Josafat Suárez, de 15 años, está acostado en la cama, su delgado cuerpo evidencia que su alimentación no es la de una persona que tiene un buen estado de salud. En los miembros de su familia hay mucho dolor, tristeza, angustia y hasta indignación por lo sucedido hace cuatro años.

Jacqueline Chicaiza, madre del menor, comentó que son cuatro años desde que él fue víctima de una presunta mala práctica médica en donde están implicados tres galenos y una enfermera.

Con tristeza recordó que el jueves 22 de agosto del 2019, por quemaduras de segundo grado con agua caliente sufridas en la casa, lo llevó al Hospital General Docente Ambato (HGDA), donde le realizaron una limpieza quirúrgica.

Mencionó que salió bien de ese procedimiento, pero el sábado 24 la sábana se le pegó en los glúteos, en donde eran las quemaduras. Comunicó a los médicos de la situación, le dijeron que nuevamente tenían que intervenirlo en el quirófano, con lo cual no estuvo de acuerdo porque el galeno que lo operó la primera vez le aseguró que no iba a ser necesaria otra limpieza.

Pero al no poderle hacer una limpieza manual nuevamente lo ingresaron al quirófano a las 17:00. Ahí todo cambió. “Me llamaron, pero para decirme que mi hijo sufrió un paro cardiaco”.

“Me hicieron pasar a UCI (unidad de cuidados intensivos), al ingresar al lugar, que en ese tiempo no sabía qué era, lo veo a mi hijito conectado a muchas máquinas. Eso me sorprendió, lloraba diciéndoles a los médicos qué le habían hecho cuando mi hijo solamente ingresó para que le despegaran la sábana que se le había pegado en el glúteo”, contó la mujer.

Y añadió que su indignación es porque luego de esa intervención a su hijo y a la familia les cambió la vida. “No fue algo que él entró (al quirófano) mal. No soy nadie para juzgarlos, pero sí hay un Dios que, si aquí no se pudo hacer justicia, él lo sabrá hacer”.

Aseguró que por el caso de Josafat han pasado tres fiscales, y que por esos cambios incluso algunos de sus abogados renunciaron y no continuaron representándolo. Contó que a ella también le ha sido difícil y muy duro seguir en todas las diligencias, porque aún tiene más niños pequeños a los que debe cuidar.

Jacqueline Chicaiza refirió que se sintió decepcionada por tanto trámite en busca de justicia, por eso trata de arreglar de mutuo acuerdo, dejar el caso ahí y no continuar. “La verdad, aparte de que es costoso y pasar el tiempo, es traumante para mí y para la familia. Saber que Josafat se encuentra en ese estado”, aseveró.

“Lo único que pido a las autoridades es que no dejen en la impunidad tantas desgracias que pasan, no solo es el caso de mi hijo sino que hay otros, pero lamentablemente por la situación económica de las familias de los afectados no podemos continuar con los procesos y dejamos abandonados”, expresó la madre de familia.

Con pesar aseguró que se resigna porque perdió todas las esperanzas de que se haga justicia. “Yo creo que va a quedar impune. Me di por vencida ya que se habla de un (fallo) abstentivo. Averigüé que es no culpar a los causantes de que mi hijo haya quedado postrado a una cama y no cuento con los recursos suficientes como para poder traer abogados de otro lado para que se busque justicia. Aunque en la justicia del Ecuador lamentablemente no se puede confiar. Ni en fiscales, ni en jueces, ni nada”, recalcó.

Chicaiza informó que el acuerdo aún no se firma, que la audiencia final sería en alrededor de un mes. “Ellos me hablaron de darme $ 2.000, pero he gastado alrededor de $ 38.000, porque se gastan $ 205 semanales. Aunque tengo la ayuda del MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) que me entrega un bono que me alcanza para una semana”, contó ella.

Por más dinero que me entreguen no será suficiente, porque ninguna madre va a querer verle en ese estado a su hijo, aseveró la madre de Josafat.

“Sé que mi hijo es un ángel y el día que se me vaya de aquí sé que me seguirá cuidando desde el cielo, pero no es justo para una madre que vio criar a su hijo, que ingresó por una quemadura de segundo grado, tener que seguirle teniendo en ese estado, encefalopatía hipóxico isquémica en estado vegetativo”, mencionó.

Comentó que Josafat es el tercero de cinco hermanos, que ella y sus hijos han recibido tratamiento psicológico porque les costaba aceptar el estado en que quedó, al recordar que era un niño muy juguetón.

Con relación al caso de Josafat Suárez y a otros que se han denunciado en los últimos días, el gerente del Hospital General Docente Ambato, Fabián Chango, indicó que no han tenido ninguna notificación por parte de la Fiscalía o alguna autoridad competente en la que se haya establecido algún tipo de sanción de acuerdo con lo que señala el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como mala práctica médica.

“El hospital tiene un Departamento de Calidad, que es el responsable de hacer el seguimiento de todos los procesos de atención dentro del hospital. Cuando existen ingresos de inconformidad, porque así se los llama, el Departamento de Calidad es el responsable de hacer la auditoría de la atención médica y la auditoría de la historia clínica para establecer si hubo errores, omisiones y establecer el plan de mejora que debe implementarse en cada uno de los servicios de acuerdo a los protocolos y guías de práctica clínica”, señaló.

Chango dijo que ante las denuncias en Fiscalía lo que han hecho como institución es dar todas las facilidades de acceso a la información para que sea el ente competente quien analice a través de comités de auditoría que tienen que establecerse, para ver si existió o no algún tipo de omisión. “Serán ellos los que digan si deben establecerse o no sanciones”, expuso.

El director médico del sanatorio, Jorge Lana, contó que desde hace dos meses se diseñó un protocolo con el fin de atender las inconformidades de la ciudadanía. Todos los días reciben a personas que no solo le dan a conocer las inconformidades, sino también que agradecen por la atención brindada.

Manifestó que el HGDA es de segundo nivel y funciona como una casa de salud de tercer nivel, con una cartera de servicios muy amplia con especialidades y subespecialidades, con un promedio de atención de entre 25.000 y 30.000 pacientes mensuales.

Sostuvo que de entre la cantidad de pacientes que se atiende es comprensible que siempre un porcentaje pequeño tenga cierto nivel de inconformidad en alguna situación, pero con el protocolo las respuestas son mucho más ágiles y entregadas directamente al ciudadano que puso la queja.

Lana dijo que de las quejas se establecen los procedimientos que se tengan que ejecutar, y cuando se hace la auditoría de un caso se cumplen dos tipos de rutas: la primera es la mejora continua con la identificación de fallas operativas o incidentes dentro de la atención.

“La segunda vía, si es que encontrásemos algún incumplimiento o algún acto administrativo mal llevado por un profesional, sí, en efecto, se suele pasar a régimen disciplinario para establecer los correctivos necesarios. Pero para esto siempre hay una auditoría previa que determine las responsabilidades de los casos”, aseveró Lana.