Desde el 9 de enero, el presidente Daniel Noboa ha sostenido su lucha contra el crimen organizado bajo la bandera de un conflicto armado interno, declarando cinco estados de excepción en 320 días de gobierno. 

Aunque la medida ha sido utilizada para aumentar impuestos y proponer reformas constitucionales, la Corte Constitucional ha rechazado tres de las últimas cuatro solicitudes del Ejecutivo, aduciendo que no se presentan evidencias suficientes que justifiquen la existencia de un conflicto armado interno.

A pesar de las advertencias de la Corte, el 3 de octubre Noboa insistió nuevamente en la declaración de conflicto, argumentando que el país enfrenta una grave crisis de seguridad. Este último decreto, que aspira a durar 60 días, está en espera de ser evaluado por la Corte Constitucional.

El mandatario ha tenido dificultades para obtener el respaldo constitucional, pero sigue apoyándose en la medida para impulsar cambios legales y mantener una "mano dura" frente al crimen. La constante presencia de estados de excepción ha generado inquietud en sectores de la sociedad sobre la efectividad y la justificación de estas acciones, y la Corte continúa llamando la atención al Gobierno por no acreditar adecuadamente la gravedad de la situación.