Salud

Luis A., José A. y Arturo A. fueron sentenciados a cinco años de prisión por talar vegetación propia de un páramo, en el sector de Cucuruchu, cantón Tulcán. Así lo informó la Fiscalía este miércoles 8 de junio del 2022.

Según el Ministerio Público, los ahora sentenciados fueron detenidos en delito flagrante el 26 de abril del 2022. Ellos se encontraban talando la vegetación con un machete. Entre las especies afectadas están frailejones, helechos y achupallas.

En la audiencia de juicio se presentaron fotografías donde se visualizaba la afectación ambiental al suelo, cuya área agredida está por sobre los 3 300 metros.

Asimismo “los técnicos, en sus testimonios, manifestaron ante el Juez el grave perjuicio a la naturaleza, ya que esta zona hídrica también funciona como amortiguamiento, con la finalidad de almacenar y distribuir agua del páramo de El Ángel a la Comuna Chalpal- La Esperanza”.

Con base en estos y otros elementos un Tribunal condenó a los tres hombres a cinco años de prisión por el delito contra el suelo.

El delito contra el suelo está tipificado en el artículo 252 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años a “la persona que contraviniendo la normativa vigente, en relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del suelo forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación, provocando daños graves”.

Fuente: El Comercio.

En los más de dos años de pandemia es la tercera vez que Catalina Escobar, sus padres y su hijo dan positivo para Covid-19.

“A inicios de mayo empecé con dolor de garganta y fiebre que no me dejaron levantarme de la cama”, dice Escobar. A los pocos días, sus padres y su hijo presentaron las mismas dolencias. En las pruebas, todos dieron positivo para Covid-19.

Los síntomas fueron intensos, a pesar de tener el esquema completo de vacunación, es decir, dos dosis.

Un caso similar es el de la familia Cueva Garzón. Sus cinco integrantes contrajeron el virus a inicios de junio de 2022, tras asistir a una boda. “Cuando empezamos a tener síntomas nos hicimos la prueba para no contagiar a otros familiares y a los compañeros de trabajo”, dice Jaime Cueva, quien contrajo Covid-19 por primera vez.

El Ministerio de Salud reconoce que, desde inicios de mayo, el país experimenta un rebrote de contagios de Covid-19. Este repunte coincide con la decisión del Gobierno de eliminar el uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos y cerrados.

Datos de la entidad muestran que el 1 de mayo, el país registró 62 nuevos casos; el 17 de mayo, el número pasó a 211 y el 31 de mayo, la cifra llegó a 566 casos. El 7 de junio de 2022, el Ministerio reportó 732 nuevos contagios.

La ministra de Salud, Ximena Garzón, insiste que este comportamiento de la enfermedad se debe a que ya presenta indicadores endémicos. Esto quiere decir que se sigue transmitiendo, pero con bajos niveles de propagación. “Tenemos que aprender a vivir con la enfermedad (porque) van a haber estos aumentos, como olitas”, dice.

El epidemiólogo Alberto Narváez considera que el rebrote que vive el país es mucho mayor al que reflejan las cifras oficiales.

Explica que el Ministerio de Salud ha dejado de hacer pruebas masivas, por lo que hay casos positivos que no son registrados ni puestos en aislamiento para evitar que la enfermedad avance.

El Ministerio de Salud asegura que la pandemia está controlada. Su argumento se basa en los bajos niveles de ocupación que tienen los hospitales públicos y privados del país.

La ministra Ximena Garzón insiste en que los nuevos casos son leves y no requieren hospitalización. “Algunos ni siquiera presentan síntomas”, agrega. Sin embargo, en hospitales y clínicas privadas hay preocupación por el incremento de pacientes y el aumento de la positividad.

En la clínica Pasteur de Quito, por ejemplo, el número de personas con síntomas respiratorios pasó de dos a 35 semanales. Mientras que, en el Hospital Quito Sur del IESS, la positividad aumentó del 6% al 32% en las últimas cuatro semanas. Esto quiere decir que, de cada 100 pruebas tomadas, 32 arrojan un resultado positivo.

El epidemiólogo Daniel Simancas dice que el sistema sanitario puede verse nuevamente saturado si el aumento de casos continúa, pues no hay suficiente personal médico para atender a todos los pacientes. A pesar de esto, el 8 de junio de 2022 el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) ratificó su decisión de eliminar el uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos y cerrados.

El presidente del organismo, Juan Zapata, pidió a la ciudadanía que acuda a los centros de vacunación para recibir las dosis contra el Covid-19.

Fuente: Primicias.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado este miércoles 8 de junio en rueda de prensa de que ya se han confirmado más de 1 000 casos de viruela del mono en 29 países no endémicos y ha avisado de que en algunas zonas ya hay transmisión comunitaria.

“No se ha informado de ninguna muerte en esos países pero sí de muchos casos, de los cuales no sólo se producen entre hombres que mantienen sexo con hombres, sino que ya hay casos de transmisión comunitaria y de mujeres infectadas“, ha señalado Tedros, quien ha mostrado su “preocupación” porque el virus se propague a grupos vulnerables como, por ejemplo, niños o embarazadas.

Por ello, el director general del organismo de Naciones Unidas ha pedido a los países que realicen todos los esfuerzos necesarios para identificar todos los casos y contactos de los mismos con el fin de controlar el brote e impedir una mayor difusión del virus.

Dicho esto, Tedros ha recordado que durante todo este año se han registrado 1 400 casos sospechosos de viruela del mono en África y 66 muertes y ha lamentado que la comunidad internacional haya prestado atención al virus cuando ha afectado a países de altos ingresos.

“Este virus ha estado circulando y matando a personas en África desde hace décadas sin que la comunidad internacional le haya prestado atención, por lo que es necesario prestar en estas zonas la atención sanitaria y acceso a las herramientas para poder protegerse”, ha añadido el director general de la OMS, para insistir en que el organismo no es partidario de realizar una vacunación masiva, aunque sí de facilitar el acceso a las vacunas para quienes lo necesitan.

Fuente: El Comercio.

Fernando Villavicencio, asambleísta independiente y presidente de la Comisión de Fiscalización, pidió a la Fiscalía General que investigue la negociación de una mansión, ubicada en la provincia de Santa Elena.

Según el legislador, en la compra-venta de la lujosa residencia aparecen algunos actores de una red de corrupción vinculada al escándalo de venta de medicamentos e insumos a los hospitales públicos al inicio de la pandemia de Covid-19 en Ecuador.

Villavicencio asegura que este negocio sería el vínculo con la llamada trama de los Ina Papers y con supuestos sobornos pagados por la empresa china, SinoHydro, constructora de la problemática central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair.

Según la investigación de Villavicencio, la Sociedad Inversiones Larena Ltda. era propietaria de una mansión valorada en USD 3 millones.

Y esta sociedad estaría relacionada con personas cercanas al expresidente Lenín Moreno y con el caso Ina Papers.

La compradora, en cambio, sería la empresa Robrot LTD, domiciliada en Londres, y cuyo representante legal, Jaime Coronado, estaría relacionada con Xavier Jordán, según Villavicencio.

Villavicencio, quien calificó a estos nexos como “más peligrosos”, dijo que remitió la información a la Fiscalía, a la Policía y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) porque los negocios con la mansión no han sido investigados aún.

Villavicencio se mostró sorprendido por la relación del asambleísta correísta Ronny Alega con personas que también tuvieron vínculos con los ‘Ina Papers‘.

Durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno, Alega fue uno de los denunciantes de este caso.

La Fiscalía investiga un presunto delito de cohecho. La hipótesis inicial es que entre 2010 y 2018 funcionó una red de empresas offshore para la gestión y cobro de sobornos por parte de funcionarios cercanos al expresidente Lenín Moreno.

El presidente de la Comisión de Fiscalización insistió en que el Comité de Ética de la Asamblea debería investigar la vinculación de Aleaga con la red de corrupción.

Villavicencio adelantó que también analiza la posibilidad de presentar una denuncia contra Aleaga.

Fuente: Primicias.