El 8 de diciembre, los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, junto a Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11), desaparecieron tras ser detenidos por una patrulla militar en Guayaquil. Los familiares aseguran que las autoridades no han dado respuestas claras, mientras organismos internacionales de derechos humanos han intervenido en el caso.

La tarde del 23 de diciembre, los padres de los menores se reunieron con Jan Jarab, representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, y otros organismos como UNICEF. Durante el encuentro, destacaron la necesidad de una búsqueda empática que evite la revictimización.

El Comité contra la Desaparición Forzada emitió recomendaciones al Estado ecuatoriano, exigiendo una estrategia integral para la localización inmediata de los menores, una investigación imparcial y el establecimiento de mecanismos para informar periódicamente a los familiares. También se han ordenado medidas cautelares en favor de los padres, quienes claman por la devolución de sus hijos con vida.

Según videos difundidos, los menores fueron subidos a una camioneta militar tras ser acusados de un presunto robo, una versión rechazada por sus familias. "Cualquier delito debe ser procesado bajo la ley, no puede justificar desapariciones forzadas", afirmó Fernando Bastias, abogado de CDH.

La situación ha generado indignación y plantones en Guayaquil, mientras se exige justicia y la aparición con vida de los niños.