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Las ciudades de Guayaquil, Esmeraldas, Durán y Manta se han convertido en los principales focos de violencia contra figuras políticas y funcionarios estatales en Ecuador, según datos de la organización internacional Acled (Armed Conflict Location & Event Data), que desde 2018 lleva un conteo de ataques, atentados con explosivos o secuestros contra estos actores. 

Entre 2022 y mayo de 2025 -cuando este tipo de violencia se disparó en Ecuador-, estos cuatro cantones lideraron el número de ataques reportados, con entre 23 y 35 eventos por ciudad, en un fenómeno ligado al avance del crimen organizado y su infiltración en las instituciones públicas.

La base de datos, sustentada en reportes de prensa y fuentes locales, identifica a Guayaquil como la ciudad con más incidentes (35 eventos) y con más fatalidades asociadas a estos hechos: 28 personas murieron en ataques dirigidos contra actores políticos o funcionarios públicos desde 2022.

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Esmeraldas y Durán le siguen de cerca, aunque el caso de Manta llama la atención. Con un número menor de incidentes (23), la ciudad manabita acumuló 25 víctimas mortales en los últimos tres años -es el segundo cantón con más fatalidades de este tipo-, lo que evidencia una letalidad más alta por evento.

“El ataque es el evento más común cuando se trata de violencia política. Normalmente nos referimos a ataques armados, aunque no necesariamente se produzcan víctimas, pues hay eventos que terminan sin fatalidades”, explicó Tiziano Breda, analista de Acled para América Latina y el Caribe.

La base de datos del organismo con sede principal en Estados Unidos registra entre los eventos explosiones, secuestros, atentados con granadas, choques armados y demostraciones de violencia.

Y se incorporan con la atribución de la fuente cuando son dirigidos a políticos, a candidatos y excandidatos (o sus familias), a funcionarios o exfuncionarios públicos, miembros del sistema judicial, personal penitenciario o de agencias de tránsito, explicó el experto.

 Zonas rojas de la violencia política

Durán, cantón de Guayas, vecino a Guayaquil, es uno de los más afectados por la violencia contra figuras políticas.

Tras el atentado contra el alcalde de Durán, Luis Chonillo, el 15 de mayo de 2023 en el que murieron tres personas, el cantón ha sido escenario de una serie de crímenes selectivos contra un director municipal, un concejal, un fiscal y el esposo de la exalcaldesa Alexandra Arce, en diciembre de 2024.

También se cuentan eventos como el secuestro de la exalcaldesa Mariana Mendieta. Y en el más reciente caso en Durán, Jessika Solís, la vicealcaldesa del cantón, renunció al cargo tras un ataque con explosivos contra una unidad educativa de propiedad de su familia. 

El alcalde de Durán cumple 10 meses despachando desde Estados Unidos en medio de señalamientos sobre presunto abandono del cargo y pedidos de destitución.

“Los ataques contra funcionarios locales a menudo forman parte de guerras territoriales (del crimen organizado) y de esfuerzos por mantener el control sobre las instituciones estatales”, reseña un informe anual global sobre la violencia contra funcionarios públicos (una subcategoría de la violencia política), publicado el pasado 30 de mayo por la Acled.

Los funcionarios pueden llegar a ser objeto de represalias por incumplir acuerdos o por favorecer los intereses de otros grupos, como ha quedado patente en casos de Ecuador, agrega el informe.

Por ejemplo, los alcaldes de Portovelo (El Oro) y Camilo Ponce Enríquez (Azuay), dos zonas importantes para la extracción de oro, fueron asesinados en abril de 2024 por “aparentemente interferir en las actividades mineras ilegales de los grupos criminales”.

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En el mismo sentido, al asesinato del alcalde de Manta (Manabí), Agustín Intriago, el 5 de julio de 2023, en un hecho luego vinculado con el crimen organizado, también detonó una serie de ataques contra funcionarios públicos.  Tanto en Manta como en Durán los agentes de tránsito se han contado entre los funcionarios públicos asesinados.

En mayo de 2024, la oficina de la agencia de tránsito de Manta resultó incendiada como parte de una disputa entre Los Choneros y Los Lobos, por ejemplo.

“La colusión con los funcionarios municipales de tránsito es clave para el crimen organizado a fin de generar ingresos y obtener información relevante para sus operaciones, como qué carreteras deben tomar para evitar los controles policiales o militares”, refiere Breda, sociólogo con estudios en resolución de conflictos.

Los datos sobre Ecuador

Entre 2018 y 2021 -cuando Acled comenzó a cubrir Ecuador- se registraron solo 30 hechos de violencia contra políticos y funcionarios, con cinco personas muertas. Mientras que en un periodo similar, desde 2022, el país suma 351 incidencias y 240 muertes.

El pico más alto se registró en 2023, año en que se registraron 147 eventos violentos. La cifra bajó ligeramente a 130 en 2024, pero sigue muy por encima de los niveles previos a la crisis de seguridad que vive el país.

Hasta mayo de 2025, ya se han documentado 40 ataques, lo que podría anticipar otro año crítico para la seguridad de políticos y funcionarios.

Este tipo de violencia se acelera durante las elecciones. Un informe de la Acled publicado el pasado 3 de junio de 2025 revela que durante los dos procesos de elecciones de 2023, murieron 99 personas en incidentes de violencia política, incluido el candidato presidencial Fernando Villavicencio, lo que “ilustra el entrelazamiento de intereses criminales y políticos en el país”.

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Fuente: Primicias