La defensa legal de Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, anunció el lunes 10 de junio que recurrirá al sistema interamericano de justicia para lograr su liberación. Esto sucede después de que la Justicia ecuatoriana rechazara en dos instancias su pedido de excarcelación, tras ser detenido durante un asalto a la Embajada de México en Quito, donde había solicitado asilo el 17 de diciembre de 2023.

"Tras agotar la vía ordinaria nacional, presentaremos un pedido contencioso en el Sistema Interamericano para abordar el secuestro de Jorge Glas", afirmó el estudio de abogados belga Juscogens, coordinado por los letrados Christophe Marchand y Sonia Vera. Además de esta acción, la defensa ha solicitado medidas cautelares y provisionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El equipo legal también ha intensificado sus peticiones ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU para que se declare oficialmente arbitraria la detención de Glas. Asimismo, se ha solicitado un salvoconducto bajo la Convención de Caracas para garantizar su salida segura de Ecuador con asilo diplomático en México. Además, hay denuncias presentadas en México y Alemania por secuestro agravado y tortura, dado que Glas también posee nacionalidad alemana.

El pasado viernes 7 de junio, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador validó la permanencia en prisión de Glas y revocó la consideración de que su detención había sido ilegal y arbitraria. La defensa criticó este fallo, argumentando que se justificó erróneamente la detención bajo un estado de excepción, ignorando precedentes internacionales que protegen la soberanía de las misiones diplomáticas.

Glas, que rechaza los cargos en su contra y se declara un perseguido político, fue capturado y recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, el 6 de abril de 2024. La Fiscalía lo procesará por presunto peculado relacionado con las obras de reconstrucción tras el terremoto de 2016.

México y Ecuador han presentado contrademandas ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por los hechos del 5 de abril, acusándose mutuamente de transgredir convenios y normas internacionales.