Culturales y sociales

La audiencia de juzgamiento de Germán Cáceres por el presunto femicidio de María Belén Bernal se declaró fallida. La diligencia se desarrollaba en el Complejo Judicial Norte de Quito, este viernes, 19 de mayo de 2023.

La Fiscalía definió que el proceso se retomará el 25 de mayo, por no estar presente la defensa de Cáceres.

Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, calificó como “abogados mañosos” a los profesionales que defienden a Cáceres. Ella anunció que pedirán al Consejo de la Judicatura que los castigue en el ámbito disciplinario.

Otavalo también manifestó que no solo piden sanciones para Cáceres y para Alfonso C., otro de los involucrados en el caso, sino para las instituciones públicas implicadas.

Jesús López, abogado de Elizabet Otavalo, indicó que el tribunal de oficio ya solicitó las penalidades: dos salarios básicos (USD 900). Además, dispuso que se oficie al Consejo de la Judicatura para que realice una investigación para la sanción administrativa.

Indicó que como profesional entiende que se pueden presentar inconvenientes para no asistir a una diligencia. Sin embargo, recordó que la defensa de Cáceres está integrada por cuatro abogados y que todos no hayan comparecido “ya es demasiada coincidencia”.

El equipo de abogados de Otavalo propone que la pena para el implicado en el presunto femicidio sea de 34 años y ocho meses de privación de la libertad y para el otro implicado de entre 22 y 26 años.

El Movimiento Feminista Ecuatoriano emitió un manifiesto para exigir justicia para María Belén Bernal y otras víctimas de la violencia machista en Ecuador.

Lorena Herrera, directora del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) Quito, compartió el documento y reiteró que no descansarán hasta que el Estado se haga responsable.

“El feminicidio de María Belén Bernal es una grave violación de derechos humanos, desnuda la tolerancia institucional a las violencias hacia niñas, adolescentes y mujeres y evidencia acciones y omisiones de agentes estatales en su deber de proteger la vida”. Esta es una de las proclamas del manifiesto.

Desde el 2014, cuando se tipificó el femicidio en Ecuador, hasta el 2022 se han contabilizado 1 378 casos.

Según el reporte de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea), solo en el 2022 se registraron 332 muertes violentas por razones de género. De ellas, 134 eran madres.