La Fiscalía pidió vincular a Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, al caso Triple A, por supuestamente participar en una red de comercialización ilegal de combustibles subsidiados. Según el fiscal Carlos Alarcón, gasolineras asociadas a su empresa habrían desviado diésel premium entregado por Petroecuador.

Durante la audiencia del 9 de abril, se detalló que la empresa Copedesa —relacionada con Álvarez— firmó convenios con estaciones de servicio en zonas fronterizas, como Zambrano (Zamora), Espíndola (Loja) y Araújo (El Oro), donde se detectaron irregularidades en las cantidades distribuidas y en los destinos del combustible.

La Fiscalía acusa a Copedesa de permitir que el combustible subsidiado fuera desviado a empresas que no podían recibirlo legalmente, como Oro Estiva y GasoMar. También hay inconsistencias como recargas imposibles de diésel y gasolina a un mismo vehículo.

Además del alcalde, entre los nuevos implicados hay contadores y empresarios. La audiencia continúa y el juez decidirá si dicta medidas cautelares como la prisión preventiva. Álvarez se presentó sin abogado y fue asistido por la Defensoría Pública.