comunicaciones.

Alarcón señaló que la ley permite mapear y rastrear al crimen organizado y así darle una herramienta adicional al Estado

Limitaciones

Inés Alarcón expresó que la ley no obliga a periodistas o profesionales a revelar sus fuentes e insistió en que la Ley protege los derechos establecidos en la Constitución.

La ley establece los límites del Sistema Nacional de Inteligencia, que no puede interferir en documentos de información privada, mucho menos si provienen de actividades lícitas.

Alarcón se refirió a las actividades que realizan periodistas, abogados o médicos.

La asambleísta del oficialismo sostuvo que la ley se crea para la generación de inteligencia y contrainteligencia, no para perseguir a nadie.

Finalmente, Alarcón destacó otra limintación: que la información será utilizada exclusivamente para inteligencia y contrainteligencia.

Esta información será excluida de su uso como prueba de procesos judiciales, administrativos o disciplinarios.

Votación del proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia en la Asamblea

De 150 asambleístas presentes, 77 votaron a favor, 66 en contra y siete se abstuvieron.

Fuente: El Comercio

El Gobierno de Ecuador —a través de la vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo— destacó la tendencia a la baja del riesgo país. Resaltó que este descenso refleja la mejora en la imagen del país en el extranjero.

En la última semana, el indicador pasó de 1 081 puntos a 942. Jaramillo señaló que esta reducción evidencia una mayor confianza de los mercados internacionales, lo que facilita el acceso a financiamiento externo con tasas más bajas y mejora el perfil de Ecuador como destino de inversión.

 Una disminución del riesgo país es importante porque refleja una mayor confianza de los inversionistas internacionales en la estabilidad económica y política del Ecuador. Además, indica que el Gobierno y las empresas ecuatorianas pueden acceder a financiamiento externo a tasas de interés más bajas. Es decir, el costo del endeudamiento será menor.

Esto es clave para un país como Ecuador, que depende en gran medida del crédito externo para financiar su presupuesto y proyectos de inversión pública. Además, mejora la percepción general en los mercados financieros, facilitando la atracción de inversión extranjera directa, una de las principales debilidades actuales.

Por otro lado, un menor riesgo país puede generar efectos positivos en la economía interna. Al reducirse el costo del financiamiento, tanto el sector público como el privado pueden invertir más en infraestructura, servicios y producción, lo que impulsará el crecimiento económico y la generación de empleo adecuado.

Sin embargo, el riesgo país de Ecuador aún es alto en comparación con sus vecinos. Según Bloomberg, Colombia tiene aproximadamente 369 puntos, frente a unos 330 en abril. En el caso de Perú, el índice bordea los 180 puntos, según el mismo análisis de Bloomberg. Estas naciones acceden a préstamos en mejores condiciones.

Esto significa que la tarea del Gobierno ecuatoriano es implementar políticas que aseguren la estabilidad económica, tributaria y jurídica. Si se logra, la tendencia a la baja del riesgo país se mantendrá.

Este objetivo es imperativo, ya que Ecuador necesita buscar financiamiento en el mercado de bonos debido al vencimiento de obligaciones externas y a un déficit fiscal persistente. Aunque el país logró cubrir parte de sus necesidades para 2025, a partir de 2026 enfrentará pagos más abultados de deuda externa. Eso hace indispensable acceder a nuevas fuentes de crédito.

Se prevé que Ecuador regrese al mercado de bonos internacionales y se espera que lo haga con el respaldo de organismos multilaterales. De esa forma podrá reducir los costos de emisión y asegurar condiciones más favorables. Además, el retorno al mercado de bonos es clave para demostrar estabilidad financiera y credibilidad ante los inversionistas.

Emitir deuda con tasas sostenibles permitiría al país cubrir sus necesidades sin depender exclusivamente de préstamos multilaterales o ajustes fiscales severos.

Si Ecuador logra mantener una trayectoria fiscal ordenada y reduce su riesgo país, podrá acceder al mercado con menores tasas de interés. Además, evitar crisis de liquidez y sostener la inversión pública y social que impulsa el crecimiento económico.

 Fuente: El Comercio

El Consejo de Educación Superior (CES) tomó una decisión sobre la Universidad Agraria del Ecuador, ubicada en Guayaquil, este lunes 9 de junio de 2025.

Hace dos semanas, estudiantes de esta Universidad se manifestaron pidiendo la intervención de la institución de educación superior.

La decisión del CES sobre la Universidad Agraria de Ecuador

Tras las protestas estudiantiles contra la gestión de la Rectora, el Consejo de Educación Superior (CES) tomó una decisión sobre la Universidad Agraria del Ecuador.

 Entre el 27 y 28 de mayo, los estudiantes y profesores protestaron con manifestaciones en la calle y con carteles en contra de la rectora, Tatiana Borodulina, por supuestas irregularidades en su administración.

“Borodulina, tu gestión es ilegal y abusiva“, “No más atropellos ni persecución laboral”, “No al retorno de funcionarios que dañaron la institucionalidad”, fueron algunas de las frases en los carteles de protesta.

La decisión del CES

El CES decidió aprobar la intervención integral de la Universidad Agraria del Ecuador, en la sesión extraordinaria de este lunes.

El organismo se basó en lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y en el Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas.

“Dicha intervención responde a la configuración de causales contempladas en la normativa vigente”, señaló el CES.

Objetivos de la intervención a la Universidad Agraria del Ecuador

Los objetivos de la intervención, dijo el organismo, son: restablecer el normal funcionamiento institucional, mejorar los procesos académicos y administrativos.

Otros objetivos son: garantizar la continuidad de sus actividades, y fortalecer la gobernabilidad universitaria, conforme a los principios democráticos y de cogobierno.

Para llevar adelante este proceso, se ha designado una Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional (CIFI).

La Comisión será integrada por profesionales de reconocida trayectoria y probada experiencia en el ámbito de la educación superior.

“El CES invita a toda la comunidad universitaria a sumarse con compromiso y responsabilidad a este proceso de intervención, cuyo propósito es salvaguardar sus derechos y la calidad educativa”, agregó.

Fuente: El Comercio

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Link: https://youtu.be/nhBQ9kW_6aA