Autoridades electas de Cotopaxi y la gobernadora, Tania Vásquez, se reunieron en la Hostería Rumipamba de las Rosas para comprometerse a trabajar en seguridad y gestión de riesgos. Primera mesa de trabajo en seguridad será el 28 de febrero.
#Información | El Patronato Municipal de Latacunga y el Ministerio de Salud Pública coordinación zonal 3 firmaron un Comodato para la apertura del puesto de salud en la parroquia Juan Montalvo. El puesto de salud brindará atención médica en diferentes especialidades.
En medio de un clima político tenso dentro de la Asamblea Nacional, Izquierda Democrática ha decidido no apoyar una posible destitución del presidente Guillermo Lasso. Según el legislador Dalton Bacigalupo, la estabilidad institucional del país debe ser prioridad.
Link: https://youtu.be/tvFf5S24Y2I
Un juicio político al presidente o vicepresidente de la República requiere una calificación previa de la Corte Constitucional, según se dispone en el artículo 129 de la Carta Magna.
En esta semana, desde la Asamblea Nacional han surgido voces que apoyan un enjuiciamiento político contra el presidente Guillermo Lasso; este se sugeriría en el informe que alista la comisión ocasional de la legislatura que investiga el caso llamado Gran Padrino, sobre supuestos nexos del cuñado del mandatario, Danilo Carrera, y su amigo Rubén Cherres, en un presunto esquema de tráfico de influencias en las empresas públicas y que hasta tendría relación con mafias delictivas, según algunas publicaciones del medio digital La Posta.
El informe debe presentarse hasta el 23 de febrero, pero en la comisión se analiza pedir una prórroga.
El artículo 129 de la Constitución indica que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de un mandatario a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros, o sea 46 votos, en los siguientes casos:
1. Por delitos contra la seguridad del Estado.
2. Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.
3. Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.
Para iniciar el juicio político, añade el texto, se requerirá el dictamen de admisibilidad de la CC, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo.
En un plazo de 72 horas, concluido el procedimiento establecido en la ley, la Asamblea Nacional resolverá motivadamente con base en las pruebas de descargo presentadas por el mandatario.
Para proceder a la censura y destitución se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los legisladores, o sea 92 votos. Si de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la justicia.
Este procedimiento no existía antes de la Constitución del 2008. Se aplicó por primera vez en el 2017 con el entonces vicepresidente Jorge Glas.
Glas, quien estaba con prisión preventiva desde el 2 de octubre de ese año, fue sentenciado en primera instancia a seis años de cárcel por asociación ilícita en el caso Odebrecht el 13 de diciembre siguiente; y la Corte dio vía libre al juicio político que fue planteado por el legislador de CREO Roberto Gómez, el 21 del mismo mes.
Gómez argumentaba que, al estar encargado de los sectores estratégicos, Glas conocía todos los manejos irregulares, por lo que tenía responsabilidad política sobre ellos.
El juicio finalmente no prosperó porque, al estar detenido y con un fallo de primera instancia, se declaró la ausencia definitiva en el cargo en enero siguiente y se lo reemplazó por María Alejandra Vicuña.
Fuente: El Universo.
Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, respondió la mañana de este miércoles 15 de febrero al Ejecutivo que ha cuestionado la administración de justicia tras la liberación de Júnior Roldán, alias Júnior, uno de los cabecillas de la banda Los Choneros.
La funcionaria que está encargada del Consejo de la Judicatura mencionó que cuando el juez Jorge Aldaz concedió a Júnior el beneficio penitenciario de prelibertad, el SNAI, encargado del manejo de las cárceles, no apeló dicha resolución.
“Y tampoco presentó en forma oportuna pedido de revisión o revocatoria de este beneficio penitenciario cuando fue detenido posteriormente por el delito de tráfico ilícito de armas”, sostuvo Gallardo.
El 15 de diciembre del 2022, el juez Aldaz concedió la prelibertad a Roldán, pero ese mismo día en la noche, alias Júnior volvió a ser aprehendido en una vía a La Aurora (Daule).
Un detenido y dos policías heridos tras liberación de Júnior Roldán, uno de los cabecillas de Los Choneros
Entonces fue procesado por tráfico ilícito de armas junto a varias personas más que eran parte del grupo que los resguardaba aparentemente.
La prelibertad, explicó Gallardo, se sustentó en un informe del SNAI de 299 documentos favorables a uno de los líderes de Los Choneros. Eso, añadió, fue también sustentado oralmente.
El 3 de febrero de 2023 en el proceso por tráfico ilícito de armas, el fiscal Julio Sánchez emitió dictamen abstentivo en favor de Roldán, ante lo cual la jueza de la unidad multicompetente de La Aurora resolvió sobreseimiento.
Fabiola Gallardo sostuvo que ante la falta de acusación fiscal de acuerdo con la normativa constitucional el juez debe sobreseer.
“Sin embargo, a pesar de que se le dio la libertad, a pesar de que se le dio la boleta de excarcelación la persona privada de libertad, Júnior Roldán, aún seguía privado de libertad. Siendo así que el 14 de febrero la jueza Espléndida Navarrete concedió su libertad por considerar que se encontraba arbitrariamente detenido”, expresó la presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas
Y es que ya no pesaba ninguna orden judicial de encarcelamiento en contra de Roldán.
En síntesis, dijo ella, el juez Jorge Aldaz dio la prelibertad se basó en el informe del SNAI. Y por el delito de tráfico ilegal de armas alias Júnior fue sobreseído por falta de acusación fiscal.
Posteriormente se concede el habeas corpus porque en contra de Roldán ya no pesaba ninguna orden de encarcelación.
Fabiola Gallardo anunció que la función judicial dispondrá un control jurídico interno para revisar el expediente en que se concedió la prelibertad a Júnior Roldán.
Ella sostuvo que de existir responsabilidades se sancionará al funcionario judicial inmerso en la causa.
Fuente: El Universo.
