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El avión presidencial ecuatoriano se vendió a la Fuerza Aérea Colombiana. Así lo confirmó el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, este 16 de mayo de 2022.

Durante una entrevista en Teleamazonas, el funcionario se refirió a la venta del avión presidencial, sin especificar cuál ni en cuánto se vendió.

A finales de marzo de 2022, Fernando Villacís, titular de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar), indicó que Colombia y dos compañías aeronáuticas de Brasil y Estados Unidos estaban interesadas en adquirir el avión presidencial Legacy EMB-135 BJ. El funcionario dijo en ese entonces que el Gobierno recibió una valoración de USD 7,5 millones por la aeronave, que le costó al Estado USD 28 millones.

El presidente Guillermo Lasso firmó el Decreto Ejecutivo 311, en enero de este año, mediante el cual modificó el Decreto 180 sobre el proceso de venta del Legacy EMB-135 BJ, del 31 de agosto de 2021. Allí, dispuso que el Ministerio de Defensa transfiera la aeronave a Inmobiliar.

Adicionalmente, el ministro Cueva también se refirió a la venta del Banco del Pacífico.

Indicó que hay más de 15 interesados internacionales y regionales en comprar la entidad financiera, actualmente en manos del Estado.

“Había varios gastos excesivos que ahora están limpiados. La administración del banco y la CFN avanzan rápido. Ya se recibió una evaluación adicional por parte del Bank of América, que es la entidad que acompaña el proceso”, manifestó Cueva.

El presidente Guillermo Lasso promocionó el banco del Pacífico en su visita oficial a Israel. Desde allí, dijo que la venta se concretaría “en pocas semanas”.

Fuente: Primicias.

Los señalamientos a la titular de la Asamblea, Guadalupe Llori, podrían acabar con su destitución no solo de la presidencia, sino de su cargo como legisladora.

La denuncia del asambleísta Bruno Segovia (independiente) apunta a un posible caso de tráfico de influencias en Orellana, la provincia de Llori. Segovia hizo la primera denuncia de este caso a finales de marzo de 2022. Y desde entonces, según dijo, ha estado recabando información, pruebas y documentos sobre la supuesta influencia que Llori habría tenido en la designación de las autoridades de la provincia.

Su investigación nació, según el asambleísta, de una conversación que habría mantenido con Llori.

En una reunión, ella le habría dicho que “puso hasta el último teniente político” de Orellana. Mientras que Llori dice que todo es mentira.

En una rueda de prensa en abril de 2022, consultada sobre este señalamiento, aseguró que son “versiones falsas y antojadizas“.

“Yo no soy la que doy nombramientos en la parte gubernamental. Eso le corresponde al Presidente de la República, y a quien debería preguntarse es al Presidente. Por mi lado, no es cierto, es falso”, aseguró Llori.

Llori fue prefecta de Orellana entre 2009 y 2014, por Pachakutik. Mientras estaba en ese cargo, participó en las protestas de Dayuma en 2007, y fue detenida durante 11 meses acusada de terrorismo en el Gobierno de Rafael Correa.

Es una de las políticas más influyentes en su provincia, y dentro de Pachakutik.

Para Segovia, es un indicio importante el hecho de que las designaciones sean a personas que trabajaron con Llori en la Prefectura y que están afiliadas a Pachakutik o fueron candidatas por esa lista. Los identificados por el asambleísta en su denuncia son:

·         Marco Vinicio Anchitipán Tipán, director distrital del Ministerio de Transporte en Orellana.

·         Juan Carlos Delgado Mera, director distrital del Ministerio de Agricultura.

·         Samantha Nicole Lozada Zambrano, coordinadora zonal del Ministerio del Deporte (Pichincha, Napo y Orellana).

·         Yoni Esperanza Bustamante Briceño, gobernadora de Orellana.

·         Freddy Marcelino Coquinche Alvarado, teniente político de la parroquia Yasuní.

·         Vicente Marcelo Gutiérrez Puraquilla, teniente político de San José de Payumino.

·         María Patricia Jiménez Troya, analista comisaria de Orellana.

·         Mercedes Coralia Remache Sánchez, teniente político de la parroquia Tres de Noviembre.

·         Blanca Alexandra Herrera Cueva, analista de presupuesto de la Gobernación.

·         Vilma Esperanza Vera Mosquera, analista comisaria de Joya de los Sachas.

·         Martha Fabiola Ortega Ucles, teniente político de la parroquia Toracao.

·         Erika Mariuxi Jipa Dávila, teniente político de la parroquia Ávila Huiruno.

·         Blanca Alexandra Herrera Cueva, analista de presupuesto de la Gobernación.

·         Carmen Magaly Curay Muñoz, teniente político de la parroquia Eno Kanqui.

·         Fredy Fabián Rivera Pisco, jefe político del cantón Orellana.

·         Fredy Carlos Grefa Yumbo, teniente político de la parroquia San José de Guayusa.

·         José Adalberto Chango Chiguano, intendente general de la Policía de Orellana.

·         Andy Polibio Vega, comisario de Policía de Aguarico.

·         Silvia Judith Vidal Ramos, jefa política de Joya de los Sachas.

·         Mayra Germania Tacuri Ordóñez, teniente político de la parroquia San Vicente de Huaticocha.

El caso de la gobernadora de Orellana, Esperanza Bustamante, es el que más relevancia ha tomado, puesto que fue nombrada por el presidente Guillermo Lasso.

Bustamante recibió su designación por decreto ejecutivo en junio de 2021. Según Segovia, Bustamante es una amiga personal de Llori y prima de uno de sus yernos. Fue asambleísta alterna por Orellana de Eddy Peñafiel, exlegislador por Pachakutik en el anterior período. Este último también fue asesor de la Presidencia a inicios de la actual Asamblea.

Otro nombre que destaca de la denuncia es el de Fabián Rivera, actual jefe político del cantón Orellana.

Rivera es quien firmó, como representante de Construye (antes Ruptura 25), la alianza con Pachakutik en Orellana, con la que Llori resultó electa en 2021.

También están al menos cuatro personas que trabajaron en la Prefectura con Llori, y cuyas acciones de personal de ese tiempo fueron firmadas por ella.

Además, hay fotos de varios de los funcionarios supuestamente “palanqueados” por Llori en mítines políticos de Pachakutik en Orellana. Entre ellos, están jefes políticos e intendentes de la provincia.

Fuente: Primicias.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no estaría respetando el acuerdo de pago de la deuda que mantiene con los hospitales de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca).

Así lo indicó su presidente José Jouvín. “Hemos avanzado en reuniones individuales de parte del IESS con cada Solca, para afinar la cifra que debe a cada núcleo. En esas reuniones, hubo propuestas de pago que diferían de lo que se firmó el 7 de abril de 2022”, explicó en Teleamazonas.

Según Jouvín, el IESS propuso pagos individuales a cada núcleo de Solca, cuando en el convenio se comprometió a pagar USD 140 millones hasta mayo de 2022.

“Nos mantenemos en el convenio de que, en función de una devolución del Ministerio de Finanzas de unos bonos por concepto de IVA, se pagaría la deuda”, insistió.

El representante nacional aseguró que la atención a pacientes con cáncer no se ha interrumpido, y que incluso se han incrementado las derivaciones del IESS. Esto, agregó, porque los hospitales del Seguro Social no tienen insumos o tienen sus equipos dañados.

De allí que el tiempo de espera pasó de 15 a 45 días. Jouvín confirmó que la deuda “más abultada” se la mantiene con Solca Quito.

Fuente: Primicias.

Desde el 30 de abril, y por 60 días, rige un estado de excepción en las costeras Guayas, Manabí y Esmeraldas (esta última fronteriza con Colombia), decretado por el presidente Guillermo Lasso para frenar la criminalidad. El ministerio del Interior detalló que las primeras dos semanas de operativos dejaron “1.131 detenidos” y 17 “bandas criminales desarticuladas”.

Más de 140 armas fueron decomisadas, al igual que casi 200 automóviles y motos, añadió el ministerio sin dar más detalles. Un video que muestra a policías y militares uniformados deteniendo y requisando vehículos en las vías, acompañó el tuit.

Nueve mil militares y policías fueron desplegados en esas tres provincias, según el Gobierno. Ecuador, que por muchos años se mantuvo relativamente a salvo de la violencia de sus vecinos, Colombia y Perú ―los dos mayores productores mundiales de cocaína―, vive un aumento de la criminalidad.

El año pasado cerró con una tasa de 14 asesinatos por cada 100.000 personas, casi el doble que en 2020. La violencia se extiende a las cárceles, donde han muerto casi 400 reclusos en poco más de un año.

La última matanza se consumó la madrugada del lunes 2 de mayo en la cárcel de Bellavista en Santo Domingo (a unos 80 km de Quito), donde 44 presos fueron asesinados a puñaladas en sus celdas. Fue la sexta desde febrero de 2021.

El Gobierno atribuye esos sangrientos enfrentamientos a la lucha de bandas del narcotráfico por el control del almacenamiento y rutas para el envío de cocaína a Estados Unidos y Europa.

Fuente: Semana.