En una decisión histórica, la Corte Suprema de Brasil despenalizó este martes, 25 de junio de 2024, el porte, cultivo y consumo de marihuana para uso personal. Esta resolución, que cuenta con el respaldo de la mayoría de los magistrados, transforma estos actos en ilícitos de naturaleza administrativa, alejándolos de la categoría de delitos criminales.

La Corte interpretó que la ley vigente desde 2006 ya había eliminado la penalización del consumo de drogas, imponiendo castigos menores como la prestación de servicios comunitarios en lugar de detenciones o reclusiones. "El consumo no está castigado ni con detención ni con reclusión, por lo tanto, no es crimen. El usuario no debe ser criminalizado, debe ser tratado con políticas de salud pública y socioeducativas", expresó el magistrado José Antonio Dias Toffoli durante el debate.

Toffoli también destacó el "estigma" asociado a la criminalización, el cual puede disuadir a los usuarios de buscar la ayuda necesaria. Sin embargo, frente a las críticas de legisladores conservadores, los magistrados insistieron en que esta medida no implica la legalización del consumo, un paso que corresponde al Poder Legislativo. "El consumo de drogas ilícitas es una cosa mala y el papel del Estado es combatir el tráfico y tratar a los dependientes", afirmó Luis Roberto Barroso, presidente del tribunal.

La Corte Suprema subrayó la necesidad de establecer una cantidad máxima de marihuana permitida para distinguir claramente entre usuarios y traficantes, quienes sí enfrentan penas de prisión. La falta de un límite definido ha llevado a comportamientos arbitrarios por parte de la policía y los jueces, resultando en discriminación, especialmente contra los jóvenes negros y pobres. Datos presentados en el debate indicaron que 20 gramos de marihuana son suficientes para considerar a un joven negro analfabeto como traficante, mientras que para un hombre blanco con estudios, la cantidad promedio es de 58 gramos.

Los magistrados han propuesto cantidades entre 10 y 60 gramos como límite permitido, aunque algunos opinan que el Congreso debería establecer estos parámetros. La decisión de la Corte Suprema busca eliminar la discriminación y garantizar una regla equitativa para todos los ciudadanos, independientemente de su origen social o racial.