Desde el 2021, el caso correspondiente a Gabriela Llanos espera justicia. Según su abogada, su desvinculación del CPL Cotopaxi va en contra de la constitución.
Para conmemorar los 172 años de provincialización de Cotopaxi, se desarrollarán múltiples actividades como el desfile cívico estudiantil y la parada militar. No obstante, la elección de reina sigue en debate.
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Familiares y amigos de Santiago Pacheco realizaron un plantón frente a la Fiscalía Provincial, donde piden que se profundicen las investigaciones del fallecimiento del joven latacungueño.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, aceptó que la Fiscalía General investigue a su cuñado, el empresario y banquero Danilo Carrera, salpicado por una trama de supuesta corrupción en empresas públicas y con implicados con nexos con una presunta red de narcotráfico.
La reacción del mandatario se dio luego de la filtración de unos audios a través del medio digital La Posta, en los que se escuchan las voces de generales de la Policía sobre el archivo de una investigación reservada denominada León de Troya, enfocada en el seguimiento a una supuesta red de tráfico de drogas, en la que aparece una persona cercana al oficialismo.
Con el título "El presidente de la República no solapa a nadie", la Secretaría General de Comunicación del Gobierno publicó un pronunciamiento de respuesta.
En ese escrito, el Gobierno aseguró que el presidente Lasso "nunca ordenó que se archive investigación alguna, y menos reveló a nadie el contenido de una investigación que le hubiese sido comunicado de forma reservada".
"Si esa investigación luego fue considerada sin méritos, en esa decisión nada tuvo que ver el presidente", agregó la Secretaría de Comunicación, tras recordar que el fiscal y juez de la causa ordenaron suspender la indagación.
Pese a ello, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia aseguró que Lasso pidió a la Fiscalía que el caso fuera abierto nuevamente.
En el escrito, el Gobierno señaló que el presidente ha "solicitado la desvinculación de dos generales de las filas de la Policía", aunque no precisó sus nombres.
"El Gobierno está enfocado en continuar atendiendo las principales preocupaciones ciudadanas y en precautelar el bienestar de los ecuatorianos", indicó la Secretaría de Comunicación al concluir su escrito.
El pronunciamiento del Gobierno se dio en un momento en que la oposición parlamentaria adelanta un trámite para activar un juicio político de censura contra Lasso.
La oposición considera que Lasso supuestamente ordenó que se archive la investigación a la presunta red de narcotráfico en la que aparecía el empresario Rubén Cherres, un hombre cercano al oficialismo y presuntamente también a Carrera, que igualmente aparece implicado en el entramado de corrupción en empresas públicas.
La Asamblea Nacional ya aprobó un informe que recomendaba realizar el juicio político a Lasso.
El Gobierno ha calificado el informe parlamentario como un "mamotreto" que carecía de "validez jurídica" y que resultaba "un verdadero atentado a la razón y al sentido común".
La oposición anunció que podría presentar la solicitud formal del juicio político contra Lasso hasta mediados de febrero, para que luego pase la revisión de la Corte Constitucional, requisito previo al inicio del proceso de censura del jefe de Estado.
Fuente: El Comercio.
El presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, a través del Decreto Ejecutivo 690 dispuso la creación de la Comisión de Coordinación con el perito Roberto Meza, en torno al caso de la muerte del general Jorge Fernando Gabela Bueno, excomandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
Esta Comisión tiene la responsabilidad de coordinar la entrega de un nuevo ejemplar del 'Tercer Producto Pericial' referente al caso Gabela. Estará conformada por Jeannine del Cisne Cruz Vaca, Arturo René Moscoso Moreno y Juan Sebastián Palacios Muñoz.
Según el mandato de la Corte Constitucional, la entrega del documento se realizará a Patricia Ochoa Santos, viuda del excomandante Gabela, y a la Defensoría del Pueblo. Será hasta el 17 de mayo de 2023 con las respectivas certificaciones que aseguren su validez.
Tras la entrega pública y oficial del informe, Patricia Ochoa y la Defensoría del Pueblo podrán formular las consideraciones u observaciones que estimen pertinentes en el término de 20 días. Estas serán absueltas en el término máximo de 30 días por el perito.
Asimismo, el Decreto Ejecutivo dispone a todas las entidades de la Función Ejecutiva a colaborar con el trabajo de la Comisión. Además, proveer todas las facilidades e información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
No obstante, la Comisión de Coordinación no formará parte de la institucionalidad de la Función Ejecutiva. Se extinguirá cuando haya cumplido el objeto para el que fue creada.
El Gobierno Nacional también presentó disculpas públicas. En un comunicado señala lo siguiente: "Por disposición de la Corte Constitucional del Ecuador, establecida en la sentencia No. 2366-18-EP/23, el Estado ecuatoriano reconoce las vulneraciones perpetradas al derecho al acceso a la información pública y a la verdad en el marco de la acción de acceso a la información pública en la que se solicitó la entrega del informe final sobre la muerte del General Jorge Gabela Bueno".
"Por lo tanto, ofrece sus disculpas públicas por las violaciones de derechos causadas a la señora Patricia Ochoa Santos, viuda del General Jorge Gabela Bueno", puntualiza el documento.
