Están cansados de esperar y no tener respuestas. Así se identifican los familiares de los detenidos, que han sido asesinados en las cárceles del país.
Por eso, un grupo de 40 familias han tomado la decisión de conformar un organismo para que el Gobierno y las distintas funciones del Estado les presten atención. Se trata de un Comité de Víctimas de las Cárceles.
Sus integrantes son padres, esposas e hijos de personas privadas de libertad que perdieron la vida mientras estaban bajo la tutela del Estado.
Según sus informes, desde el 2019, en el país han muerto 500 personas dentro de los centros carcelarios. Además, se han registrado siete grandes masacres.
La cifra ha sido reconocida por el Sistema Penitenciario (SNAI) y la Policía. Ellos han advertido en cada masacre se han abierto procesos judiciales para investigar los hechos.
Sin embargo, las familias dicen que esas diligencias han sido olvidadas. Y como muestra de ese olvido dicen que no existen más de tres procesos por estos actos.
Pero la falta de investigación de los asesinatos no es el único factor que aquejan a las familias. El Comité de Víctimas asegura que el Estado nos les ha proporcionado ningún tipo de ayuda psicológica o económica. Ellos advierten que detrás de cada crimen hay niños huérfanos que requieren de un apoyo educativos, social y de salud.
Por eso, la creación de este Comité ayudará a visibilizar los casos y buscar soluciones a las condiciones que viven las familias.
De hecho, esta conformación del organismo es una de las acciones que han iniciado para exigir al Estado que los reconozca como víctimas y se haga responsable de las muertes que ocurren en las cárceles.
Una de estas acciones también fue la conformación del Tribunal Popular por Justicia en Cárceles. Este acto se desarrolló el viernes, 9 de septiembre. Allí se condenó al Estado de forma simbólica y ética a fin de intentar resarcir a las familias de las víctimas de las masacres.
El Tribunal Popular tuvo lugar en el auditorio Simón Bolívar de la Corte Provincial del Guayas, en presencia de las 40 familias de los internos fallecidos, no solo en las siete masacres, sino también en aquel tipo de muertes que no siempre se hacen públicas, que no se investigan y que quedan en el olvido, como los supuestos suicidios, resumió en un comunicado el Comité Permanente por los Derechos Humanos, coordinadora de la iniciativa.
Billy Navarrete, coordinador de la organización, recordó a EL COMERCIO que en los centros carcelarios no existe rehabilitación social. “Es más bien un secuestro. Por eso la responsabilidad es del Estado”, explica.
Sobre el Tribunal Popular y el Comité de Víctimas resaltó que este tipo de actos tiene lugar cuando las sociedades del mundo son bloqueadas por el sistema.
“Son hechos simbólicos, de carácter ético. Y aunque ahora mismo existen iniciativas individuales que se están judicializando el tema de la crisis en las cárceles, esta cita constituye un exhorto y una remediación general por todas las masacres, como darles a las familias la justicia que no ha llegado del Estado.
Navarrete dice que lo que corresponde en este momento es que la justicia ordinaria halle responsabilidades, el Estado pida disculpas públicas y las familias reciban reparación integral.
En el acto estuvieron presentes abogados ad honorem que se capacitaron durante cuatro meses con información del tema.
Como jueces populares actuaron: Ramiro Ávila, exjuez de la Corte Constitucional; Gina Benavides, exDefensora del Pueblo; y Evelyn Solari, Constitucionalista. El fiscal fue Juan Vizueta Ronquillo, especialista en ciencias penales y constitucionales.
Durante el Tribunal se escucharon testimonios de familiares de las personas que han sido asesinadas en las distintas cárceles del país.
Todos coincidieron en que el Estado no ha reparado psicológicamente a los familiares. Tampoco les han dado explicaciones.
Vizueta, quien fungió de fiscal en el Tribunal, esbozó el tema de forma integral en su ponencia. “Esto no es una mera simulación de una audiencia. Es un hecho que se ampara en normas constitucionales y que permite visibilizar las omisiones del Estado en este tema”, explicó, e insistió en que el Estado tiene una responsabilidad civil.
La cita, cree, es una antesala para ejercer acciones ante organismos internacionales, que ya han visitado las cárceles. “Porque no es solo actos aislados o pelea de territorios. Hay una serie de detonantes como el uso indiscriminado de la prisión preventiva, que ocupa el % de la población carcelaria y el hacinamiento. Las cárceles de Ecuador son bodegas de seres humanos”, expone.
Otros temas visibilizados en el tribunal fueron las condiciones indignas en las que viven las personas en prisión. Así, el Tribunal solicitó disculpas públicas del Estado a través de 4 medios de comunicación de difusión masiva y por medio de una rueda de prensa, difundida en Cadena Nacional, por la responsabilidad de las masacres carcelarias identificando a las familias de las personas privadas de libertad como víctimas de violaciones a Derechos Humanos.
Pidió involucrar a las familias de personas privadas de libertad en el seguimiento, ejecución y evaluación de la política pública de rehabilitación social 2022-2025, construir protocolos de acceso a información de los familiares de las personas privadas de libertad del Ecuador, y, entre otros puntos, otorgar asistencia psicológica progresiva a las familias de las víctimas de las masacres carcelarias.
Fuente: El Comercio.
