A través del proyecto "Latacunga Siembra Vida", el Municipio de Latacunga reforestará más de 500 hectáreas en la ciudad. Jóvenes de diferentes unidades educativas serán partícipes de la iniciativa.
El primer lote de camionetas para reforzar la seguridad policial en la zona 8 -integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón- fue entregado por el Ministerio del Interior en las instalaciones del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) en Guayaquil.
El acto, al que asistió el ministro Patricio Carrillo, se realizó la mañana de este 5 de agosto de 2022. Se trata de 35 camionetas que se destinarán al subsistema policial investigativo y ocho para la Policía de Inteligencia Antidelincuencial.
El Gobierno había ofrecido entregar 100 camionetas, 180 motocicletas y dos vehículos blindados.
La compra se realizó con parte de los USD 9 millones que el régimen ofreció para fortalecer la seguridad en la zona en enero de 2022.
El ministro Carrillo dijo que “hoy estamos dando un giro para que la Policía haga su trabajo. Ustedes han recibido el permiso para hacer el uso progresivo de la fuerza apegados a la ley”.
Agregó que “ninguna democracia se sostiene sin la contención del delito. El crimen organizado tiene su génesis en democracias débiles con limitaciones en respetar las normas y llegar a consensos mínimos”.
Fuente: Primicias.
La jornada de manifestaciones y enfrentamientos de junio de 2022 duró 18 días en total. Y aunque la tensión bajó durante los últimos días, la escalada de la violencia dejó seis muertos en el contexto del paro nacional.
Sin embargo, una muerte más se confirmó más de un mes después de terminadas las jornadas de protestas. Se trata Juan Manuel Sisalema Minta, de 36 años, cuyo fallecimiento se confirmó el 5 de agosto de 2022.
Alrededor de todos estos fallecimientos hay dudas. Las organizaciones de derechos humanos hablan de un supuesto abuso de la fuerza de parte de policías y militares que participan en los enfrentamientos, mientras que el Gobierno se defiende y busca deslindarse de estas muertes
En todos los casos hay dos versiones: una desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y de las organizaciones de derechos humanos, y otra desde los ministerios y vocerías del Ejecutivo.
Ambos lados piden investigaciones para aclarar las circunstancias de las muertes.
La cuenta va en siete
Johnny Félix Muenala: La primera muerte confirmada en el contexto del paro nacional se dio a conocer la mañana del 20 de junio de 2022, en el octavo día de la jornada. La Policía informó en su cuenta de Twitter que, esa madrugada, tres manifestantes habrían caído dentro una quebrada en horas de la noche. Uno de ellos falleció: Jhonny Félix Muenala.
El incidente ocurrió en el sector del redondel de Collas, en Guayllabamba, al norte de Quito.
Según el ministro del Interior, Patricio Carrillo, la muerte es producto de una precipitación a una quebrada de 200 metros en un espacio sin iluminación, “por sortear justamente los lugares que estaban obstaculizando los manifestantes”.
Sin embargo, según la Alianza de Derechos Humanos, la víctima cayó dentro de la quebrada en medio del operativo policial. Y según el alcalde de Cayambe, Guillermo Curichumbi, el operativo habría sido de las Fuerzas Armadas.
José Félix Muénala tenía 22 años, y era habitante de Guayllabamba. Por este caso, la Fiscalía abrió una investigación previa por el presunto delito de homicidio.
Byron Guatatoca: La confirmación de la segunda muerte en el contexto del paro nacional se dio un día después, el 21 de junio, en el noveno día de protestas. Se trataba de Byron Guatatoca, de 42 años, un comunero kichwa que falleció en medio de enfrentamientos entre manifestantes, militares y policías en Puyo, capital de la provincia de Pastaza.
Este es el caso que más polémica ha causado. La muerte de Guatatoca se habría dado después del impacto de una bomba lacrimógena en su cabeza que, según denunció la Confeniae con fotos de una tomografía, se le incrustó en la cavidad craneal. En redes sociales se difundió un video donde se puede ver a la víctima en el piso.
El Gobierno aseguró que esta muerte fue “consecuencia de la manipulación de un artefacto explosivo“. Pero luego, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, admitió que fue una muerte “accidental” y que la víctima falleció por el impacto de una bomba lacrimógena.
Amnistía Internacional analizó el caso y consideró “que la muerte fue causada por agentes de fuerzas de seguridad, muy probablemente policías, a través del uso excesivo de la fuerza”, por lo que instó a la Fiscalía a investigar el caso.
Henry Quezada Espinoza: El primer fallecido en Quito se reportó en el décimo primer día del paro nacional, el 23 de junio. Las autoridades confirmaron el fallecimiento de Henry Quezada Espinoza, de 29 años, en los alrededores del parque El Arbolito.
Fotografías del cuerpo circularon en redes sociales y fueron difundidas incluso por las cuentas de la Conaie. En ellas se puede observar a un hombre con varios impactos en el pecho. Según la Conaie, Quezada murió “debido a trauma penetrante de tórax y abdomen por perdigones”. Habría sucedido en medio de los enfrentamientos entre manifestantes, policías y militares desde horas de la tarde, en un intento de los manifestantes por ingresar a la Asamblea Nacional.
El Gobierno, sin embargo, aseguró que no usa perdigones ni ha usado, durante los días del paro nacional, ningún tipo de arma letal. Por lo que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, pidió transparencia en las investigaciones.
La Fiscalía abrió también una investigación por este caso.
Franco Íñiguez Camacho: El mismo 23 de junio, en el día 11 del paro nacional, falleció Franco Íñiguez Camacho, de 37 años. La víctima habría muerto durante un violento enfrentamiento en San Antonio de Pichincha, al noroeste de Quito.
Esa noche, un grupo de manifestantes en el sector de Calacalí emboscó a un convoy que transportaba alimentos, medicinas y combustibles a la capital. Los enfrentamientos dejaron 17 militares heridos.
En redes sociales circularon videos de los militares retirándose y abandonando sus camiones.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denunció que Iñíguez fue “asesinado por fuerzas militares” con un disparo con arma de fuego. La organización difundió el informe de la autopsia, que revela que el hombre tenía una bala de plomo en el pulmón derecho.
Al igual que en los otros casos, la Fiscalía aseguró que abrió una investigación previa por la muerte de Íñiguez.
José Villa Romero: El quinto fallecido que aparece en las cuentas de la Alianza de Derechos Humanos es José Marcelino Villa Romero, de 39 años. Su muerte se confirmó el 22 de junio.
Según El Mercurio, Villa fue hallado muerto en el piso de una caseta ubicada en el costado de la Panamericana Sur, en el sector Y de Tarqui, a pocos metros de donde estaba bloqueada la vía, con llantas quemadas, troncos y piedras.
La Misión de Solidaridad y Derechos Humanos dijo, en su informe del 26 de junio, que el cuerpo de Villa “presentaba numerosos hematomas que daban cuenta de haber sido golpeado”.
Sin embargo, la Policía dijo que la autopsia reveló que Villa murió por una insuficiencia respiratoria causada por una cirrosis hepática. El fiscal Leonardo Amoroso, en rueda de prensa, aseguró que la muerte fue natural y dijo que el cadáver presentaba un hematoma en su estómago, pero que pudo ser provocado por una caída o golpe que no fue letal.
Sargento José Chimarro: La noche del 28 de junio de 2022, en el décimo quinto día del paro nacional, se confirmó la sexta muerte y primera baja en las filas militares. El sargento primero José Chimarro falleció durante el ataque a un convoy en Shushufindi, Sucumbíos.
Según información preliminar, unos 100 comuneros con armas de fuego y lanzas atacaron el convoy, que transportaba 17 tanqueros de combustible para el bloque ITT. La causa de muerte del uniformado no ha sido confirmada.
Sin embargo, desde la Confederación de Nacionalidades de la Amazonía (Confeniae), se habla de una “brutal represión” en Shushufindi y de disparos de los uniformados hacia la población.
Juan Manuel Sisalema Minta: El 5 de agosto de 2022, la Conaie confirmó la muerte de Juan Manuel Sisalema Minta, de 36 de años, que sería la séptima muerte relacionada con el paro nacional.
Según la Conaie, Sisalema fue herido el 17 de junio de 2022 con impacto de perdigones que incluso habrían llegado a su cabeza. El hombre habría pasado 49 días en estado de coma hasta la confirmación de su fallecimiento.
La cuenta de los heridos durante los 15 días del paro nacional es algo más complicada, por la dispersión y la amplitud de las protestas. Sin embargo, la Alianza de Derechos Humanos contaba, hasta el 25 de junio, 64 incidentes de violación de derechos que habían resultado en:
Entre los heridos grandes, esa organización cuenta el caso de un joven de 21 años, de la comuna Santa Clara de Millán, en Quito, que “sufrió mutilación ocular producto de una granada de gas lacrimógeno de fragmentación”. Además del caso de un joven de 22 años, en estado grave tras una “herida craneal producto de un perdigón”.
Según las organizaciones de este colectivo, existen además casos de lo que llaman ‘detenciones exprés’, es decir, casos en los que las personas son detenidas pero no entregadas a órdenes de un juez, sino que “las mantienen dando vueltas y (son) liberadas horas después”.
Del lado de la Policía, el ministro Carrillo informó que hay 218 policías heridos, de los cuales 20 continúan hospitalizados y 33 fueron dados de alta.
Durante las manifestaciones hubo también 30 vehículos y motos destruidas, además de daños en 15 unidades de policía comunitarias.
Fuente: Primicias.
La Secretaría de Educación Superior (Senescyt) anunció sus programas de becas (estudios de tercer nivel técnico-tecnológico, grado y posgrado) y ayudas económicas 2022 para estudiantes en situación de vulnerabilidad social y económica.
Los programas buscan beneficiar a 3.339 jóvenes en situación de vulnerabilidad social, económica y personas de pueblos y nacionalidades.
Andrea Montalvo, titular de la Senescyt, dijo que el Gobierno invierte $12.7 millones para estos programas.
La Senescyt detalló que se priorizarán las becas y ayudas económicas para personas con discapacidad, deportistas de alto rendimiento, hijos de víctimas de femicidio, vulnerabilidad económica y migrantes retornados.
Los interesados pueden postularse deben ingresar a la página de Senescyt.
Fuente: La Hora.
Una mujer obligaba a menores de edad a pedir dinero y a vender dulces desde las 22:00 a las 02:30 en una zona turística del centro de Guayaquil. La Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) recuperó a ocho niños en un operativo contra la trata de personas con fines de explotación laboral.
Agentes de la Dinapen de la Zona 8 allanaron una vivienda de la cooperativa Cañaveral, de Monte Sinaí (noroeste del Puerto Principal), la mañana de este viernes 5 de agosto de 2022. Y en el operativo resultó detenida una mujer identificada como María Eugenia S. A. Ella se encuentra a la espera de audiencia judicial.
La Policía halló a los menores en un inmueble en construcción; entre ellos hay dos bebés, cuatro niños y dos adolescentes. Además, dormían en colchones sobre un piso de tierra en una habitación a la intemperie, a la que le faltaba parte del techo.
En el precario domicilio la policía incautó USD 300 en efectivo y cajas de chicles que los infantes vendían, según los informe preliminares del caso. También se informó que los menores de edad serán ingresados a diferentes casas de acogida para precautelar su integridad.
Los oficiales a cargo del operativo informaron que la operación "Candor 145" obedeció a una investigación previa. Los agentes identificaron a una mujer con varios niños que trabajaban en horas de la noche y la madrugada en los exteriores del Malecón de Puerto Santa Ana, lugar turístico de la ciudad.
Los infantes merodeaban en patios de comidas y a las afueras de hoteles y restaurantes, pidiendo dinero a transeúntes y visitantes. “Los niños se encuentran en total estado de vulnerabilidad realizando trabajo forzoso y mendicidad”, detalla el informe investigativo.
En el allanamiento participó también la Unidad Judicial Penal con competencias en delitos flagrantes. El operativo contó con la colaboración de unidades tácticas policiales. Pero también prestó apoyo en el caso la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations o HSI) de Estados Unidos.
Fuente: El Comercio.
