Nuevos datos se conocieron sobre el femicidio de María Belén Bernal. Este 28 de septiembre de 2022 se conoció que el principal sospechoso de la muerte de la abogada de 34 años ya no consta en el rol de pagos de la Policía. Él es teniente de la institución y era instructor de cadetes en la Escuela Superior de Policía de Quito.

Ese ente confirmó que se inició una acción administrativa, ya que no se ha presentado a trabajar, por lo que ya no recibirá su sueldo. Voceros de esa institución indicaron a este Diario que un teniente de Policía ganaba en promedio USD 1 400 al mes.

El 15 de septiembre se conoció que el esposo de Bernal no se presentó a trabajar en tres días y, por lo tanto, el comandante general de Policía, Fausto Salinas, dijo que se inició un sumario disciplinario para su destitución.

Esa decisión fue ratificada por el Ministerio del Interior, cuando se confirmó que él estaba prófugo y hallaron el cuerpo de Bernal en el cerro Casitagua, cerca del centro de formación.

La baja es el acto administrativo ordenado por autoridad competente, mediante la cual se dispone la separación de un miembro de la institución policial. Así lo establece el artículo 65 de la Ley de Personal de la Policía.

Para dar de baja o destituir a un miembro es necesario seguir un proceso administrativo que dura aproximadamente 30 días. Durante ese tiempo se analiza el caso y al final se emite la orden general de la Policía, donde se oficializa la salida del uniformado.

El artículo 53 de esa normativa también menciona que “de probarse mala conducta profesional, declarada por el Consejo respectivo, el investigado será dado de baja sin perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar”.

La Policía confirmó que actualmente está en marcha el proceso de desvinculación de la Policía del sospechoso de la muerte de Bernal. Él también está procesado como autor del presunto delito de femicidio, que tiene una pena de hasta 26 años de cárcel. El pasado 23 de septiembre, una jueza le dictó prisión preventiva.

El esposo de Bernal sigue prófugo de la justicia y la Policía armó un bloque de búsqueda para capturarlo. De hecho, su rostro encabeza la lista de los más buscados del país por cometer ­violencia de género.

La Policía y Ministerio del Interior ofrecen una recompensa de USD 20 000 a quien proporcione información sobre su paradero.

El abogado de la familia de la víctima confirmó que antes de huir, el sospechoso habría sustraído las joyas y pertenencias de valor de Bernal.

La fiscal general, Diana Salazar, compareció ante el Pleno de la Asamblea para dar a conocer los avances en la investigación de la muerte de Bernal.

La titular de esa entidad dijo que en 16 días se han ejecutado 96 diligencias investigativas para esclarecer el caso.

Una de las acciones fue solicitar a la Interpol (Policía Internacional) que emita una alerta azul y posteriormente una alerta roja contra el principal sospechoso.

Salazar también dijo a los legisladores que se solicitó una orden especial de inmovilización de un edificio de la Escuela Superior de Policía, donde se habría perpetrado el femicidio de Bernal.

La Fiscalía solicitó una audiencia para que se disponga una medida cautelar a la Comandancia General de Policía y a la Presidencia de la República. El objetivo es que ambas entidades se abstengan de realizar derrocamientos y modificaciones en el edificio denominado entre los policías como ‘Castillo de Gray­skull’, una infraestructura ubicada dentro de ese centro de formación policial, en el norte de Quito.

Ese pedido se da dos días después de que el presidente Guillermo Lasso anunciara que derrumbaría ese inmueble. En ese inmueble se ubican los dormitorios de los oficiales instructores y es el sitio donde se habría perpetrado el femicidio de Bernal.

La medida cautelar también busca que esa edificación se ponga a disposición de Fiscalía mientras dure la instrucción fiscal. Está previsto que esa fase dure 120 días. La finalidad es poder practicar diligencias investigativas y recabar evidencias

De hecho, uno de los argumentos de la entidad investigadora es que ese bien inmueble está involucrado en un delito de acción pública y, por lo tanto, “está a ­disposición de las órdenes jurisdiccionales que se emitan dentro del proceso penal”.

Según Fiscalía, no se puede disponer libremente de ese edificio, “sino hasta que se cuente con resoluciones o sentencias condenatoria ejecutoriadas, en donde resuelvan la situación jurídica” del inmueble.

Tras confirmarse el crimen en contra de María Belén Bernal, el Gobierno separó al director de la Escuela Superior de Policía y abrió sumarios administrativos en contra de 12 policías.

El Ministerio del Interior dijo que se solicitará vinculación en este proceso penal a los 12 policías.

Según la Cartera de Estado, ellos tienen un nivel de responsabilidad en lo ocurrido, pues habrían “cometido infracciones por omisión”.

Penalistas coinciden que la Fiscalía sí puede vincular a más sospechosos del hecho en los 120 días de instrucción fiscal.

El artículo 593 del Código Integral Penal establece que si antes de vencer la instrucción fiscal hay datos que hacen presumir la autoría o participación de una o varias personas, el fiscal solicitará su vinculación proceso judicial.

Fuente: El Comercio.