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Las autoridades de la Judicatura enviarán sus descargos a la Asamblea frente al pedido de juicio político que impulsa el correísmo en su contra. Así lo dijo este miércoles 27 el presidente de este organismo, Fausto Murillo, quien llamó al Parlamento a respetar la institucionalidad.

La solicitud de interpelación fue presentado en febrero pasado desde la bancada de Unes por la asambleísta Gabriela Molina y Fausto Jarrín, quien renunció como legislador y es abogado del expresidente y prófugo de la justicia, Rafael Correa.

Además de Murillo, el proceso involucra a los vocales Ruth Barreno, Juan José Morillo y la expresidenta de este organismo, María del Carmen Maldonado, por un supuesto incumplimiento de funciones.

Ellos deberán responder sobre siete causales que tienen que ver con la evaluación y destitución de jueces de la Corte Nacional de Justicia en 2019, que fue declarado inconstitucional.

 “Sobre el tema nosotros estamos preparando los descargos, la contestación al llamamiento a juicio, obviamente estableceremos nuestros medios probatorios para demostrar que lo que hicimos es lo que correspondía, así lo dijo ya la Corte Constitucional”, dijo Murillo en radio EXA.

El funcionario manifestó que basarán su defensa en los pronunciamientos de la Corte Constitucional relacionados con las dos acciones de inconstitucionalidad que en su momento se presentaron contra el proceso de evaluación a los jueces: uno contra el reglamento y otro por los resultados.

“Lo que hicimos nosotros es establecer parámetros de legitimidad, de transparencia, a más de los cuantitativos y cualitativos que siempre se hacían en las evaluaciones de orden periódico”, señaló.

Según Murillo, lo que se hizo “fue una evaluación muy diferente, atendiendo un exhorto del Consejo de Participación Ciudadana, que fue producto de una consulta popular del 4 de febrero del 2018”.

Agregó que “la administración de justicia, siempre ha estado en la mira y en la apetencia de ciertos sectores que, de alguna manera, pretenden o han pretendido controlarla”.

“Lo que hace bien al país, más allá de las personas, es cuidar la institucionalidad. No puede ser que un Consejo de la Judicatura elegido para seis años tenga que, a través de los mecanismos que prevé la Constitución y la Ley, terminar en sus funciones”, insistió.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (Ind.), mencionó que esperan que hasta este viernes la Judicatura presente sus descargos para definir un cronograma de comparecencias. Así, a mediados de agosto estará listo un informe para el Pleno.

En la víspera, la Comisión aceptó varios pedidos de asambleístas de UNES. Entre ellos, que se requiera la comparecencia de la fiscal General, Diana Salazar, “a fin de que explique por qué ha permitido que actúen fiscales temporales, que sin tener la categoría necesaria en la carrera fiscal han actuado por más de dos años”.

También serán llamados el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, el presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, y los exjueces Agustín Grijalva, Daniela Salazar y Ramiro Ávila, entre otros.

De acuerdo con la Ley Legislativa, una eventual censura y destitución de los vocales de la Judicatura dependerá de una mayoría calificada (92 votos).

Fuente: El Comercio.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Centro de Planificación de Estudios Sociales (Ceplaes) firmaron este 27 de julio un convenio que viabilizará la implementación del proyecto denominado Participación con igualdad y sin violencia política de género contra las mujeres.

El evento se dio en el marco de la promoción de la participación política de las mujeres y la erradicación de la violencia política de género que impulsa el CNE. Diana Atamaint, presidenta del organismo electoral, suscribió el convenio de cooperación interinstitucional con el Centro de Planificación de Estudios Sociales.

Con el acuerdo se busca implementar el proyecto antes mencionado, en tres cantones del Ecuador: Quito, Portoviejo y Morona.

A través del memorando de entendimiento, ambas instituciones se comprometen a realizar estudios e investigaciones sobre el acceso a la justicia electoral y la reparación de los derechos de las víctimas de violencia política de género contra las mujeres.

También se intenta prevenir las prácticas que constituyen violencia política de género en el sistema democrático del Ecuador. Según Atamaint, el convenio permitirá brindar un acompañamiento a las mujeres que participen en el ámbito jurídico - electoral, identificar los casos de violencia política de género en la realización de procesos de democracia interna, así como durante la campaña.

“La violencia política es uno de los aspectos que desmotiva a las mujeres a ser parte de la contienda electoral”, argumentó la titular del CNE. Desde la Ceplaes, su directora Sonia García señaló que la violencia política de género ahuyenta a las mujeres de la participación en este ámbito.

“En nuestro país, se han dado casos de campaña sucia de desacreditación en las que se hacen ataques en contra de las mujeres por su apariencia física, su vestido, entre otros aspectos, que no se cuestiona a los hombres”, indicó García.

La suscripción del convenio contó con una testigo de honor. Se trató de Alison Vásconez, especialista de ONU Mujeres. La suscripción también contó con la presencia del consejero del CNE, José Cabrera.

Fuente: El Comercio. 

Esta realidad no solo se vive en Quito. En Guayaquil también hay pacientes que luchan por recibir la atención que necesitan.  

En el hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo la gente habla de resistir lo más posible. Amanda es una de ellas. Su hijo no tiene fecha para recibir el alta. Las llagas sangrantes que rodean sus piernas desde hace un mes no cicatrizan.   

Hace 20 días fueron derivados desde un cantón de Guayas al área de Emergencia del Teodoro Maldonado Carbo. En ese tiempo la mujer -que prefiere no dar su nombre real por temor- se ha acoplado a las noches frías bajo un árbol, al repugnante baño de uso común, a lidiar con los roedores que merodean en las madrugadas…  

“Necesito estar junto a mi hijo”, dice, pero hay más razones. “Aquí solo dan la estadía, el resto es solo comprar y comprar, siempre”. 

La estadía a la que se refiere ha sido calamitosa. El hospital de especialidades del IESS en Guayaquil, que cubre casi toda la Costa, levantó un techado junto a la zona de jardines para acoger a los familiares de los afiliados que son trasladados de urgencia. La estructura no tiene paredes y las colchonetas colocadas no alcanzan para todos.  

Cuando Amanda llegó no había espacio, así que se conformó con un pedazo de construcción a medio terminar. Es un metro cuadrado, de paredes de bloque y varillas que sobresalen del cemento donde apenas entra una silla, las fundas con su ropa y cobijas, y un pequeño colchón que oculta de los guardias.    

Las personas esperan por noticias de sus allegados enfermos en los exteriores del Hospital del IESS Carlos Andrade Marín, en Quito. Foto: Patricio Terán / El Comercio  

Amanda tiene su oído afinado. Ha silenciado el desquiciante bullicio de los buses que pasan velozmente por la avenida posterior del hospital y las potentes sirenas de las ambulancias, para solo escuchar el nombre de su hijo.   

Al mediodía hay ansiedad y angustia; es la hora del llamado a la visita y de los pedidos de medicamentos. “Al menos debo tener USD 50 diarios para la albumina humana; eso no le puede faltar. Me piden pastillas, sondas, hasta vías centrales que cuestan USD 80”.  

Los familiares suelen tener un fondo limitado en sus bolsillos. Algunos portan USD 20, otros USD 40, otros USD 60 para cubrir en parte lo que necesitan sus familiares, internados por problemas cardiológicos, tumores cerebrales, traumatismos…

Al cruzar la avenida hay al menos 10 farmacias. La cartera de esta madre está repleta de ‘papelitos’. Los médicos no les dan recetas, solo pedazos de hojas recicladas con la lista de fármacos e insumos que faltan en el hospital.   Su hijo, de 30 años, entra casi a diario a quirófano. Es sedado para las curaciones, en las que pierde abundante sangre por un problema de plaquetas. Su familia debe buscar la forma de reponer las pintas, incluso pagando para conseguir ‘donantes’. “Todos aportamos mes a mes al Seguro y ahora no sabemos dónde está nuestra plata”.    

Las manchas rosadas en la piel -que antecedieron a las úlceras- ocultaban algo peor. Esa señal que pasaron por alto era una secuela del covid-19 que lo mantuvo en Cuidados Intensivos durante 15 días el año pasado. Las pruebas que le aplicaron en la fase de recuperación también revelaron una enfermedad congénita. 

Para confirmar el diagnóstico, el hijo de Amanda necesitaba una resonancia magnética que el hospital Teodoro Maldonado no podía cubrir. “Nos derivaron a una clínica privada y tuve que ir antes para verificar el cupo. Otros familiares van y vienen con papeles en busca de más análisis por derivación”.  

El ajetreo dura todo el día. Incluso por las noches, cuando ya han instalado los cartones y las colchas para tratar de descansar, pueden recibir pedidos repentinos. A las 23:00, Amanda despliega su colchón sobre una escalinata helada. Se rocía repelente para los mosquitos y echa un poco de veneno para ratas a su alrededor.  “He resistido todo por mi hijo -cuenta llorando-. Cuando estoy frente a él soy fuerte; cuando llego acá me derrumbo”. 

Las autoridades  actuales del IESS no niegan el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales de la entidad, pero afirman que trabajan para mejorar capacidades. El director del Seguro Médico del IESS, Daniel Rodríguez, indicó a EL COMERCIO que ejecutan procesos de compra de hasta 1 000 tipos de medicamentos que están en el cuadro básico. Para esto necesitan una inversión de más de USD 700 millones este año. Esta se dividiría de la siguiente forma: USD 500 millones para prestadores externos y USD 200 millones para las unidades internas.

Con respecto a los fallecimientos de personas por falta de medicamentos, Rodríguez dice que no tienen registros. También admite la falta de insumos médicos para cirugías, como: sueros, gasas, jeringuillas, entre otros. Pero dice que se han ido solventando. “Es imposible que un hospital funcione sin gasas. Que en algún momento se haya solicitado para las cirugías, puede ser que sí”, señala. Rodríguez, además, indica que el número de cirugías se incrementó en un 15%. Por otro lado, el funcionario dice que no hay una figura legal que les permita realizar reembolsos a los pacientes que han comprado sus medicinas o los insumos de forma particular.

Con respecto a las soluciones, para la actual gerente del HCAM, María José Flores, una de las alternativas que ayuda en los procesos de contratación y compra más rápidos es la catalogación de medicamentos en el cuadro básico. Esto hace que puedan pedir los insumos directamente a los proveedores. Fue aprobado este último mes por el Ministerio de Salud y el Sercop. Por otro lado, asegura que se hacen procesos de contratación para estar abastecidos hasta 15 meses. Esas compras se concretarán en el segundo semestre del año.  Reitera que sí se entregan medicamentos a pacientes con enfermedades graves.

"He resistido todo por amor a mi hijo. Cuando estoy frente a él soy muy fuerte; pero cuando llego acá a descansar me derrumbo. Aquí solo nos dan la estadía, porque el resto es solo comprar y comprar”, Amanda, su hijo está internado en el Hospital Teodoro Maldonado.

"He aportado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por más de 25 años, para que ahora no me quieran dar la medicación que necesito con urgencia. He gastado más de USD 70 000 en dos años”, Patricio Baca, paciente oncológico que tiene leucemia.

"No tengo trabajo. La falta de medicamentos en el Hospital Carlos Andrade Marín me ha obligado a vender cosas de mi casa para comprar los medicamentos de forma particular. Mi trasplante renal está en riesgo”, Katia Ron, paciente del Hospital del IESS HCAM en Quito.

Fuente: El Comercio.

La audiencia de apelación a la negativa del habeas corpus del exvicepresidente Jorge Glas se suspendió nuevamente.

Esa diligencia estaba convocada a las 14:00, del lunes 25 de julio del 2022,  en la Corte Provincial de Pichincha, en Quito. Sin embargo, no se instaló por una situación de “fuerza mayor o caso fortuito”. Uno de los jueces, que conforma el Tribunal del caso, se contagió de covid-19.  

En el sistema de la Función Judicial consta que el magistrado Santiago Galarza dio positivo para ese virus tras realizarse una prueba PCR. El diagnóstico es una enfermedad respiratoria aguda por covid-19.  

Además, en la notificación judicial se menciona que actualmente “el Tribunal no se encuentra debidamente integrado” y que por un “hecho de fuerza mayor o caso fortuito” el juez ponente suspendió la audiencia señalada para el 25 de julio del 2022. 

También se conoció que la licencia médica del magistrado Galarza termina el 29 de julio del 2022. En esa fecha se volverá a señalar día y hora para realizar la audiencia solicitada por Glas. 

La defensa del exvicepresidente, Arturo Escala, escribió en sus redes sociales lo siguiente: “Se ha vuelto a suspender la audiencia del habeas corpus de Jorge Glas por fuerza mayor o caso fortuito por enfermedad del juez Dr. Santiago Eduardo Galarza Rodríguez. Esperemos que mejore a la brevedad posible, y así tener nueva fecha para la audiencia”.  

No es la primera vez que esta cita judicial se difiere. Fue convocada el pasado 13 de julio del 2022, a las 16:00. Pero, en esa ocasión no se desarrolló por pedido de Glas.  

El exfuncionario del gobierno de Rafael Correa explicó al Tribunal que se sentía mal de salud, pues no habría recibido sus medicinas dentro de la Cárcel 4 de Quito, donde cumple dos sentencias ejecutoriadas por asociación ilícita y cohecho. Por eso, él pidió que la audiencia se suspenda. 

Cuando se reanude la audiencia, Glas buscará apelar la decisión de la jueza de Quito, Soledad Manosalvas. El pasado 20 de junio de 2022, ella negó le pedido de habeas corpus. Por eso la defensa de Glas quieren revertir esa decisión para que su cliente pueda cumplir sus condenas en libertad.    

El también exministro correísta ha recurrido en diferentes ocasiones al habeas corpus para salir de la cárcel, pues alega problemas de salud físicos, mentales y también amenazas contra su vida dentro de prisión.  

El habeas corpus es un recurso constitucional que ya le permitió a Glas salir de la cárcel de Cotopaxi, el 10 de abril del 2022.    

Esa acción fue planteada inicialmente por Nicole Malavé, simpatizante del movimiento correísta Revolución Ciudadana, en la Unidad Multicompetente de Manglaralto.    

De hecho, el entonces juez de esa unidad judicial, Javier Moscoso (actualmente fue destituido por el Consejo de la Judicatura), le otorgó el habeas corpus el 9 de abril del 2022 y dispuso su excarcelación. También ordenó la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante una autoridad judicial.    

Sin embargo, el pasado 20 de mayo del 2022 un Tribunal de Santa Elena declaró nulo todo lo actuado por el magistrado Moscoso y dispuso que Glas regresé a la cárcel de Latacunga a cumplir sus sentencias.    

Pero, el sábado 21 de mayo del 2022, Glas fue trasladado por “razones de seguridad” a la Cárcel 4 de Quito. Por eso, ahora esa acción constitucional se resuelve en la capital. 

Fuente: El Comercio.