Un sistema de compensaciones es una alternativa que puede considerar el Gobierno, ante el pedido de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) para la revisión del precio de los combustibles. Así lo consideran expertos.
La Conaie, entre sus 10 peticiones, instó al Gobierno a que reduzca y ya no incremente el precio de los combustibles. Además, que se ejecute un proceso de focalización de los subsidios.
El pasado 13 de junio, Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, señaló que no se descarta una revisión. Pero enfatizó que esto es competencia de las carteras de Energía y Finanzas.
Oswaldo Landázuri, analista económico, opinó que el Gobierno “no debe abrir la puerta para revisar los precios de combustibles“. Esto debido a la inestable situación fiscal. Ahora, esta se ha visto beneficiada, en parte, por los ingresos excedentes de la venta de petróleo y por la mayor recaudación tributaria, con los impuestos de la Ley para el Desarrollo Económico, dijo.
Jorge Calderón, analista económico, concuerda también en que lo ideal no es hacer una revisión de estos precios porque implican una carga para el Estado. Según datos del Banco Central (BCE), el Gobierno destinó USD 826 millones a subsidios a los combustibles importados, entre enero y abril de este año. Esta cifra es 146% más que lo destinado en iguales meses de 2021.
“Pensar en más subsidios hipoteca la posibilidad de destinar esos recursos a otros temas prioritarios en el futuro”, aseguró.
No obstante, los expertos consideran que el Gobierno puede proponer un sistema de compensaciones sociales.
Dentro del programa de focalización del precio de combustibles que se discutió hasta el año pasado, el Gobierno planteó una serie de compensaciones para algunos sectores. Al final, las reuniones para este propósito no tuvieron ninguna conclusión, tras la congelación de los precios.
Ahora con la variación del valor de los combustibles, Landázuri afirmó que es necesario considerar el sistema para que se aplique únicamente cuando los precios se incrementan y se retira, cuando estos bajan. “Se establece un fondo, que sea transparente y esté atado a esas variables (precio) que son objetivas”, dijo.
Por su parte, Calderón señaló que este programa de compensaciones debe tener tres características. Primero, estar dirigido para las personas que verdaderamente lo necesitan.
Segundo, tener carácter temporal hasta aliviar la necesidades de los beneficiarios. “No es posible que se alargue por 10 o 15 años, porque eso significa que el subsidio no sirvió para mejorar la calidad de vida de esas personas”, dijo el experto.
Y, finalmente, tener un financiamiento definido y permanente. Para Calderón, los recursos para este propósito deben estar garantizados a largo plazo.
El pasado 13 de junio, Salvador Quishpe, jefe de bancada de Pachakutik, señaló que una reducción en los precios de combustibles también repecutiría en la disminución de los costos de víveres y pasajes.
No obstante, Calderón destacó que los incrementos del precio del combustible, así como el de los alimentos, se ha dado por factores externos. En los últimos meses, por la influencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
El combustible que actualmente se rige por las fluctuaciones del mercado es la súper. El experto señaló que la demanda de esta gasolina es baja y que no es usada para transporte de carga o de pasajeros, por lo cual no influye en la elevación de costos de los productos.
También Calderón aclaró que el precio de la extra y ecopaís, que están congelados desde octubre de 2021, “ya el mercado lo asimiló.
Juan Pablo Jaramillo, asesor de Estratego Consulting, opinó que el Gobierno también debe pensar en nuevos proyectos de subvención, acorde a la coyuntura. Por ejemplo, susidios para la úrea, fertilizantes y otros insumos que se han encarecido y restan competitividad al sector agrícola. De esta forma, se pueden sotener los precios de algunos productos, opinó.
