Daniel Noboa enfrenta una nueva etapa de su mandato marcada por una convocatoria a las urnas. El presidente impulsa un referendo para modificar el artículo 5 de la Constitución, con el objetivo de permitir la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador.

Aunque el oficialismo logró mayoría legislativa y un triunfo en segunda vuelta con el 55,6% de los votos válidos, el respaldo popular aún no se traduce por completo en un proyecto político consolidado. Parte de su victoria se atribuye al anticorreísmo más que a una identidad partidaria definida.

La propuesta de reforma avanza en un escenario donde la seguridad se ha posicionado como el eje central del discurso gubernamental. Noboa vincula la salida de la Base de Manta con un aumento en la criminalidad transnacional, y sostiene que recuperar cooperación internacional es parte de una respuesta estructural.

 La consulta, entonces, se presenta no solo como una obligación constitucional, sino como una herramienta para legitimar su agenda.

La reforma al artículo 5 avanza dentro del marco constitucional que prepara Daniel Noboa

La Asamblea Nacional aprobó el 3 de junio la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución. El texto elimina la prohibición de instalar bases extranjeras en Ecuador, aunque mantiene la declaración del país como territorio de paz.

El procedimiento requiere la revisión previa de la Corte Constitucional antes de que el Consejo Nacional Electoral convoque al referendo. Este paso es obligatorio para todas las reformas parciales, según lo establece el artículo 442 de la Carta Magna.

Una vez que la Corte emita su dictamen sobre el contenido, el CNE deberá llamar a elecciones en un plazo máximo de 60 días. Esta será la segunda vez que el gobierno de Noboa consulta directamente a los votantes.

 En abril, el Ejecutivo impulsó una consulta popular y referendo con 11 preguntas, de las cuales solo las relacionadas con seguridad obtuvieron apoyo mayoritario. La votación que se avecina volverá a medir el respaldo al presidente, aunque esta vez centrada en un tema con implicaciones geopolíticas.

El uso del referéndum como parte de una estrategia política

El especialista en comunicación política, Andrés Obando, afirma que el referéndum es obligatorio en este tipo de reformas, pero considera que su reiteración responde también a una estrategia plebiscitaria.

Sostiene que Daniel Noboa, con esta nueva convocatoria, adopta un estilo similar al del expresidente Rafael Correa, que apeló con frecuencia a las urnas como método de reafirmación política.

 Según Obando, esta dinámica permite al presidente sostener la legitimidad democrática y mostrar respaldo ciudadano ante sus opositores. Considera que este tipo de consultas funcionan como una herramienta para evitar desgaste político sin depender del Legislativo.

Obando señala que esta estrategia ha funcionado en el pasado, pero también tiene antecedentes de fracaso. Menciona que las derrotas de Guillermo Lasso en 2023 y de Sixto Durán-Ballén en 1995 evidencian los riesgos de usar el referendo como mecanismo de validación sin un contexto favorable.

Explica que cada consulta incluye una o más preguntas clave para el Gobierno, mientras que otras funcionan como vehículo para esas prioridades. En ese sentido, plantea que el reto para Noboa será identificar qué temas logran captar respaldo ciudadano sin generar desgaste anticipado.

Daniel Noboa envió el proyecto en su anterior periodo

Edison Guarango, abogado constitucionalista, indica que la reforma al artículo 5 fue iniciada durante el mandato anterior. Explica que Noboa no tiene margen legal para detenerla, ya que se trata de un proceso pendiente que debía continuar.

Señala que, aunque el Ejecutivo tiene mayoría legislativa, eso no lo exime de cumplir con el paso del referendo. Aclara que el trámite no depende del contexto político actual, sino del cumplimiento estricto de la Constitución.

Guarango también se refiere a la posibilidad de incorporar otras preguntas dentro del mismo referendo. Considera que esta práctica responde a un criterio de eficiencia administrativa y presupuestaria.

Detalla que el costo estimado de una consulta es de 180 millones de dólares, por lo que concentrar reformas en una sola convocatoria ayuda a reducir gastos. Sostiene que, siempre que exista compatibilidad jurídica entre las propuestas, esta estrategia puede ser válida para optimizar los recursos del Estado.

 Las tensiones entre democracia directa y representación parlamentaria

Obando plantea que el uso repetido del referendo podría enviar un mensaje sobre la inoperancia de la Asamblea Nacional. Expone que, si el presidente recurre con frecuencia a la consulta popular, puede instalar la percepción de que el Legislativo no es funcional.

Afirma que esa idea ya circuló durante la campaña electoral de 2023, cuando Noboa mencionó la posibilidad de una asamblea constituyente. Aunque esa propuesta permanece congelada, el analista considera que las condiciones para reactivarla podrían construirse si se mantiene esta narrativa.

Guarango coincide en que un uso excesivo del referendo puede debilitar la democracia representativa. Recuerda que la Constitución establece que la iniciativa legislativa corresponde a la Asamblea, que fue elegida por votación popular para ejercer ese rol.

Argumenta que las reformas que no implican cambios constitucionales pueden y deben resolverse mediante el debate legislativo ordinario. Advierte que, si el Ejecutivo no logra resolver problemas urgentes como la inseguridad o la corrupción, la ciudadanía podría responder con un voto castigo en el referendo.

El éxito dependerá de la percepción ciudadana

Carlos Erazo, abogado y analista político, señala que el impacto del referendo dependerá de cómo se perciba su finalidad. Explica que, si la ciudadanía lo interpreta como una medida concreta para enfrentar la violencia y fortalecer la seguridad, el apoyo puede mantenerse.

 Pero advierte que si se percibe como una herramienta para reforzar el liderazgo del presidente o restar funciones a la Asamblea, surgirán dudas. Según Erazo, la clave está en la narrativa pública que construya el Gobierno durante la campaña.

Fuente: El Comercio