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El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito informó este lunes, 25 de julio de 2022, sobre un siniestro de tránsito que involucra un bus de pasajeros en la vía Pifo - Papallacta, sector Paluguillo.

La alerta de este hecho se registró a las 4:43, cuando un bus de la cooperativa Putumayo perdió pista y se volcó en la orilla de la calzada.

Al lugar acudieron personal de emergencias para atender a las personas heridas y trasladar los cuerpos de 9 fallecidos, de esa cantidad, cinco son mujeres, tres hombres y un bebé.

Al momento del siniestro, el bus cubría la ruta Lago Agrio - Santo Domingo de los Tsáchilas. A las 8:30 se oficializó que fueron 14 heridos, entre ellos el conductor.

Las autoridades de tránsito recomiendan chequear los vehículos de forma periódica, mantener las distancias y respetar los límites de velocidad.

Fuente: La Gaceta.

William Naranjo, alcalde del cantón, mencionó que la construcción del centro de comercio para la venta de productos en las diferentes áreas está ubicada en la parroquia de Anchiliví, en terrenos propios del Municipio, lugar que contará con una infraestructura de primer orden dando un servicio al centro del país.

La obra tiene un costo de cuatro millones 218 mil dólares, financiados por el Banco de Desarrollo, el contratista tiene un tiempo de 9 meses para la entrega de los trabajos que hasta la fecha llevan tres meses de ejecución, obra que estaría lista en enero del 2023.

De igual forma, el Alcalde de Salcedo, señaló que están trabajando con organismos internacionales un préstamo de más de cuatro millones de dólares, para el asfaltado vías rurales del cantón para ello cuentan con las competencias entregada por el Gobierno Provincial de Cotopaxi, en el centro de la ciudad están trabajando con el adoquinado de las calles. Esperan en los próximos días, dar a conocer a la población sobre el monto exacto del préstamo alcanzado e iniciar a trabajar en el mejoramiento de la vialidad rural de Salcedo.

Respecto al Mercado Cerrado, ubicado en la parte céntrica de la ciudad, según la autoridad municipal esperan realizar la inauguración entre noviembre o diciembre del presente año y entregar a la población del cantón, el avance de la obra está  sobre  el 80 %, los trabajos lo realizan en dos jornadas de 07:00 a 17:00 y la segunda de 17:00 a 12 de la noche, la capacidad del mercado es para 390 comerciantes, en los diferentes giros con un parqueadero para 116 carros, en la primera planta eran diferentes productos y la segunda planta estará destinada a patios de comida.

Fuente: La Gaceta.

Las ocho personas detenidas la madrugada del jueves, durante el operativo Danubio que se ejecutó en Pichincha, Guayas, Cotopaxi y Azuay, son procesadas por el delito de asociación ilícita para oferta de tráfico de influencias en entidades públicas.

La audiencia de formulación de cargos se desarrolló la madrugada del viernes, en Guayaquil. En la diligencia judicial, el fiscal Bolívar Burbano, a cargo de la investigación que inició en septiembre de 2021, expuso que los sospechosos buscaban a funcionarios con poder de decisión en las unidades de talento humano de instituciones públicas, principalmente del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae).

Según las indagaciones, el grupo delincuencial pretendía ubicar a una persona en el en el cargo de jefe de Operaciones o de Distrito para manejar las exportaciones e importaciones en el Senae.

Para el efecto, se habrían ofertado alrededor de $ 3 millones a una servidora pública vinculada a la dirección de la Aduana. La intención era que la funcionaria deje su puesto para que otra persona lo asumiera. La Fiscalía sostiene que el monto comprometido iba a ser financiado por exportadores, que más adelante exigirían favores.

De la investigación se desprende que el grupo delincuencial también habría participado para entregar puestos de trabajo en otras instituciones públicas, para lo cual se valía de supuestos nexos con personajes reconocidos e influyentes en el campo político y social, apunta la Fiscalía en un comunicado.

El fiscal Burbano presentó como elementos de convicción un informe de vigilancias, seguimientos, filmaciones, grabaciones, fotografías, que cuentan con autorizaciones judiciales. Además, se entregaron informes forenses de extracción de información de cámaras de seguridad y de números telefónicos, también transcripciones de conversaciones mantenidas entre los involucrados, entre otros.

Con estos argumentos, la Fiscalía solicitó que se disponga la prisión preventiva para los ocho detenidos. Sin embargo, el Juez de Garantías Penales dictó medidas alternativas de prohibición de salida del país, así como presentaciones periódicas ente la autoridad competente, debido a que las defensas de los procesados justificaron, con documentación, arraigos laborales, familiares y sociales.

Por este caso, una de las viviendas allanadas fue la de Juan José Pons, exconsejero ‘ad honorem’ del Gobierno, de donde los agentes fiscales tomaron una computadora y un teléfono. Pons no fue parte del grupo de personas detenidas.

Fuente: El Universo.

El mensaje señala que “la Ley de la Comunicación 2022 aprobada por la Asamblea Nacional es una bofetada a la libertad de prensa”.

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) emitió un comunicado este viernes, 22 de julio de 2022, sobre la reciente aprobación de la Ley de Comunicación en la Asamblea.

El mensaje señala que “la Ley de la Comunicación 2022 aprobada por la Asamblea Nacional es una bofetada a la libertad de prensa”.

A este mensaje se adjunta un comunicado en el que se detalla que la ley evidencia en su cuerpo entero el “afán persecutorio a la opinión libre y tiene por objetivo, entre otras cosas, impedir que se informe y divulgue sobre los casos de corrupción que han afectado al país”.

El Gobierno Nacional también rechazó de forma enfática, la aprobación de una Ley de Comunicación por parte de la Asamblea Nacional. El Ejecutivo la calificó como “mordaza” y dijo que esta intenta nuevamente “restringir el derecho a la libertad de expresión y proporcionar mecanismos de persecución”.

El proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación fue aprobado en segundo debate por el Pleno de la Asamblea con 75 votos afirmativos, 21 negativos y 30 abstenciones. El Gobierno afirmó que es una mordaza.

La Asamblea, en su página web, señala que el proyecto permite que las personas cuyos derechos se vean afectados por los medios de comunicación social, “cuenten con mecanismos de defensa expeditos". Así se garantiza que "los derechos al honor y buen nombre positivados en la Constitución y en los principales instrumentos de derechos humanos, puedan ser tutelados por el Estado”.

Además, indica que el proyecto permite que las empresas de comunicación social desarrollen sus actividades económicas “cumpliendo los estándares previstos en los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos”.

Fuente: El Comercio.