Un chaleco antibalas y resguardo policial. Esa es la condición de un médico del cantón Esmeraldas para visitar los domicilios que le delegaron en el dispensario para el que trabaja.

Usar el mandil no es suficiente. Dice que llevar el logo del Ministerio de Salud Pública (MSP) no impide ser asaltados y los pacientes ya no abren con facilidad las puertas. “Si no tengo custodia, no salgo; aquí no hay garantías”.

Por eso, este profesional pide no publicar su nombre. Trabaja en una ‘zona caliente’, donde en los últimos tres meses han asesinado a cinco personas. La provincia suma 378 homicidios en lo que va del año y 44 heridos por armas fueron atenidos en unidades del MSP.

La violencia social eleva la demanda de servicios médicos en esta zona, en un ambiente de tensión para el personal asistencial. Las víctimas no solo sufren lesiones que requieren cirugías y tratamientos según la afectación; también necesitan un acompañamiento psicológico que sea efectivo.

En el país, 98 heridos por armas de fuego fueron atendidos entre enero de 2021 y julio de 2022. La cifra aumenta al incluir las 1 950 atenciones por “heridas de región no especificada del cuerpo”, una categoría que usa el MSP para referirse a lesiones por otras armas.

El Hospital Delfina Torres de Concha, al igual que otras unidades públicas, tiene un protocolo para casos de violencia. Toda herida de bala es reportada a la Fiscalía, y desde 2020 son más cautelosos en pedir protección policial. Ese año un sicario se disfrazó de médico para matar a un internado.

El personal no está libre de ataques. En mayo, un funcionario administrativo fue asesinado por el presunto manejo de contratos del hospital. Y quienes eligen frenar la extorsión arriesgan sus vidas.

“Nos piden la vacuna”, dice el médico del dispensario. Dos médicos abandonaron la semana pasada su consultorio privado en un cantón fronterizo, dejando desatendida a la comunidad. Se negaron a dar USD 500 al mes. Luego, una bomba estalló frente al local.

Esmeraldas tiene 400 de las 600 camas hospitalarias que debería tener, según los gremios de médicos. Y apenas cuenta con cinco cardiólogos, pese a la alta prevalencia de hipertensión arterial.

Por eso el acceso a salud parece inalcanzable en las parroquias al borde de la frontera, como Mataje, donde los enfrentamientos armados por el narcotráfico y la movilidad humana son continuos.

En esta semana, el personal sanitario de la zona estuvo atento para activar su ayuda ante el posible traslado de unas 1 500 personas. Lo hacen junto a militares, que también acompañan a las brigadas de vacunación en los barrios de mayor riesgo de la capital.

En uno de esos sectores, el médico del centro de salud cuenta que ha dado atención a miembros de peligrosas bandas. “No los identifico. Cuando salen del consultorio, los compañeros me dicen: ‘Doctor, ¿cómo le fue con ese tiguerón?”.

Sus sombras se dibujan sobre la cancha de tierra marrón. Con sus pupos desgastados, corren tras un balón hasta llegar al arco, que encuadra el paisaje montañoso del noroeste de Guayaquil.

Cada tarde, 50 chicos de distintas edades se apartan por unas horas de la violencia que ronda sus casas y que motivó una intervención policial y militar. Hace un mes no jugaban libremente por temor a las bandas delictivas; ahora lo hacen junto a uniformados armados.

“Hagamos las cosas bien, sin pelear. Esto no es escuela de boxeo”, bromea su entrenador, un exjugador de Emelec. “Tienen talento, solo hay que darles la oportunidad de apartarse de malas influencias”.

Aquí hay esquinas dominadas por la prostitución y las drogas. Las calles son pistas para amenazantes acróbatas en motos y las escuelas -por ahora cerradas- son el blanco de niños que arrojan ­piedrecitas con furia.

Miedo a salir, pesadillas, paranoia, dolores de cabeza… Los servicios de salud mental del norte de Guayaquil han reportado un aumento de los signos que encajan con un diagnóstico de ansiedad.

34 especialistas dan primeros auxilios psicológicos y terapias de descarga emocional, sin ahondar en las causas. Prefieren no exponerse, aunque saben que varios pacientes han visto asesinatos, huyeron de balaceras o fueron heridos.

Una psicóloga del MSP recuerda que visitó una escuela donde ocurrió un crimen. “Creamos espacios de escucha para maestros y padres, para que expresen lo que vivieron y prevenir un trastorno”.

Otros casos necesitan más consultas. Un grito despertó a Carla (nombre protegido), la noche del 31 de agosto. Cuando encendió la luz, vio a su hermano de 10 años ensangrentado por una bala perdida, que fue removida de su pierna ocho días después.

“Corrimos a un centro de salud y después nos enviaron a un hospital donde lo operaron. Ahora va al psicólogo, para perder el miedo”.

Los especialistas se preocupan por la presión del entorno sobre los niños. Temen que naturalicen la violencia .“Pueden pensar en no trabajar y tomar la vía rápida de la delincuencia”, dice la psicóloga.

Por eso los entrenamientos gratuitos en las canchas recuperadas del noroeste dan esperanza, aunque no tienen el respaldo suficiente. Para algunos colectivos sociales, la militarización ha creado una “zona de guerra”, que viola derechos y evidencia la falta de un plan de asistencia social. Incluso para la Policía es incierto lo que pasará cuando finalice la intervención.

La frontera sur está minada por riesgos que acorralan, particularmente, a las mujeres. Los traficantes que controlan los pasos clandestinos en El Oro no se conforman con arrebatar el poco dinero de los caminantes.

“Hay violencia sexual”, cuenta una trabajadora del Teófilo Dávila. “Recuerdo que llegaron dos migrantes en busca de profilaxis preventiva porque sospechaban que su agresor era portador de VIH”.

El hospital del MSP en Machala reporta al menos ocho víctimas de violencia social cada semana. Algunos están vinculados a la minería ilegal -frecuente en esta zona-, y se niegan a revelar su identidad para eludir sanciones.

Otros son víctimas de la delincuencia. El lunes llegó a Emergencias un joven de 18 años, apuñalado por impedir que le robaran el celular. La herida le quitó la vida.

“Todos estos casos son código rojo, porque demandan una ruta rápida de acción -dice la funcionaria-. Son historias fuertes que nos hacen llorar”. Y de inmediato recuerda a una joven que fue apedreada y abandonada en Machala. Por la brutal agresión perdió un ojo y abortó a su bebé. “Fue difícil que borrara las secuelas, pero ya empieza a soñar con ser abogada”.

El MSP tiene un protocolo para la atención de casos de violencia basada en género. Especialistas sugieren que esa debe ser la base para implementar mecanismos específicos para las afectaciones.

En salud mental tampoco hay lineamientos claros. Psicólogos y psiquiatras aplican técnicas para atender cuadros de estrés postraumático, depresión, ataques de pánico y crisis de ansiedad.

La exposición a la violencia puede elevar el riesgo de fumar, consumir alcohol o usar drogas, según la OMS. También hay la posibilidad de sufrir enfermedades mentales o tendencia al suicidio, así como enfermedades crónicas y problemas sociales como el crimen o más violencia.

Una opción es crear marcos legales que protejan a las personas y a las instituciones. Así se garantizaría protección y acceso a la salud.

500 personas mueren a diario en las Américas, producto de la violencia interpersonal, según la Organización Panamericana de la Salud, OPS.

Fuente: El Comercio.