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La Contraloría General del Estado (CGE) determinó una responsabilidad civil por $ 2′312.398 para el director general y el coordinador de asesoría jurídica del Registro Civil, que laboraron entre 2019 y 2020, por el contrato para adquirir el sistema de emisión de cédulas y pasaportes electrónicos.  

La adjudicación del proceso ocasionó un perjuicio económico a la entidad por el monto de la glosa. La resolución confirmatoria señala que no se seleccionó al proveedor más beneficioso para la institución.

El contrato se suscribió por $ 26′950.000, lo que representó una diferencia de $ 2′312.398 más que el presupuesto de la oferta a la que se adjudicó inicialmente el proceso, un consorcio extranjero que solicitó una ampliación del plazo para cumplir las normas de contratación nacionales.

Aunque su solicitud se formuló dentro de los parámetros del proceso de contratación, el Registro Civil negó el pedido del proveedor y lo calificó como adjudicatario fallido.

La decisión se tomó luego de acoger un criterio jurídico que negó la prórroga para la suscripción del contrato, pese a que la propuesta de ese proveedor era económica y técnicamente más favorable para la entidad.

Auditoría concluyó que, si el Registro Civil hubiera aceptado la primera oferta, el contrato se habría suscrito a menor costo, optimizando los recursos públicos. La resolución de la responsabilidad civil se desprende del examen especial efectuado a la adquisición e implementación del sistema informático para la emisión de cédulas y pasaportes electrónicos y la provisión de equipamiento, suscripciones, licencias de software, insumos y servicios conexos, realizada por el Registro Civil, entre 2018 y 2020.

De conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría, los auditados tienen el derecho de interponer un recurso de revisión en sede administrativa, ante el organismo de control o, en sede judicial, en los tribunales de lo Contencioso Administrativo.

Fuente: El Universo.

La Contraloría General del Estado ha identificado 18 inconsistencias reiterativas en los procesos de adquisición de medicamentos e insumos, desde 2019.

Esta radiografía a los contratos está plasmada en 253 informes que apuntan a unidades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El contralor, Carlos Riofrío, presentó las cifras en detalle ante la Asamblea. Son 140 unidades bajo análisis, desde coordinaciones zonales hasta hospitales; un total de USD 651,4 millones examinados y 87 informes con indicios de responsabilidad penal.  

Son 18 irregularidades, desde la etapa precontractual hasta el manejo de bodega. La falta de estudios para determinar el consumo real de las unidades, emergencias no justificadas, medicinas y dispositivos caducados, y el cambio de procesos de contratación por la firma de convenios de pago son algunas de las anomalías.

Para Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), esta radiografía no es nueva. Por eso más allá de las cifras insiste en la aplicación de correctivos.

Entre algunas propuestas, la Comisión plantea una doble depuración: del personal vinculado a los procesos de compra en las entidades de salud pública y de las empresas proveedoras. Rodas dice que, en los últimos 15 años, se ha tejido una red de corrupción, con funcionarios que dan información previa de los concursos.

Sobre los proveedores, la CNA ha presentado listados a la Vicepresidencia y a la Fiscalía, de empresas señaladas por negociar con sobreprecio que no han sido sancionadas y que siguen participando en los procesos, pero utilizando otro registro.

Están vendiendo a los mismos que delinquieron en años anteriores, pero que en el papel aparecen con otro nombre”.

A esto Rodas suma que algunos participantes son propietarios de cuatro o cinco empresas proveedoras, lo que les garantiza adjudicarse los contratos.

Para Paulo Gárate, los datos de la Contraloría solo confirman que la corrupción sigue minando el presupuesto de salud. Los más perjudicados son los pacientes con enfermedades catastróficas, huérfanas y raras, representados por la Alianza Nacional por la Salud (ANS).  

Gárate preside esta organización y explica que el problema de fondo es la falta de planificación.

Al no tener un diagnóstico claro de las necesidades de los pacientes, las unidades terminan comprando medicamentos que no son del todo prioritarios.  

En cuanto a mecanismos, la Alianza está de acuerdo con las compras corporativas para ciertos fármacos. Pero también propone la descentralización, con transparencia y calidad, para adquisiciones de acuerdo con las necesidades específicas de cada unidad, por ejemplo, los hospitales de especialidad que atienden males catastróficos.

El presidente de la ANS, además, ve en el catálogo electrónico de medicamentos la oportunidad de democratizar las compras. Eso siempre y cuando esta tienda virtual, en construcción por el Servicio de Contratación Pública (Sercop), permita la participación de diversos proveedores. 

Algunas de estas propuestas coinciden con las recomendaciones que da la Contraloría luego de sus análisis. Desde 2019 el organismo ha emitido 678, entre ellas contar con estudios que justifiquen la compra, definir el consumo real, verificar la capacidad de almacenamiento para evitar la caducidad y una planificación oportuna para mantener un ‘stock’ mínimo que evite el desabastecimiento.

El abuso de los convenios de pago es una irregularidad frecuente. Este mecanismo de compra directa, sin un proceso de contratación, es de aplicación excepcional. Sin embargo, algunas unidades lo emplean de manera continua.

Los pagos sin documentación de sustento son otro mal recurrente. En algunos casos tampoco se aplican medios de verificación para la contratación y la recepción de los medicamentos e insumos.

Otra falla aparece en los estudios de mercado, que definen el presupuesto referencial. En estos no se toma en cuenta los precios individuales de procesos anteriores para generar mejores condiciones económicas. Tampoco se realizan bajo información del consumo real.

Como parte de las auditorías, la Contraloría ha emitido glosas y órdenes de reintegro por USD 139 millones y sanciones administrativas por más de USD 8 millones.

La ANS  también reclama la aplicación de sanciones de tipo penal para los funcionarios que incumplen las acciones de protección a favor de pacientes para la compra de medicinas.

Esta organización suma siete demandas favorables que no se han ejecutado hasta el momento.

Para evitar que se evadan las sugerencias, la Contraloría ha diseñado un aplicativo que monitoreará la ejecución de las recomendaciones. Esa herramienta funcionará desde el próximo 21 de julio. El organismo además ha enviado 120 informes a la Fiscalía.

Fuente: El Comercio.

Tras la finalización del periodo escolar en Cotopaxi, el GAD Parroquial Antonio José Holguín de Salcedo aperturó actividades para niños y adolescentes, previstas desarrollarse durante el ciclo vacacional en la provincia.

Link: https://youtu.be/7F5JYHpecrs

Ante una denuncia presentada por Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación previa en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, y los ministros del Interior, Patricio Carrillo, y de Defensa, Luis Lara, por el presunto delito de privación ilegal de la libertad.

La investigación previa arrancó el 12 de julio y está a cargo del fiscal general subrogante Wilson Toainga.

El caso tiene que ver con la detención de Leonidas Iza, ocurrida a las 00:30 del 14 de junio, en el sector San Juan de Pastocalle, en Cotopaxi, al día siguiente de que inició el paro nacional. El dirigente indígena fue interceptado por agentes de la Fuerza Pública mientras se movilizaba junto a otras personas en un vehículo por la vía Panamericana Sur E35.

El líder de la Conaie sostiene que su captura estuvo plagada de irregularidades y violaciones a sus derechos.

Según la denuncia, “los policías mediante golpes y agresiones verbales procedieron a desalojar a la víctima (Iza), así como a las personas mencionadas en el vehículo”.

Leonidas Iza fue detenido por el presunto delito de paralización de un servicio público.

El delito de privación ilegal de libertad está tipificado en el artículo 160 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual señala que “la o el servidor público que prive ilegalmente de libertad a una persona, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años. La o el servidor público que disponga la privación de libertad a una persona en lugares diferentes a los destinados para el efecto por la normativa vigente, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años”.

El Gobierno no se ha pronunciado hasta el momento por la denuncia e inicio de la investigación previa.

Fuente: Latacunga AlDía Informativa.