Culturales y sociales

La fundación Lucha Anticorrupción denunció públicamente que la Contraloría General del Estado se ha negado a auditar los estados financieros del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) de los años 2017 en adelante. Así afirmó el director de esa organización civil, Juan Esteban Guarderas, en una rueda realizada la mañana de hoy, en la que participó el director general del Isspol, el coronel Renato González.

Hay varias denuncias de corrupción perpretada en esos años en el Isspol. La Fiscalía ha acusado a diez personas por un posible peculado en inversiones que ascienden a $ 216,2 millones. Mientras que la Justicia estadounidense procesa a al menos dos integrantes de una red de sobornos para favorecer a Jorge Chérrez Miño. El coronel González sostiene que el perjuicio para la institución alcanza los $ 950 millones.

En la rueda de prensa, Guarderas mostró un oficio emitido por un funcionario de la Contraloría, Jorge Markley Vergara, en el que informa al Isspol sobre la cancelación de las auditorías financieras correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019. “Por cuanto las inversiones del Isspol representan el 80 % del total de los activos de la entidad; rubro que (...) le corresponde a la Superintendencia de Bancos”, señala el documento, que está fechado el 17 de diciembre de 2020.

De acuerdo con Guarderas, la obligación de auditar las finanzas del Isspol le corresponde a la Contraloría y no a la Superintendencia. “Los mayores beneficiarios de que no se audite la contabilidad del Isspol son los ladrones. (...) ¿Es que acaso ese favor que se les está haciendo es a propósito?”, cuestionó.

Este Diario consultó a la Contraloría sobre estas declaraciones, pero hasta el cierre de esta nota no hubo una respuesta oficial.

El coronel González indicó que, frente a sus insistencias para que la Contraloría realice las auditorías, esta institución le propuso que el Isspol pague por su cuenta a auditores privados externos para que hagan ese trabajo, un servicio que costaría $ 200.000.

“Yo no tengo problema en que se contrate una empresa externa, incluso por el prestigio”, aseguró González, pero observó que el Isspol paga anualmente unos $ 700.000 al Estado para financiar a los organismos de control, entre ellos la Contraloría y la Superintendencia de Bancos, y que se debería permitir al Isspol que el pago de los auditores externos se descuente de ese rubro.

Además, la fundación Lucha Anticorrupción anunció que formalmente iniciará una veeduría ciudadana a las cuentas del Isspol en las próximas dos semanas.

Fuente: El Universo.

El 9 de agosto del 2022, Andrés Yanzapanta, residente de la obra, dio a conocer que, pese a los retrasos presentados por el Paro Nacional, el proyecto avanza de acuerdo a lo planificado; por el momento en el primer tramo comprendido entre las calles Hermanas Páez y Padre Salcedo, se encuentran en la fase de colocación de adoquín decorativo en las aceras.

En el segundo tramo comprendido entre la calle Padre Salcedo y Felix Valencia, se encuentran en la fase de fundición de bordillos para posterior a ello continuar con la colocación de las aceras.

En cuanto a la colocación del asfaltado, destacó que será la última fase para evitar algún inconveniente con los trabajos ya realizados, por lo que en los últimos días previó a la entrega de la obra se ejecutarán dicho proceso.

Menciona que, de acuerdo al plazo contractual de 180 días que inició en marzo del 2022, la obra debía concluir a mediados de septiembre, no obstante, señala que, por cuestiones del paro nacional los trabajos en la en dicho proyecto se detuvieron por 18 días, los mismos que deberían ser recuperados.

Por otra parte, el presupuesto asignado inicialmente para la obra fue de aproximadamente USD 644 mil, pero recalca que, como en todo proyecto existen ajustes o aumento de volumen que se dan en el transcurso de los trabajos, como la solicitud de ciudadanos de nuevas acometidas de agua potable y alcantarillado, cifras que serían presentadas señala al concluir el proyecto.

Tema similar se presentó en el diseño del mismo, donde existieron modificaciones por la solicitud de varios ciudadanos, ya que en él infraestructura inicial se reducía el número de estacionamientos, sin embargo, manifiesta que, se trabajó con los profesionales correspondientes para habilitar todos estos espacios en favor del sector.

El residente señala que, esperan no aplazar la entrega del proyecto pese al derecho que presentan, por lo que implementaron varios frentes de trabajo con el incremento de maquinaria y personal para concluir con la obra lo antes posible.

Fuente: La Gaceta.

Javier A., de 37 años; María A., de 40 y Fernando T., de 46 años, fueron aprehendidos tras ser señalados como parte de una banda dedicada al robo de casas en Quito y Ambato.

El arresto de los ciudadanos se desarrolló este martes 9 de agosto de 2022. Los implicados fueron encontrados con varios indicios que fueron decomisados por la Policía Nacional.

Oscar Figueroa, capitán de Policía y jefe de la Policía Judicial en Quito, aseguró que fue gracias a intercambio de información entre Ambato y su jurisdicción, lo que permitió la ubicación de los sospechosos.

Es que, a decir del uniformado, en febrero de este 2022, dos robos registrados en Ambato y uno en Quito tenían las mismas características, es decir que, los propietarios de los inmuebles eran amarrados de pies y manos con cordones o cables y una vez inmovilizados, los delincuentes se llevaban todo lo que podían.

La similitud en cuanto al modus operandi, es lo que sirvió para el inicio de las indagaciones y el trabajo coordinado entre la PJ de ambas ciudades.

“Estas personas forzaban las seguridades y una vez adentro amarraban a las víctimas, luego huían a bordo de jeeps o carros grandes, por lo que mediante la aplicación de técnicas operativas y de investigación logramos identificar a los implicados y dar con sus viviendas”, aseguró Figueroa.

En las diligencias desarrolladas, los uniformados encontraron televisores, lotes de joyas, computadoras portátiles, entre otros objetos de valor.

Los artículos fueron decomisados y se encuentran bajo cadena de custodia en calidad de indicios. Mientras, los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes.

En la audiencia de formulación de cargos, los implicados fueron sentenciados y deberán pagar su condena en un centro carcelario. (MAG)

Los implicados tienen antecedentes penales desde robo hasta asesinato.

En el sistema policial se pudo constatar que todos los integrantes de esta banda poseen aprehensiones anteriores por delitos similares.

Orlando registra antecedentes por robo, asociación ilícita, porte de armas de fuego.

María ha sido anteriormente aprehendida por robo, hurto y también asociación ilícita.

Ronald, quien fue apresado en el pasado por delitos de robo, hurto, asociación ilícita y hasta asesinato.

Entre las evidencias se incautaron, un carro Nissan Xtrail de color negro con placas de Pichincha, 250 dólares en efectivo, cuatro celulares, dos televisores, dos laptops, tres juegos de video, cinco relojes de mano, un lote de joyas, dos pares de gafas, entre otros artículos de valor.

Fuente: La Hora.

Los asambleístas Jhajaira Urresta de la bancada Unión por la Esperanza (UNES) y Peter Calo del bloque Pachakutik-Rebelde, volvieron a presentar la solicitud de juicio político en contra de ministro del Interior, Patricio Carrillo Rosero, por supuesto incumplimiento de funciones durante las manifestaciones de junio pasado y el incremento de la inseguridad ciudadana.

La nueva solicitud fue presentada el 9 de agosto a las 18:42 con el apoyo de 48 firmas, y lo hicieron un día después de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), por inconvenientes técnicos, dejó sin efecto la calificación del pedido de interpelación a Carrillo, efectuada el pasado 5 de agosto.

El juicio en contra de Carrillo, según el expediente que pasará a conocimiento de la Presidencia de la Asamblea Nacional y posteriormente al CAL, busca demostrar la responsabilidad política del Ministerio del Interior  por las acciones, omisiones y por la mala aplicación de los protocolos y estándares internacionales en el uso progresivo de la fuerza durante el paro nacional de junio de 2022, lo cual a causado consecuencias y lesiones a los Derechos Humanos.

Los hechos que serán objeto de análisis dentro de este juicio político, si es calificado por el Consejo de Administración Legislativa, toman como referencia la movilización social que se registró en el país entre el 13 y 30 de junio de 2022, como un ejercicio al derecho a la resistencia y la protesta social, y también las atribuciones del Ministerio del Interior para aplicar políticas públicas para la seguridad ciudadana.

Son cuatro las acusaciones o causales planteadas en el proceso de juicio:

• Incumplimiento de las atribuciones establecidas en el artículo 3 letra b y t, del Decreto Ejecutivo No. 381 precautelar en el ámbito de su competencia, los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los instrumentos ratificados por el país, además, garantizar el respeto y la vigencia de los derechos humanos dispuestos por la Constitución y en los convenios vigentes, es decir, aseguramiento del respeto y l vigencia de los derechos humanos.
• Incumplimiento de la Función Establecida en el artículo 3 letra a del Decreto Ejecutivo No. 381, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes y reglamentos relacionados al ámbito de la seguridad ciudadana.
• Inadecuado control de la actuación de la Policía Nacional.
• Incumplimiento a la funciones atribuidas para garantizar la seguridad ciudadana y convivencia social pacífica en el marco del respeto a los derechos fundamentales, la democracia y la participación ciudadana, y expedir, dirigir, evaluar la gestión de la Policía Nacional.

El proceso de movilización liderado por las organizaciones indígenas, sociales y de la sociedad civil tuvo diez demandas, y frente a ello, el Gobierno aseguró su apertura al diálogo, pero según los acusadores, paralelamente  se llevó a cabo acciones de represión, dispersión y limitación del ejercicio de los derechos en el espacio público.

Que el Presidente de la República declaró, derogó y dispuso la terminación de los estados de excepción en varias provincias del país, pero que el ministro acusado dispuso tanto el despliegue como acciones ilegales desproporcionadas e innecesarias en contra de la población civil manifestante y otros grupos de atención prioritaria.  Todo ello en menoscabo a los estándares internacionales de protección de los derechos de las personas en el contexto de protesta social.

En el expediente de juicio se incluye el informe de Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, conformada por alrededor de 15 organizaciones sociales de derechos, donde se señala que desde el 13 al 29 de junio, se registraron 6 personas fallecidas, 77 vulneraciones a los Derechos Humanos, 155 detenciones y 335 personas heridas. En el documento se añade el listado de las víctimas.

Que las vulneraciones a los Derechos Humanos incluyeron amenazas de represión, amenazas de criminalización, represión policial y militar contra estudiantes, indígenas, comuneros, activistas, feministas, abogados y defensores de derechos, periodistas, adultos mayores, niñas y niñas; además, detenciones ilegales, asesinato resultado de disparos a órganos vitales de manifestantes.

La acusación se enfoca en que el Ministerio del Interior tiene la tarea de velar por la aplicación del Plan Nacional de Seguridad Integral, emprender y ejecutar una serie de política, estrategias y articular acciones,  pero no hay evidencia de que  existan avances en la prevención y combate a la criminalidad y la violencia, la transformación de la Policía Nacional.

Como pruebas en esta parte de juicio se agregan publicaciones realizadas en medios de comunicación donde se puede apreciar el incremento de la inseguridad ciudadana. Por lo tanto, los interpelantes concluyen que existe una falta de aplicación de políticas públicas adecuadas para la seguridad ciudadana.

Fuente: El Universo.