Mario Carrillo, experto en seguridad interna y externa, menciona que los altos niveles de inseguridad que vive el país no son culpa del Gobierno. Al contrario, lo atribuye al Estado.
La posesión de Raúl González como Superintendente de Bancos se logró con el voto de 70 asambleístas, pese a la sentencia judicial que anuló su designación y prohibió que asuma el cargo.
Para el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, esta actuación implicaría una causal para su destitución, por posesionar a una persona que no ha sido designada. Así lo dijo en una entrevista en Ecuavisa.
Pero aclaró que es una definición que todavía no se ha adoptado, ya que “hay una serie de connotaciones jurídicas institucionales y constitucionales”. Además, que insistió en que el gobierno del presidente Guillermo Lasso prefiere el diálogo.
Contó que tomarán una decisión en las próximas horas, “debidamente meditada”. Pero que será para beneficio de la ciudadanía y no de una agenda política.
Los legisladores que desacataron la sentencia pertenecían a las bancadas de UNES, el Partido Social Cristiano (PSC) y parte de Pachakutik. Esa decisión provocó que el Ejecutivo desconozca la designación y cerque los edificios de la Superintendencia para evitar el ingreso de González.
Los que votaron a favor respaldaron la teoría de que el Ejecutivo busca injerir en otras funciones, como la de Justicia y Transparencia.
Mientras que la asambleísta por Pachakutik, Jéssica Castillo, habló una negociación para conseguir ciertos votos del bloque, que había decidido abstenerse.
En tanto, en el Cpccs persiste la división. Mientras su presidente Hernán Ulloa anunció que continuará con el proceso de designación del Superintendente de Bancos, los consejeros de minoría informaron que el Pleno no ha resuelto iniciar otro proceso de designación.
Hasta que el conflicto se resuelva, Guadalupe Cabezas ejerce como Superintendenta de Bancos subrogante. La entidad permanece con resguardo policial desde la noche del 14 de agosto de 2022 y los trámites ciudadanos se realizan de manera virtual.
Fuente: Primicias.
Era sábado, 27 de enero de 2018, Ecuador amanecía con una noticia inverosímil: un artefacto explosivo había sido activado frente al Comando de Policía de San Lorenzo, en la fronteriza provincia de Esmeraldas: 14 policías resultaron heridos.
El entonces presidente, Lenín Moreno, calificó el hecho como “el primer atentado terrorista en Ecuador”.
Ese ataque marcó el inicio de una ola de violencia en la frontera norte del país, que incluyó el secuestro y asesinato de un equipo periodístico de diario El Comercio.
Como resultado de esa ola violenta también murieron otros dos civiles y hubo un atentado con explosivos que mató a tres marinos.
Cuatro años y medio después, el 14 de agosto de 2022, el terrorismo llegó a Guayaquil, con una explosión en el barrio Cristo del Consuelo, que deja cinco muertos y más de dos decenas de heridos.
Al día siguiente, en Nueva Prosperina, otro barrio popular de Guayaquil, la Policía realizó allanamientos y encontró lugares donde se preparaban explosivos. Las investigaciones buscan establecer si hay relación entre estos hallazgos y el atentado en Cristo del Consuelo.
Estos no son casos aislados. En 2022, según el ministro Patricio Carrillo, ha habido 58 eventos menores de terrorismo en Ecuador. Estos incluyen coches bomba, artefactos explosivos y ataques a civiles.
En 2021, la Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa de la ESPE, publicó el artículo El Narcotráfico y el Terrorismo en Ecuador.
En el documento, Paola Vargas señala que los primeros rastros de terrorismo en Ecuador datan de la década de 1980, cuando surgió el movimiento Alfaro Vive Carajo (AVC).
El principal método de financiamiento de AVC “pretendió ser el secuestro de personajes importantes, además, fueron autores de acciones armadas, asaltos y secuestros”, dice el estudio.
AVC fue combatido y derrotado por el gobierno socialcristiano de León Febres Cordero. Y desde esa época no hubo más registros de actos terroristas en Ecuador, hasta 2018.
Daniel Pontón, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN, aclara que una cosa es el terrorismo, que tiene motivaciones políticas o religiosas, y otra el narcoterrorismo.
Este último fenómeno consiste en actos de terror, financiados con dinero del tráfico de drogas, cuyo objetivo es amilanar a la sociedad civil y desconocer la autoridad del Estado.
El narcoterrorismo, explica Pontón, se inició en Colombia en los años 80 con el Cartel de Medellín.
Este cartel juntó a varios mafiosos y, con el nombre de ‘Los Extraditables’, declaró la guerra al Estado colombiano como retaliación por la firma del tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos.
Un fenómeno que ocurre también en México, donde los carteles de la droga protagonizan hechos violentos, como respuesta a la política antinarcóticos del Estado.
En 2011, unas 53 personas murieron en un incendio provocado en un casino de la ciudad de Monterrey.
En el caso ecuatoriano, dice Pontón, el atentado al cuartel policial de San Lorenzo en 2018 marcó el inicio del narco terrorismo.
Ese atentado fue adjudicado al Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El Frente Oliver Sinisterra, al igual que otros grupos, no entregó las armas dentro del proceso de paz colombiano y siguió operando.
Desde 2018, añade Pontón, todo cambió porque el narcoconflicto cruzó la frontera para instalarse en ciudades portuarias de Ecuador, como Guayaquil.
Inteligencia policial señala que grupos como el Oliver Sinisterra trabajan junto al Cartel de Sinaloa y a bandas locales, como Los Choneros, Los Águilas y Los Gánsters.
Hay otros peligrosos actores, como la Columna Móvil Urías Rondón, una disidencia de las FARC que es parte del bando liderado por el Cartel Jalisco Nueva Generación, y que opera en Ecuador con Los Lobos, Los Tiguerones y Los Chone Killers.
Además, dice Pontón, varios de los detenidos por la ola de violencia en Esmeraldas (2018) fueron encarcelados en Ecuador, donde pudieron ‘enseñar’ técnicas a bandas que operan desde las prisiones aquí.
El Código Orgánico Integral Penal castiga el terrorismo con penas de 10 a 13 años, que pueden llegar a 26 años si hay víctimas mortales.
Desde el atentado de 2018 en San Lorenzo, Ecuador ha sufrido decenas de ataques, estos son los cinco que marcaron al país.
Fuente: Primicias.
Colectivos feministas y familiares de Maricela López Bautista, originaria de la comunidad Florida, del sureño estado mexicano de Chiapas, pidieron este lunes la libertad para la joven, que está en prisión acusada de haber matado a su marido, quien intentó asesinarla junto a sus hijos.
“La realidad es que ese día lo que hizo Maricela fue defender su vida, la vida del hijo que llevaba en el vientre y si no se hubiera defendido, habría sido ella la muerta, dos de sus menores hijos y un nonato de 6 meses de gestación en ese entonces", dijo Marcela Fernández Camacho, abogada de la acusada.
El 22 de noviembre de 2019, López Bautista, de 28 años, fue atacada por su marido, quien la golpeó y la encerró con sus dos hijos menores con la intención de matarlos a machetazos, sin embargo, Maricela se defendió y de un golpe certero le dio muerte a Juan “N”.
El pasado 19 de abril, Dora Luz López Méndez, jueza de enjuiciamiento, condenó a Maricela a pasar 25 años de prisión.
De acuerdo con Fernández, había un historial de violencia de género en contra de Maricela, la cual había denunciado en su comunidad y no fue atendida.
“El vecino, que es el testigo principal, era testigo sistemático de esta violencia, el Estado nunca lo atendió y finalmente Maricela se defendió con un leño”, afirmó la abogada, quien acudió a la audiencia de apelación en contra de la sentencia de 25 años de cárcel contra la mujer indígena.
Mientras se desarrollaba la audiencia, a la que solo pudo ingresar Fernández Camacho, un grupo de mujeres civiles y de colectivos feministas se encontraban a las afueras del Palacio de Justicia de los Altos, todas ellas exigían libertad y Justicia.
Otras más portaban carteles con las leyendas: “Por un fallo con perspectiva de género, intercultural y con derechos humanos”; “Libertad y absolución para Maricela”; “Maricela, yo también me defendería”; "Hasta que la dignidad se haga costumbre”, entre otras.
Junto a ellas, sus familiares y el colectivo Cereza se reunieron en el exterior del Palacio de Justicia de los Altos, para reclamar la libertad de Maricela.
Las mujeres se manifestaron y colocaron las pancartas sobre el edificio como muestra de apoyo a la joven y como rechazo a una sentencia mal fundamentada, debido a que la mujer no tuvo un proceso justo, afirmaron las manifestantes.
Rosa Aguilar, indígena náhuatl del colectivo Las Chidas, dijo a Efe que el caso de Maricela es uno de los tantos que existen en México, pues hay muchas mujeres y hombres que no han tenido la oportunidad de tener un intérprete con perspectiva de género y con mirada intercultural durante los juicios.
“En este caso es una manifestación de un Estado patriarcal, de una sociedad machista que enjuicia a mujeres por defender su vida, creo que es importante dialogar por fuera y en el interior de nuestras comunidades”, indicó
México afronta una crisis de violencia machista a nivel nacional, con más de 10 mujeres asesinadas cada día, según la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ( SNSP).
Fuente: RPP Noticias.
Según el cronograma, el día de ayer, lunes 15 de agosto del 2022, el Municipio de Latacunga debió entregar los documentos pertinentes para justificar la obra que se ejecutará en el Putzalahua.
El alcalde de Latacunga, Byron Cárdenas, señaló que la administración en esta recta final intenta que cada obra “sea un clamor ciudadano” valorando los beneficios de cada una de ellas. En relación a esta obra, se ha solicitado que se entregue un nuevo proyecto que sobrepase los beneficios que pudiera tener este “gran emprendimiento”, sin embargo, no ha existido ninguna propuesta.
Añadió que si el efecto político puede ser contrario y se evidencia una masificación de mensajes y una tendencia de las personas para que no se construya la obra se suspenderá definitivamente.
En cuanto a los trabajos indicó que se ha realizado una ampliación de 8 metros como medida de seguridad en una curva que complica la seguridad de quienes se movilicen en vehículos, a esto se sumaría un lastrado para que el suelo tenga mayor firmeza y brinde seguridad a los visitantes.
Resaltó la labor del director de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Gabino Vargas, por ello las observaciones realizadas son eficientes y deberán ser cumplidas a cabalidad por la municipalidad, si ha existido alguna afectación en las esquinas que son una mina de piedra, “volveremos a poner las mismas piedras”, afirmó.
Fuente: La Gaceta.
