El Gobierno de Daniel Noboa volvió a cuestionar la sentencia de la Corte Constitucional (CC) que ordena la creación de una comisión interinstitucional de seguridad. En un escrito enviado el 1 de abril, el secretario jurídico Stalin Andino pidió que se declare la “inejecutabilidad” de la sentencia.

La Corte había aclarado el 27 de marzo que no está creando política pública, sino dando seguimiento a las medidas tomadas durante el estado de excepción de enero. Sin embargo, el Ejecutivo insiste en que la Corte no puede fiscalizar medidas posteriores al fin del decreto.

Pese a que otras instituciones como la Asamblea, la Fiscalía y la Judicatura no han rechazado el fallo, el Gobierno argumenta que la Corte no tiene atribuciones para dirigir políticas de seguridad y solicita que la sentencia sea modulada o anulada.

La Corte ya ha supervisado otros procesos similares y cuenta con respaldo legal para dar seguimiento a sus dictámenes. Aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la solicitud del Ejecutivo.