Furukawa, una empresa de capital japonés con actividad en Ecuador, ha solicitado a la Corte Constitucional del país que le permita vender hasta 17 de sus haciendas para poder hacer frente a las indemnizaciones millonarias impuestas tras ser condenada por mantener prácticas de esclavitud moderna con sus trabajadores.

Tras la sentencia que obliga a la compañía a pagar más de USD 41 millones a 342 extrabajadores, considerados víctimas de un régimen de servidumbre que se extendió por más de cinco décadas, la empresa ha buscado vías para cumplir con el fallo. Según la Corte, Furukawa aprovechó la vulnerabilidad de estos trabajadores para hacerlos vivir y trabajar en condiciones inhumanas a cambio de mínimos ingresos y sin posibilidad de mejorar su situación.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este miércoles 5 de marzo que su gobierno retirará la candidatura de su canciller, Rubén Ramírez, para la Secretaría General de la OEA. Esto abre camino al candidato apoyado por Ecuador, Brasil y Chile, Albert Ramdin.

Si bien inicialmente Furukawa rechazó las acusaciones y cuestionó la viabilidad de la sentencia, ahora afirma que podrá hacer frente a los pagos si se levanta la prohibición de enajenar bienes impuesta por las autoridades. "Sin esta medida, la empresa no estaría en capacidad de cumplir", indicó en un comunicado.

Además de la venta propuesta, Furukawa ha iniciado acciones para garantizar el cumplimiento de la resolución judicial, trabajando con la Defensoría del Pueblo para verificar las cuentas bancarias de los beneficiarios y determinar quiénes estarían dispuestos a recibir tierras como parte de la compensación.

La decisión de la Corte Constitucional sobre el levantamiento de la prohibición de enajenar bienes es crucial no solo para Furukawa sino también para cientos de familias afectadas que esperan la reparación prometida tras años de abusos. La comunidad internacional y grupos de derechos humanos siguen de cerca el caso, esperando que se haga justicia para las víctimas de uno de los casos más graves de violación de derechos humanos en el sector agrícola del país.