El momento del presidente Guillermo Lasso no es el mejor. En esta semana, cuatro ministros anunciaron su salida: Luis Hernández, de Defensa; Bernarda Ordóñez, de la Secretaría de Derechos Humanos; Juan Carlos Bermeo, del Ministerio de Energía y Minas; y Pedro Álava, de Agricultura. 

También continúan los cuestionamientos por la falta de medicinas e insumos y el recrudecimiento de la inseguridad. A esto se suman problemas en la atención de entidades como el Registro Civil y la Agencia Nacional de Tránsito.  

Por otra parte, la Unión Nacional de Educadores (UNE) cerró ayer la avenida Maldonado en el sector de Cutuglahua (sur de Quito).

Los maestros protestaron por el veto del Ejecutivo a las reformas a la Ley de Educación Intercultural, en la cual se planteó la equiparación de salarios. El tema está en la cancha de la Corte Constitucional. 

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) ratificó su convocatoria a la marcha del 1 de mayo. José Villavicencio, uno de sus dirigentes, dijo que marchará en contra de la corrupción y la impunidad. Para el consejero político del Presidente, Diego Ordóñez, la marcha del 1 de mayo tiene que ver más con un ritual. El funcionario no identifica una razón por la cual deba existir una gran marcha. 

En el tema de los derechos laborales, Ordóñez cree que las peticiones están desenfocadas. “Siempre defienden intereses políticos, partidistas o electorales. No hablan a nombre de los trabajadores; peor aún de los desempleados”. Con esta posición, el funcionario cree que la movilización no puede ser considerada un termómetro de la crisis que afronta el Régimen. 

Para la analista política Arianna Tanca, es un buen síntoma que todos los sectores puedan manifestarse. Recuerda que el Gobierno ya ha enfrentado anuncios de movilizaciones y que no han llegado al nivel de octubre del 2019. 

Sin embargo, cómo se administre las tensiones será un elemento importante. Tanca menciona que Lasso debería escuchar las peticiones y buscar acuerdos. Si bien hay posiciones muy diferentes, eso no impide encontrar puntos en común, señala. 

Para Tanca, el inicio de los diálogos era una decisión que se debía tomar tiempo atrás. Menciona que no era una política en la que estaba concentrada la exministra Alexandra Vela, quien creía en la muerte cruzada. Esto, dice, demuestra que había otras opciones. 

En las últimas dos semanas, el Ministerio de Gobierno se activó en los diálogos para buscar acuerdos. El ministro Francisco Jiménez empezó por la Asamblea, los GAD y los productores bananeros. De ahí que el Gobierno abre el diálogo.

Jiménez empezó por la Asamblea Nacional, con quien tiene su mayor conflicto. A la reunión asistieron los jefes de las bancadas de Unes (correísmo), Izquierda Democrática (ID), Partido Social Cristiano (PSC) y el oficialista Creo. Ahí se acordó trabajar en temas sobre seguridad, empleo e institucionalidad de la Asamblea. 

Ese mismo día, el 21 de abril pasado, se reunió con el Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos, con el cual se comprometió a cumplir con las asignaciones que les corresponden.  

A día seguido, se acercó a los bananeros. Entre sus acuerdos estuvieron la creación de un fidecomiso público para recaudar los valores de las sanciones del sector y trabajar en transparentar la información.  

Jiménez también se reunió con la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), para hablar de un cronograma para el pago de la devolución del IVA. Finalmente, se reunió con los gobernadores. 

En lo que respecta a los trabajadores, Ordóñez confirmó que el 5 de junio próximo se reunirá con el FUT para dialogar sobre las reformas que plantea el Gobierno, aunque ninguna de las partes cree que se llegará a un acuerdo. 

La Secretaría General de Comunicación del Gobierno se pronunció ayer, para señalar que las renuncias de los cuatro ministros es parte de la evaluación del gabinete tras un año de Lasso en el poder. Aunque Hernández y Bernarda Ordóñez hicieron públicas sus renuncias, la Secretaría dijo que el Presidente solicitó su dimisión.

Fuente: El Comercio.