Los carros de Medicina Legal tuvieron un fuerte movimiento el fin de semana pasado en Guayaquil. Al menos 10 cadáveres ingresaron a esta dependencia. Los vehículos realizaron levantamientos de cuerpos en el norte, sur y oeste de la ciudad. 

Una de las primeras víctimas fue recogida en la Isla Trinitaria. Policías del sector reportaron el hallazgo del cadáver en la mañana y en el parte señalaron que el cuerpo tenía varios disparos en la cabeza. 

En Esmeraldas, los cuerpos de dos hombres fueron hallados con indicios de proyectiles. Uno de ellos estaba abandonado a pocas cuadras de una Unidad de Policía y de la Gobernación de la Provincia. 

La situación no fue diferente en Manabí. Sicarios a bordo de una moto arremetieron con armas de fuego a cuatro hombres en Portoviejo. La balacera atemorizó a los vecinos de esa ciudad. 

El temor también se apoderó de los moradores de Montecristi. En esa zona aparecieron cuatro hombres calcinados. Junto a los cuerpos se expusieron panfletos con mensajes de una supuesta organización criminal. 

Todos estos hechos de extrema violencia se han repetido en los últimos 11 días, pese a que en las tres provincias rige un estado de excepción ordenado por el presidente Guillermo Lasso.

La medida tenía el objetivo de frenar los crímenes, para lo cual el Gobierno dispuso el traslado de 9 000 policías y militares para custodiar las tres jurisdicciones. 

Sin embargo, nada parece funcionar. Los crímenes siguen en aumento y en Guayas ya superan los 487 en este año. En Manabí se contabilizan más de 131 muertes y en Esmeraldas hay 140.

Según expertos en Defensa y DD.HH., los estados de excepción que se han puesto en marcha en Ecuador no funcionan por cinco errores frecuentes. 

Uno de ellos tiene que ver con la estrategia.  Para el general Wagner Bravo, exjefe militar, es un error haber dispuesto el estado de excepción en las tres provincias. El problema, según él, está distribuido en todo el país.

Al presionar con fuerzas públicas en ciertos lugares, las bandas se trasladan a otros lugares para cometer ilícitos. Un ejemplo de esto es el amotinamiento de la cárcel de Santo Domingo. “Lo que hacen las mafias es generar caos en otras provincias para trasladar el contingente policial y militar a esos sitios y desviar la atención de las provincias vigiladas”.

De allí que el segundo error es la falta de control del sistema penitenciario. Según Bravo, el Estado debe reforzar los controles en las cárceles cuando hay estado de excepción porque las mafias se mueven desde estos lugares. 

Para activistas de Derechos Humanos como Billy Navarrete, las medidas del Gobierno tampoco funcionan porque son solo momentáneas y no abordan problemas de raíz como la falta de educación, salud y fuentes de trabajo en barrios conflictivos. 

En Guayaquil, por ejemplo, las zonas más riesgosas no gozan de Unidades Policiales, escuelas, centros médicos y tampoco cuentan con servicios básicos. 

Para autoridades locales como la Alcaldía de Guayaquil, otro error es la falta de equipos y logística de los cuerpos de seguridad. El traslado de los 9 000 policías a las tres ciudades significa vivienda, comida y transporte. A Guayaquil en tres ocasiones se han desplegado al menos 10 000 policías, pero se los retira al finalizar cada período de emergencia. 

Y por último, la Asociación de Barrios del Ecuador ha señalado que la falta de seguridad en los sectores ocurre por el deterioro de las Unidades de Policías Comunitarias. Cerca de 1 000 UPC están en revisión para su modernización a escala nacional. Los recursos aún no se destinan.

Fuente: El Comercio.