El nuevo ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, asumió el cargo con la promesa de ponerse al día en los pagos atrasados del Estado con sus proveedores, con los gobiernos seccionales y con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

No se trata de una cuenta menor, pues a junio de 2022 estos atrasos sumaban USD 2.767 millones o el equivalente al 2,4% del total de la economía ecuatoriana.

Más de la mitad de los pagos atrasados, unos USD 1.527 millones, corresponden a la deuda del Estado con el IESS por el aporte público de 40% para el pago de pensiones de jubilación.

Arosemena también se ha comprometido a aumentar el gasto en obra pública, para reactivar la economía, para lo que tendrá que mover la ejecución presupuestaria.

Entre enero y junio el Estado ha gastado solo el 12% del presupuesto para inversión previsto en 2022. El presupuesto de inversión es de USD 3.130 millones, de los que se han ejecutado apenas USD 368 millones en la primera mitad de 2022.

Hasta ahora el ritmo de gasto en educación y salud ha sido lento. Entre enero y junio de 2022, el Gobierno transfirió USD 3.190 millones para ambos sectores. Lo anterior significa una ejecución de 39% frente a lo previsto para todo el año, que son USD 8.248 millones.

Aumento el gasto social, pero con orden, es uno de los ejes del plan que promete implementar el Ministerio de Finanzas. Parte de esos recursos se destinarán a atender las exigencias de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que constan en los acuerdos que pusieron fin al paro nacional, que inició el 13 de junio.

Entre esos compromisos están:

·         USD 200 millones para financiar la declaratoria de emergencia en los centros de salud y hospitales públicos del país. 

·         Incrementar el presupuesto para educación intercultural bilingüe de USD 2,3 millones a USD 6,8 millones este año. En Ecuador hay 1.646 instituciones bajo ese régimen.

·         El Bono de Desarrollo Humano sube de los actuales USD 50 a USD 55 mensuales. Un incremento que costará USD 70 millones.

·         Otros USD 46 millones servirán para cubrir el aumento de subsidios, como los bonos para los agricultores.

·         Sin contar con los USD 340 millones anuales que implica la reducción de USD 0,15 por galón en el precio del diésel y de las gasolinas Extra y Ecopaís.

·         Además, el Gobierno tiene que financiar el alza de salarios para los maestros del sector público, que asciende a USD 450 millones al año.

Ese incremento debe concretarse en el segundo semestre de 2022, según la reforma a la Ley de Educación aprobada por la Asamblea, en abril de 2021.

Todas estas medidas cuestan por lo menos USD 1.112 millones anuales, sin contar los desembolsos del banco público BanEcuador, como parte de la promesa de dar USD 200 millones en créditos al 1% de interés anual a microempresas y pequeños agricultores.

Los altos precios del petróleo y el incremento de los ingresos tributarios en el primer semestre de 2022 dejan cierto espacio al Gobierno para aumentar el gasto público, dice el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz.

Entre enero y junio, el Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudó USD 8.751 millones, un aumento de 25% frente al mismo periodo de 2021, cuando recaudó USD 6.990 millones.

El buen desempeño de la recaudación tributaria, impulsada por un incremento de impuestos aprobado a finales de 2021, continuará a lo largo de 2022. Ortiz proyecta que esto, sumado a mayores ingresos petroleros, dejarán al Ministerio de Finanzas con una excedente de liquidez USD 2.200 millones sobre lo presupuestado al inicio del año.

Los ingresos extraordinarios permitirán abrir un poco la llave de la inversión y empujar la actividad económica y el empleo, dice la exministra de Economía, Magdalena Barreiro.

Pero Barreiro aclara que eso no quiere decir que el Gobierno tenga “un exceso de dinero”, como la Conaie piensa. De hecho, las cuentas fiscales son deficitarias, es decir, que el gasto público supera los ingresos del Estado.

Con todas las nuevas presiones de gasto, el déficit del Presupuesto General del Estado podría subir de USD 3.800 millones a USD 4.800 millones en 2022, de acuerdo con Barreiro.

“El Gobierno no es un pulpo con las manos llenas de dinero. El Presupuesto tiene límites, más aún luego del paro nacional, que redujo la producción petrolera”, añade.

Barreiro considera que Ecuador aún necesitará del apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2023, El actual acuerdo de crédito de USD 6.500 millones con el Fondo, firmado en 2020, termina en diciembre de 2022. Un nuevo programa de financiamiento con el FMI dejaría abiertas las puertas de otros multilaterales, que podrían ofrecer crédito a tasas promedio de 1,9%.

Si Ecuador colocara bonos de la deuda externa en el mercado, tendría que pagar una tasa de interés de más de 12% por la subida del riesgo país, que llegó a 1.352 puntos el 6 de julio.

Fuente: Primicias.